sábado, 22 de julio de 2017

Concurso TDT Andalucía, la Junta propone a los candidatos a licencias TDT.


Los abogados de Díez y Romeo han analizado la ultima decisión de la Mesa de Valoración.

Tras la baremacion de ofertas han sido seleccionadas las entidades adjudicatarias si aportan la documentación definitiva. Se las denomina candidatas, pero son las mejor puntuadas de cada demarcación.  

Es uno de los últimos pasos dedos por la Junta de Andalucía para dejar el sector televisivo andaluz casi definido.

Desde Díez y Romeo se afirma que en el listado de preadjdicatarios, priman fundamentalmente operadores andaluces y locales. Todo apunta a que Andalucía ha apostado por la idiosincrasia de proximidad, algo que todavía deberá corroborarse con la adjudicación definitiva.



1.- Criterios de adjudicación de licencias.-

El viernes pasado se ha hecho público la relación de licitadores seleccionados para ser adjudicatarios de las licencias de TDTL en Andalucía.

El procedimiento de valoración de los proyectos audiovisuales se ha realizado sobre los siguientes 6 criterios de adjudicación:

Criterio 1. Estructura de la programación.
Criterio 2. Medios técnicos e inversiones asociadas.
Criterio 3. Recursos humanos.
Criterio 4. Contribución al desarrollo de la TDT en Andalucía.
Criterio 5. Experiencia en el sector audiovisual.
Criterio 6. Vinculación local y arraigo territorial.

Tras varios meses de trabajo la evaluación de las ofertas ha concluido arrojando el resultado que se relaciona al final del texto.

2.- Documentación a aportar.-

La Junta de Andalucía señala que a partir del 21 de julio (viernes) comenzaron a renviar por correo certificado las notificaciones a los candidatos propuestos.

En las notificaciones se requerirá una documentación definitiva conforme al Anexo VII del Pliego de Bases del Concurso. Los candidatos tendrán 10 días hábiles (sábados inclusive) para presentar la documentación, en caso de no hacerlo se dará paso al licitador siguiente en orden de puntuación.

La documentación habrá que presentarla en Registro General de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.

3.- Suspensión del plazo para resolver

La resolución definitiva del concurso de la TDTL en Andalucía ha quedado suspendida por el tiempo que medie el envió de las notificaciones hasta la fecha de recepción de los documentos en la Junta de Andalucía.

4.- Listado de los candidatos a licencia TDT

Provincia de Almería:

1.- ALBOX TL01AL
RADIO TELEVISIÓN INDALO, S.L.
PRODUCTORA DE TELEVISIÓN ALMERÍA, S.L.
PRODUCTORA PROSER DE RTV S.L.
2.- ALMERÍA.- TL02AL –
PUBLICACIONES DEL SUR SA
PRODUCTORA DE TELEVISIÓN ALMERÍA, S.L.
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO ADVENTISTA DE ESPAÑA

3.- EJIDO.- TL03AL
PRODUCTORA DE TELEVISIÓN ALMERÍA, S.L.
PRODUCTORA PROSER DE RTV S.L.

4.- HUÉRCAL-OVERA  TL04AL
RADIO TELEVISIÓN INDALO, S.L
HUÉRCAL OVERA TELEVISIÓN SL
KISS TV ANDALUCÍA, S.A.

5.- NÍJAR.- TL05AL
RADIO TELEVISIÓN INDALO, S.L.
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO ADVENTISTA DE ESPAÑA
PRODUCTORA DE TELEVISIÓN ALMERÍA, S.L.


Provincia de Cádiz

1.- ALGECIRAS TL01CA
PUBLICACIONES DEL SUR SA
U.T.E. AGRUPACIÓN RADIOFÓNICA, S.A. Y UNA TV PROVINCIA DE CÁDIZ, S.L. ALGECIRAS
CANAL 47 SLU

2.- CÁDIZ TL03CA  
SOGITEL BAHÍA DE CÁDIZ S.L.
U.T.E. AGRUPACIÓN RADIOFÓNICA, S.A. Y UNA TV PROVINCIA DE CÁDIZ, S.L. CÁDIZ
PUBLICACIONES DEL SUR SA

3.- CHICLANA FRONTERA TL04CA -
COMUNICACIONES CANAL 19 S.L.
U.T.E. AGRUPACIÓN RADIOFÓNICA, S.A. Y UNA TV PROVINCIA DE CÁDIZ, S.L. CHICLANA
GUILLERMO ORTIZ CHAVES

4.- JEREZ FRONTERA TL05CA -
PUBLICACIONES DEL SUR SA
ALCESTES, S.L.U.
ANTONIO A. RUIZ-BERDEJO RIBA

5.- OLVERA TL06CA -
COMUNICACIONES CANAL 19 S.L.
COMUNICACIONES Y EVENTOS SIERRA DE CÁDIZ, S.L.
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO TELEVISIÓN ADVENTISTA DE MÁLAGA

Provincia de Cordoba

1.- BAENA TL01CO.-
CANCIONERO SL
PROCONO S.A.U.
PUBLICACIONES DEL SUR SA

2.- CÓRDOBA TL02CO –
PROCONO S.A.U.
PROCONO S.A.U.
MEZQUITA COMUNICACIÓN GROUP, S.L.


3.- HINOJOSA DUQUE TL03CO -
PEDRO PÉREZ NÚÑEZ
LA INFORMACIÓN DE LOS PEDROCHES SL
PEDRO PÉREZ NÚÑEZ

4.- POZOBLANCO TL08CO –
LA INFORMACIÓN DE LOS PEDROCHES SL
PEDRO PÉREZ NÚÑEZ
PROCONO S.A.U.

5.- PRIEGO CÓRDOBA TL09CO
TELERUTE S.L.

6.- MONTORO TL09CO
PROCONO S.A.U.
ANTONIO GARCIA TORIBIO
MEZQUITA COMUNICACIÓN GROUP, S.L.


Provincia de Granada

1.- ALMUÑÉCAR TL01GR –
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO TELEVISIÓN ADVENTISTA DE MÁLAGA
KISS TV ANDALUCÍA, S.A.

2.- BAZA TL02GR -
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO TELEVISIÓN ADVENTISTA DE MÁLAGA

3.- GRANADA TL03GR -
PROCONO S.A.U.
METRO MEDIA 3.0 S.L
PUBLICACIONES DEL SUR SA

4.- HUÉSCAR TL05GR -
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO TELEVISIÓN ADVENTISTA DE MÁLAGA

5.- IZNALLOZ TL06GR -
ANTONIO GARCIA TORIBIO
PUBLICACIONES DEL SUR SA


Provincia de Huelva


1.- ARACENA TL02H –
LEPEVISIÓN S.A.U.

2.- HUELVA TL03H -
TELEVISIONES DIGITALES DE ANDALUCÍA, S.L.U.
PRECISA COMUNICACIÓN HUELVA SL
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS Y SOLIDARIDAD CLASS MANÁ

3.- LEPE TL04H -
LEPEVISIÓN S.A.U.
TELEVISIONES DIGITALES DE ANDALUCÍA, S.L.U.
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS Y SOLIDARIDAD CLASS MANÁ


Provincia de Jaén


1.- JAÉN TL04J -
PROCONO S.A.U.
PUBLICACIONES DEL SUR SA
U.T.E. CAMPIÑA DIGITAL – MULTIMEDIA JIENNENSE

2.- ÚBEDA TL06J –
GRUPO AUDIOVISUAL ANDALUZ SL
CANAL BAEZA Y LA LOMA SL
MULTIMEDIA JIENNENSE S.L.


Provincia de Málaga

1.- ESTEPONA TL03MA
MODULA EVENTOS S.L.
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO TELEVISIÓN ADVENTISTA DE MÁLAGA
KISS TV ANDALUCÍA, S.A.

2.- MALAGA TL05MA - TL10MA
MODULA EVENTOS S.L.
PROCONO S.A.U.
FMX AUDIOPRODUCCIONES S.L
PUBLICACIONES DEL SUR SA
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO ADVENTISTA DE ESPAÑA
MUNDO MANAGMENT S.A




3.- MARBELLA TL06MA
ATATON PRODUCCIONES SL
MODULA EVENTOS S.L.
M95 TELEVISIÓN S.L

4.- NERJA TL07MA –
MODULA EVENTOS S.L.

5.- RONDA TL08MA
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO TELEVISIÓN ADVENTISTA DE MÁLAGA
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO ADVENTISTA DE ESPAÑA

6.- VÉLEZ-MÁLAGA TL09MA -
MODULA EVENTOS S.L.


Provincia de Sevilla

1.- DOS HERMANAS TL01SE -
PROCONO S.A.U.
VISO VISIÓN, S.L.
TÉCNICAS AUDIOVISUALES DE CARMONA, S.L.

2.- ÉCIJA TL02SE -
OPCION RADIO, SL
G&M DIFUSION S. COOP. AND.
ASOCIACIÓN CULTURAL RADIO ADVENTISTA DE ESPAÑA

3.- ESTEPA TL03SE –
OPCION RADIO, SL
DIGITAL GARAGE SL
CANAL 47 SLU

4.- LORA RÍO TL05SE -
CARLOS GUISADO BELLOSO

5.- SEVILLA TL07SE - TL09SE -
PROCONO S.A.U.
PUBLICACIONES DEL SUR SA
FUNDACIÓN REAL BETIS BALOMPIÉ
U.T.E. AGRUPACIÓN RADIOFÓNICA SA Y TELEVISIONES DIGITALES DE ANDALUCÍA SLU. SEVILLA
VISO VISIÓN, S.L.
SEVILLA FÚTBOL CLUB S.A.D.


viernes, 14 de julio de 2017

Abogados Díez & Romeo anulan judicialmente sanción de AESA

Jaime Rodríguez Díez y Paula Romeo de Díez y Romeo han obtenido la anulación judicial de una sanción de 13.000 € impuesta a un operador de Drones. La Sentencia invalida la actuación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) numerosas irregularidades en la instrucción del expediente. Los hechos se remontan a la acusación formalizada en 2015 a un operador de Drones.


En concreto, se le acusaba de sobrevolar aglomeración de personas y vuelos nocturnos e incumplir los requisitos para realizar actividades aéreas de trabajos de filmación audiovisual.

Acto seguido, se inició el procediendo sancionador a estacionas de la AESA, que concluyó con una sanción de 13.000 €.

Tras ello, los abogados de Díez y Romeo recomendaron acudir a la vía judicial, al ver opciones y viabilidad de anular las sanciones.

Tras los trámites seguidos ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, el Juez dictó una sentencia que anula las sanciones.


El Fundamento Jurídico Tercero de la Sentencia es realmente contundente a la hora de evaluar la actuación de la AESA. En se dan las razones de la anulación:

 •Los visionados de videos y capturas de pantalla realizados por un funcionario, no son suficientes para adquirir certeza probatoria.

 •El instructor de la AESA denegó todos los medios de prueba propuestos en contra de lo dispuesto en la normativa.

 El Juzgado así enmienda la plana a una Administración que está más preocupada por sancionar que por terminar de regular las actividades de los operadores de drones.

 El letrado que dirigido la defensa del operador de Drones, Jaime Rodríguez Díez, de Díez y Romeo Abogados, declara que es la primera vez que las capturas de pantallas de vuelos de RPAs se analizan desde la perspectiva del Derecho Penal. No hay que olvidar que el derecho sancionador en el ámbito administrativo se nutre de los principios del Derecho Penal.

jueves, 13 de julio de 2017

Abogados Díez & Romeo. Herencia Digital

Fuente: Noticias Jurídicas. Carlos B. Fernández.- El DOGC del pasado 29 de junio publicó la Ley 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del Código civil de Cataluña. De esta forma se culmina el proceso legislativo iniciado el pasado 28 de febrero, cuando el Consejo de Gobierno de la Generalidad aprobó un proyecto de Ley sobre las voluntades digitales, tal como informamos en su momento. Si bien esta norma tiene carácter pionero en nuestro país, debe destacarse que el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que adaptará la legislación interna al Reglamento General de Protección de Datos, también recoge una serie de previsiones en este sentido. Objeto de la Ley Esta norma tiene dos objetivos relacionados, pero diferentes: 1. Por un lado permitir que las personas pueden manifestar sus voluntades digitales, incorporándolas a un nuevo registro creado al efecto, para que el heredero, el legatario, el albacea, el administrador, el tutor o la persona designada para su ejecución actúen ante los prestadores de servicios digitales después de su muerte o en caso de tener la capacidad judicialmente modificada. 2. Por otro, regular la actuación de los padres y tutores en defensa de los derechos de los menores en las redes sociales, facultándoles para que velen por que la presencia de dichos menores y tutelados en los entornos digitales sea adecuada así como permitiéndoles promover determinadas medidas de protección ante los prestadores de servicios digitales, con la asistencia de los poderes públicos si fuese necesario. El contexto La nueva ley realiza una interesante introducción sobre los diferentes efectos que la cada vez mayor utilización de los medios digitales (internet y redes sociales), está provocando: - Por un lado, las actividades de las personas en el entorno digital generan una diversidad de archivos que, tras su muerte, constituyen parte de su legado. - Después de la muerte de la persona pueden subsistir unos derechos y unas obligaciones de diferente naturaleza jurídica sobre los diferentes archivos que haya generado la actividad llevada a cabo por una persona a través de los prestadores de servicios, respecto a los que se debe decidir qué hay hacer. - A menudo los contratos que se suscriben con los prestadores de servicios digitales o las políticas que éstos tienen en vigor no prevén qué sucede cuando la persona muere o cuando su capacidad se modifica judicialmente y, por tanto, cuál debe ser el destino de estos archivos digitales (los más típicos, los libros, archivos audiovisuales o musicales). - Además, en el ámbito de las interacciones que se producen en la red a menudo nos encontramos ante derechos de carácter personalísimo que se extinguen con la muerte de la persona. - La legislación vigente en materia de sucesiones no da respuesta a estas cuestiones, por lo que todo hace prever que la actual inquietud de la ciudadanía sobre estos se incrementará a medida que se extienda el uso y la presencia de las personas en las redes sociales y, en general, en los entornos digitales. Contenido de la reforma 1. Voluntades digitales en caso de muerte El art. 6 de la Ley 10/2017 añade un artículo, el 411-10 (Voluntades digitales en caso de muerte), al capítulo I del título I del libro cuarto del Código civil de Cataluña, (en adelante, CCCt) relativo a las sucesiones. Concepto de voluntades digitales: Se entiende por voluntades digitales en caso de muerte las disposiciones establecidas por una persona para que, después de su muerte, el heredero o el albacea universal, en su caso, o la persona designada para ejecutarlas actúe ante los prestadores de servicios digitales con quienes el causante tenga cuentas activas. Documentación de las voluntades digitales: Las voluntades digitales se pueden ordenar por medio de los siguientes instrumentos: a) testamento, codicilo o memorias testamentarias; b) si la persona no ha otorgado disposiciones de última voluntad, mediante un documento que debe inscribirse en el Registro de voluntades digitales. A estos efectos, el artículo 7 de la Ley modifica el apartado 2 al art. 421-2 del CCCt (Contenido del testamento), para establecer que el contenido del testamento puede incluir las voluntades digitales del causante y la designación de la persona encargada de ejecutarlas. Persona designada para ejecutar las voluntades digitales del causante: El mecanismo de designación de la persona encargada de ejecutar esas voluntades aparece recogido en el art. 8 de la Ley, por el que se añade un nuevo art. 421-24 (Designación de la persona encargada de ejecutar las voluntades digitales del causante), al capítulo I del título II del libro Cuarto del CCCt, para establecer que esta designación puede hacerse por medio de testamento, codicilio o memoria testamentaria y, en defecto de estos instrumentos, en un documento de voluntades digitales que deberá inscribirse en el registro de voluntades digitales, precisando el alcance concreto de esa actuación. Conforme al número 1 del nuevo artículo 421-24, la persona encargada de ejecutar estas voluntades puede ser una persona física o jurídica. Además, conforme al número 2 del artículo 421-1, en la redacción dada por el artículo 7 de esta Ley, "en defecto de designación [de la persona encargada de la ejecución de las voluntades digitales], el heredero, el albacea o el administrador de la herencia pueden ejecutar las voluntades digitales o encargar su ejecución a otra persona". El otorgante puede disponer que se informe previamente a la persona designada de ejecutar sus voluntades de la existencia de las mismas. Contenido de las voluntades digitales: En estas voluntades digitales, el causante puede disponer del contenido y el alcance concreto del encargo que se trata de ejecutar, incluyendo: a) comunicar a los prestadores de servicios digitales su fallecimiento; b) solicitar a los prestadores de servicios digitales que se cancelen sus cuentas activas; c) solicitar a los prestadores de servicios digitales que ejecuten las cláusulas contractuales o que se activen las políticas establecidas para los casos de fallecimiento de los titulares de cuentas activas, y, en su caso, que se le entregue una copia de los archivos digitales que estén en sus servidores. Disposiciones modales: El art. 9 de la Ley introduce una modificación en el apartado 1 del art. 428-1 del CCCt para prever que el modo sucesorio (que permite al causante imponer al heredero y al legatario, o a sus sustitutos, una carga, un destino o una limitación, que, por la finalidad a que responde, no atribuye otros derechos que el de pedir su cumplimiento), también puede consistir en imponer la ejecución de las voluntades digitales del causante. Modificación y revocación: El documento de voluntades digitales se puede modificar y revocar en cualquier momento y no produce efectos si existen disposiciones de última voluntad. Efectos de la ausencia de la declaración de voluntades digitales: Si el causante no ha expresado sus voluntades digitales, el heredero, el legatario, el albacea o el administrador de la herencia pueden ejecutar las acciones previstas en las letras a), b) y c) del apartado 2 de este artículo (comunicar a los prestadores de servicios digitales su fallecimiento y solicitar que se cancelen las cuentas activas del causante, así como que se ejecuten las cláusulas contractuales o que se activen las políticas establecidas para los casos de fallecimiento de los titulares de cuentas activas), de acuerdo con los contratos que el causante haya suscrito con los prestadores de servicios digitales o con las políticas que estos prestadores tengan en vigor. 2. Registro de voluntades digitales El art. 10 de la Ley 10/2017 incorpora una nueva disposición adicional tercera (Registro electrónico de voluntades digitales) al libro Cuarto del CCCt, relativo a las sucesiones, por la que se crea el Registro de voluntades digitales. Este registro, que estará adscrito al departamento competente en materia de derecho civil de la Generalidad, permitirá la inscripción de los documentos de voluntades digitales. Acceso al Registro: el acceso a este Registro estará reservado al titular que haya otorgado estas voluntades y, una vez fallecido este, a las personas que acrediten, mediante el certificado de actos de última voluntad, que el causante no ha otorgado disposiciones de última voluntad. Una vez muerto el titular, las personas que acrediten un interés legítimo podrán solicitar del Registro una certificación relativa a la existencia o no de un documento de voluntades digitales inscrito en el mismo. A solicitud de la persona interesada, y si el causante no dispuso de otra cosa, la certificación se puede extender a la identificación de las personas designadas para la ejecución de las voluntades digitales. Sin embargo, las certificaciones relativas al contenido de las voluntades digitales inscritas en el Registro, una vez muerto el titular, únicamente pueden ser solicitadas y entregadas a las personas designadas para la ejecución de las voluntades digitales. Comunicación de oficio de la existencia de voluntades digitales: El Registro de voluntades digitales, en el supuesto de que le conste la muerte de un otorgante, puede comunicar de oficio la existencia de voluntades digitales inscritas en las personas designadas para su ejecución, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente. 3. Establecimiento de voluntades digitales para el caso de pérdida sobrevenida de capacidad de la persona La Ley 10/2017 también prevé que las personas puedan establecer sus voluntades digitales para el caso sobrevenido de pérdida de capacidad para gobernarse a sí mismas. Así, su artículo 1 modifica el art. 222-2 del CCCt (Poder en previsión de pérdida sobrevenida de capacidad, incluido en su libro segundo, relativo a la persona y a la familia), añadiéndole un nuevo número 4. Este artículo ya preveía la posibilidad y efectos de que una persona haya otorgado poder, por medio de escritura pública, para el caso de que por causa de una enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico o psíquico, no pudiese gobernarse por sí mismas Ahora se añade que en ese poder el interesado pueda establecer la gestión de sus voluntades digitales y el alcance de las mismas para que, en caso de pérdida sobrevenida de la capacidad, el apoderado actúe ante los prestadores de servicios digitales con quienes el poderdante tenga cuentas activas a fin de gestionarlas y, si procede, solicitar su cancelación. En la medida de lo posible, el poderdante también ha de poder conocer las decisiones sobre las cuentas activas que deba adoptar el apoderado y participar en ellas. En caso de que no haya una declaración de voluntades digitales, el apoderado podrá comunicar a estos prestadores de servicios la pérdida sobrevenida de capacidad de su poderdante y solicitar la cancelación de sus cuentas activas, incluidas aquellas que tengan contenido patrimonial (con la debida autorización judicial). 4. Protección de la actividad de los hijos y menores tutelados en el entorno digital. Suspensión provisional de acceso a sus cuentas activas El art. 3 de la Ley añade un nuevo apartado 5 al art. 236-17 del CCCt (Relaciones entre padres e hijos), sobre presencia de los hijos en los entornos digitales. Los progenitores han de velar por que la presencia de los hijos en el entorno digital resulta apropiada "a su edad y personalidad", a fin de protegerlos de los riesgos que les puedan afectar. A este fin, los progenitores pueden promover las medidas adecuadas y oportunas ante los prestadores de servicios digitales y, "entre otras", instarlos a suspender provisionalmente el acceso de los hijos a sus cuentas activas, siempre que exista un riesgo claro, inmediato y grave para su salud física o mental y habiéndolos escuchado previamente. A estos efectos los progenitores pueden solicitar excepcionalmente la asistencia e intervención de los poderes públicos a los efectos de lo establecido por los apartados Por su parte, el art. 2 de la Ley modifica el artículo 222-36 del CCCt (Relaciones entre tutores y tutelados) y le añade dos nuevos apartados 3 y 4, sobre presencia de los tutelados en los entornos digitales, con un contenido similar al del art. 236-17 respecto de los hijos: Se establece que el tutor ha de velar porque la presencia del menor tutelado en los entornos digitales resulte apropiada "a su edad y personalidad, a fin de protegerlo de los riesgos que se puedan derivar de su uso. Para ello, los tutores pueden promover ante los prestadores de los servicios digitales las medidas que resulten adecuadas y oportunas, "entre ellas", instarlos a suspender provisionalmente el acceso de los tutelados a sus cuentas activas, siempre y cuando exista un riesgo claro, inmediato y grave para su salud física o mental, habiéndolos escuchado previamente". El escrito dirigido a los prestadores de servicios digitales debe ir acompañado del informe del facultativo en que se constate la existencia de ese riesgo. Dicha suspensión de acceso quedará sin efectos en el plazo de tres meses a contar del momento de su adopción, salvo que sea ratificada por la autoridad judicial. 5. Protección de los hijos y menores tutelados. Cancelación de sus cuentas digitales Sin perjuicio de la facultad de instar a la suspensión provisional de acceso a las cuentas de los menores, los artículos 4 y 5 de la Ley 10/2017 modifican respectivamente los artículos 222-43 y 236-27 del CCCt para imponer al tutor (o administrador patrimonial) o los progenitores (o administrador especial, si procede), la necesidad de autorización judicial para solicitar a los prestadores de servicios digitales la cancelación de cuentas digitales de dichos menores. Los datos de las personas fallecidas en el anteproyecto de LOPD Para concluir este análisis no podemos dejar de mencionar que el anteproyecto de nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, aprobado por el consejo de ministros de pasado 24 de junio para adaptar la legislación española al nuevo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos que comenzará a ser aplicable el 25 de mayo de 2018, también establece una serie de medidas en relación con los datos de las personas fallecidas, tras la que subyace un procedimiento de declaración, registro y ejecución de las voluntades digitales por el titular de los datos. Con carácter general este anteproyecto prevé que los herederos puedan solicitar el acceso a los datos de las personas fallecidas, así como su rectificación o supresión, en su caso con sujeción a las instrucciones del fallecido, que por lo demás se podrán incorporar a un registro al efecto (figura sobre la que no se aportan más datos, por lo que habrá que esperar al desarrollo reglamentario de la nueva norma). Así, el artículo 3 del anteproyecto establece que: "1. Los herederos de una persona fallecida que acrediten debidamente tal condición podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella, y, en su caso, su rectificación o supresión. Como excepción, los herederos no podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. 2. El albacea testamentario así como aquella persona o institución a la que el fallecido hubiese conferido un mandato expreso para ello también podrá solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los datos personales de éste y, en su caso su rectificación o supresión. Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de estos mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos. 3. En caso de fallecimiento de menores o personas con discapacidad para las que se hubiesen establecido medidas de apoyo, estas facultades podrán ejercerse, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal". Y, más en concreto, en relación con los posibles contenidos de que el fallecido dispusiera en las redes sociales, estas disposiciones se complementan con lo dispuesto en la Disposición adicional séptima del mismo anteproyecto, que bajo el título Acceso a contenidos de personas fallecidas, establece: "El acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información a favor de personas fallecidas se regirá por las reglas previstas en el artículo 3, a saber: a) Los herederos de la persona fallecida podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión. Como excepción, los herederos no podrán acceder a los contenidos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. b) El albacea testamentario así como aquella persona o institución a la que el fallecido hubiese conferido un mandato expreso para ello también podrá solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los contenidos con vistas a dar cumplimiento a tales instrucciones. c) En caso de fallecimiento de menores o personas con discapacidad para las que se hubiesen establecido medidas de apoyo, estas facultades podrán ejercerse, en todo momento, por el Ministerio Fiscal. Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de los citados mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos, que podrá coincidir con el previsto en el artículo 3". Finalmente, el artículo 74 g) del anteproyecto tipifica como infracción leve "El incumplimiento de la obligación de suprimir los datos referidos a una persona fallecida cuando ello fuera exigible conforme al artículo 3".

martes, 4 de julio de 2017

Diez y Romeo analiza la Sentencia del TC que anula varios artículos de la Ley Audiovisual de Cataluña

Desde Díez y Romeo, Jaime Rodríguez Díez y Paula Romeo González, han analizado la última Sentencia del Tribunal Constitucional del sector audiovisual, donde la distribución competencial entre el Estado y las CCAA es crucial para definir el proceder en materia de medios de comunicación.

Los medios de comunicación por ondas (radios y televisiones), así como los operadores de telecomunicaciones se ven afectados por esta Sentencia de 22 de junio de 2017, que también fija ciertas pautas a la potestad inspectora y sancionadora de las CCAA.

1.- El ámbito competencial: Telecomunicaciones Vs Audiovisual.

Para comprender la mecánica del conflicto entre Estado y Cataluña, el Tribunal Constitucional fija que los artículos de la Ley Audiovisual catalana cuestionados se ubican en dos ámbitos competenciales:

1.1.- El relativo al art. 149.1.21 CE (Telecomunicaciones): Estado competente exclusivo.

El Estado tiene competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones (art. 149.1.21 CE) y eso incluye (i) la ordenación, gestión, planificación y control del dominio público radioeléctrico; (ii) la regulación de los aspectos técnicos de las comunicaciones. Esto es, lo que afecte a la regulación del soporte o instrumento del cual la radio y la televisión se sirven – las ondas radioeléctricas o hertzianas −. Y (iii) la regulación o configuración del propio sector de telecomunicaciones.

1.2.- El que atañe al art. 149.1.27 CE (medios de comunicación): Estado dicta las normas básicas, las CCAA tienen facultades de ejecución y desarrollo.

Según el TC la competencia definida en el art. 149.1.27 CE, se refiere a la relación de la radiodifusión, en cuanto medio de comunicación social, con las libertades y derechos fundamentales recogidos en el art. 20 CE. Como por ejemplo el otorgamiento de licencias de comunicación audiovisual.

Se trata de una competencia compartida, de ahí que tras ejercer el Estado la regulación básica (Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual) y determinar la planificación del espectro radioeléctrico correspondiente, las CCAA, en su ámbito territorial, tienen plena competencia para (i) definir el procedimiento de adjudicación de licencias audiovisuales, (ii) realizar labores de inspección e imposición de sanciones derivadas de infracciones audiovisuales (emitir sin licencia, no cumplir licenciatarios los compromisos asumidos).

Licencias Díez y Romeo

2.- Las Administraciones en conflicto.

La pugna judicial se inicia con el recurso de inconstitucionalidad núm. 8112/2006, promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de Comunicación Audiovisual de Cataluña.

Durante los 11 años que ha durado el litigio, han intervenido por una parte la Presidencia del Gobierno, el Senado (se ha personado), y por otra, la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de Cataluña.

3.- Los artículos combatidos.

La Presidencia del Gobierno impugnó la constitucionalidad de los arts. 1, letras a), d), e) y f); 2, letras b), c), d) y e); 17; 18; 19; 20; 21; 22; 28; 32.2; 33.5; 36; 37; 39; 40.2.b); 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 86; 87; 111; 115; 116; 119; 127.2; 128; 133; 134 y las disposiciones transitorias segunda, cuarta y sexta de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de Comunicación Audiovisual de Cataluña.

Muchos de esos preceptos han sido invocados por los Abogados de Díez y Romeo en los litigios frente a las administraciones en Cataluña.

4.- El resultado del litigio: Estado Vs Cataluña por el sector audiovisual.

La Sentencia, siguiendo el ámbito competencial definido enmarca su resultado en dos grandes apartados

4.1.- Apartado referido a la regulación del espectro radioeléctrico.

El primer grupo de artículos cuya constitucionalidad se analiza se refiere a la regulación del espectro radioeléctrico, definido como las frecuencias utilizadas para transmitir información por ondas terrestres y que se reparten entre distintos servicios (telefonía móvil, radio, televisión, navegación aérea, etc.). Al ser esas frecuencias un recurso escaso, sólo pueden ser administradas por el Estado de acuerdo con la ordenación internacional. Nunca por las CCAA.
Desde ese prisma, en relación con los arts. 17 a 22 de la Ley Audiovisual Catalana, el Tribunal declara inconstitucionales y nulos los términos o apartados que implican una intromisión de Cataluña en el ámbito de las telecomunicaciones, reservado al Estado. Esto es, el TC declara inconstitucional:
  • El inciso «básicas» del art. 18.2, dado que los planes técnicos elaborados por la Generalitat de Cataluña para ordenar su política audiovisual deben tener en cuenta las todas determinaciones del Estado. No sólo las cuestiones básicas.
  • Las letras a) y b) del art. 19, puesto que hacen referencia a aspectos técnicos (sistemas de difusión de señales, las bandas, frecuencias o potencias, etc.,) relativos al soporte necesario para la prestación de los servicios de comunicación audiovisual (Radio y Televisión).  Y eso corresponde al Estado en exclusiva.
  • El apartado 2 del art. 22, porque Cataluña, en materia de elaboración de planes técnicos, articula una técnica de cooperación entre administraciones que solo puede establecer el Estado.
  • Los incisos “aspectos técnicos” de las letras j y k del art. 111.2 LCAC, dado que a las CCAA les está vedado invadir las competencias inspectoras y sancionadoras del Estado en materia que atañe a los sistemas de difusión de señales, las bandas, frecuencias o potencias, etc…
Constitucional Díez y Romeo

4.2.- Apartado referido a la regulación audiovisual, competencias compartidas.

El segundo grupo de artículos cuestionados constitucionalmente gravita en el ámbito de la competencia compartida entre el Estado y las CCAA en materia de medios de comunicación social (art. 149.1.27 CE).

En este ámbito, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nulo el régimen de duración de licencias previsto en los arts. 55 y 56 LCAC. Y ello por contradecir la regulación estatal de elementos que son “determinantes de la configuración del mercado o sector audiovisual”.

La Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual estatal establece un plazo de duración de la licencia de 15 años y un régimen de renovación automático e indefinido. Pero el art. 55 de la Ley catalana fijaba un plazo de renovación inferior (10 años) y limitaba a dos las renovaciones posibles.
El art. 56 LCAC estableció un criterio de intransmisibilidad de la licencia contrario a la permisibilidad estatal, que contempla la posibilidad de “celebrar negocios jurídicos con las licencias de comunicación otorgadas siempre que se haya obtenido autorización previa y se cumplan determinadas condiciones”. Por eso el TC ha dejado sin efecto este precepto.

4.3.- La Tasa audiovisual catalana: legal.

El TC establece que Cataluña si puede imponer la tasa para la realización de la prestación del servicio de comunicación audiovisual mediante el uso del espacio radioeléctrico. No considera que el art. 54 h) de la LCAC invada la competencia del Estado porque la tasa estatal y la autonómica “tienen destinatarios y finalidades distintas”. La tasa estatal grava a los operadores de cualquier tipo de frecuencia del dominio público radioeléctrico y tiene como finalidad “exigir una prestación económica por la reserva de dicho espacio radioeléctrico. Se asocia a la concesión demanial. Sin embargo, la tasa catalana se refiere en exclusiva a los operadores de servicio de comunicación audiovisual en Cataluña y su abono tiene por fin la obtención de la licencia audiovisual.

4.4.- Operadores de telecomunicaciones: explotación de redes de comunicaciones electrónicas.

A.- Sanciones
Una de las expectaciones del sector y para Díez y Romeo, era el sometimiento a constitucionalidad de la competencia de Cataluña (CCAA) para la inspección, control y sanción en los aspectos técnicos de la prestación de servicios de comunicación audiovisual. Algo que incide en los operadores de telecomunicaciones que prestan el servicio de transporte y difusión de la señal de radio FM y televisión.

El TC se ha decantado por anular la letra j) del art. 111.2 LCAC que permitía a Cataluña hostigar a los operadores de telecomunicaciones. El argumento dado es que la atribución de competencia para inspeccionar y sancionar los aspectos técnicos de la prestación de radio y televisión invade la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones. De este modo, sólo la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones es la competente para iniciar procesos sancionadores que versen sobre los aspectos técnicos de la comunicación radiofónica y televisiva.

Con este precedente, los abogados Díez y Romeo consideran que pocas serán las CCAA que traten de inspeccionar o sancionar los aspectos técnicos de los servicios audiovisuales.

B.- No hay obligaciones a los operadores de redes.
El Abogado del Estado acusaba a Cataluña de imponer obligaciones de servicio público a los operadores que explotan redes (sistemas de transmisión de señales) y servicios de comunicaciones electrónicas, más allá de lo previsto en la Ley General de Telecomunicaciones.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó que los arts. 28, 33.5, 66 a 69 y 133.l) de la LCAC se refieren al ámbito de la comunicación audiovisual, ya que se trata de imponer obligaciones a los distribuidores de servicios de comunicación audiovisual (no a operadores de redes).

La razón es que cómo la función de los distribuidores es la de ofrecer y comercializar contenidos audiovisuales, propios o de terceros, resulta admisible que Cataluña establezca determinadas obligaciones de servicio público en relación a esos contenidos.

viernes, 30 de junio de 2017

Multa de 2,42 millones de Euros a Google por abuso posición dominante



Desde Díez y Romeo Abogados se está haciendo un seguimiento del caso que ha terminado con la imposición de esta sanción al gigante americano.

El pasado 27 de junio se informaba de que la Comisión Europea ha impuesto a Google una multa de 2,42 mil millones de euros por infringir la legislación antitrust de la UE. Según el organismo europeo Google ha abusado de su posición dominante en el mercado en cuando motor de búsqueda ofreciendo una ventaja ilegal a otro producto de Google, su servicio de compras comparativas.

La empresa debe poner ahora un término a su forma de proceder en el plazo de 90 días o enfrentarse al pago de una multa que puede llegar hasta el 5% de la cifra de negocios media diario de Alphabet, la sociedad matriz de Google, a nivel mundial.

La comisaria Margrethe Vestager, a cargo de la política de competencia, ha afirmado lo siguiente: «Google nos ha traído numerosos productos y servicios innovadores que han supuesto un gran cambio en nuestras vidas y eso es algo positivo. Pero la estrategia de Google para su servicio de compras comparativas no se limita a atraer clientes ofreciendo un producto que sea mejor que los de sus rivales, sino que Google ha abusado de su posición dominante como motor de búsqueda situando en mejor lugar su propio servicio de compras comparativas dentro de sus resultados de búsqueda y colocando en peor situación los de sus competidores.

Lo que Google ha hecho es ilegal según la legislación antitrust de la UE, pues ha denegado a otras empresas la posibilidad de innovar y de competir según sus méritos. Y lo que es más importante, ha denegado a los consumidores europeos una auténtica oferta de servicios y todas las ventajas de la innovación».

Estrategia de Google para su servicio de compras comparativas

El producto emblemático de Google es su motor de búsqueda, que ofrece resultados de búsqueda a los consumidores, los cuales pagan el servicio con sus datos. Casi el 90 % de los ingresos de Google proceden de los anuncios, como los que muestra a los consumidores como respuesta a una consulta.

En 2004, Google entró en el mercado de los servicios de compras comparativas en Europa, con un producto que se llamó inicialmente «Froogle», al que se denominó posteriormente «Google Product Search» en 2008 y que desde 2013 se llama «Google Shopping». Este producto permite a los consumidores comparar productos y precios en internet, así como encontrar ofertas de minoristas en línea de todo tipo, como tiendas virtuales de fabricantes, plataformas (Amazon, eBay, etc.) y otros revendedores.

Cuando Google hizo su entrada en los mercados de las compras comparativas con Froogle, ya eran conocidos diversos agentes económicos. Datos de la época procedentes de Google muestran que la empresa era consciente de que los resultados de Froogle en el mercado eran relativamente flojos, como queda patente en un documento interno de 2006, en el que se decía que «Froogle simply doesn't work»/«Sencillamente, Froogle no funciona».

Los servicios de compras comparativas dependen en gran medida del tráfico para ser competitivos. A mayor tráfico, mayor número de clics, y mayores ingresos. Además, un mayor tráfico atrae a un mayor número de vendedores que desean asociar sus productos a un servicio de compras comparativas. Teniendo presente la posición dominante de Google en las búsquedas de carácter general en internet, su motor de búsqueda es una fuente importante de tráfico para los servicios de compras comparativas.

En 2008, Google inició en los mercados europeos un cambio fundamental de estrategia para impulsar su servicio de compras comparativas. Esta estrategia se basaba en la posición dominante de Google en las búsquedas de carácter general en internet, y no en la competencia según los méritos en los mercados de las compras comparativas:

 1.- Google coloca sistemáticamente en un lugar destacado su propio servicio de compras comparativas: cuando un consumidor hace una consulta en el motor de búsqueda de Google sobre la cual el servicio de compras comparativas de Google desea mostrar resultados, estos aparecen en la parte superior de la lista de resultados de búsqueda, o cerca de ella.
 2.-  Google coloca en peor lugar los servicios de compras comparativas rivales en los resultados de búsqueda que ofrece: los servicios de compras comparativas rivales aparecen en la lista de resultados de búsqueda de Google según los algoritmos de búsqueda genérica de esta compañía. Google incluye diversos criterios en estos algoritmos, con el resultado de que los servicios de compras comparativas rivales aparecen en peor posición. Puede comprobarse que, incluso el servicio rival mejor situado, aparece por término medio solo en la cuarta página de resultados de búsqueda de Google, y otros figuran incluso más abajo. El propio servicio de compras comparativas de Google no está sometido a los algoritmos de búsqueda genérica de aquel, incluida la colocación en posiciones menos favorables.

La consecuencia de todo ello es que el servicio de compras comparativas de Google les aparece a los consumidores de forma mucho más visible en los resultados de las búsquedas, mientras que la visibilidad de los servicios rivales es mucho menor.

Es fácil comprobar que los consumidores clican mucho más a menudo en los resultados más visibles, es decir, los que aparecen en una posición superior entre los resultados de las búsquedas de Google. Incluso en un ordenador de mesa, los diez resultados de búsqueda genérica mejor situados en la primera página reciben en conjunto, por lo general, aproximadamente el 95 % de todos los clics de los resultados de búsqueda genérica (el resultado mejor situado recibe en torno al 35 % de todos los clics). El primer resultado de la segunda página de resultados de búsqueda genérica de Google recibe tan solo en torno al 1 % de todos los clics. Esto no puede explicarse tan solo por el hecho de que el primer resultado sea más importante, porque las pruebas también demuestran que desplazar el primer resultado al tercer puesto produce una reducción del número de clics de aproximadamente un 50 %. Los efectos en los dispositivos móviles son incluso más pronunciados, ya que el tamaño de la pantalla es mucho menor.

De lo anterior se deduce que, por el hecho de colocar en un lugar destacado únicamente su servicio de compras comparativas y de situar a sus competidores en peor lugar, Google ha dado a su servicio una ventaja considerable en comparación con sus rivales.

Infracción de la legislación antitrust de la UE

Las prácticas de Google suponen un abuso de su posición dominante en la búsqueda general de internet por inhibir la competencia en los mercados de compras comparativas.

La posición dominante no es ilegal en sí misma según la legislación antitrust de la UE. No obstante, las empresas dominantes tienen la especial responsabilidad de no abusar de su posición en el mercado restringiendo la competencia, bien en el mercado en que son dominantes o en otros mercados.

    En la Decisión adoptada  se llega a la conclusión de que Google ocupa una posición dominante en los mercados de búsqueda general en internet en todo el Espacio Económico Europeo (EEE), es decir, en los treinta y un países que lo integran. La Decisión indica que Google mantiene una posición dominante en los mercados de búsqueda general en internet de todos los países del EEE desde 2008, salvo en Chequia, donde la Decisión fija la posición dominante desde 2011. Esta evaluación se basa en que el motor de búsqueda de Google mantiene cuotas de mercado muy altas en todos los países del EEE, superiores al 90 % en la mayoría de ellos, y lo lleva haciendo de forma constante desde al menos 2008, que es el periodo que ha investigado la Comisión. Hay también barreras muy altas para entrar en estos mercados, en parte debido a los efectos de la red: cuanto más utilizan los usuarios un motor de búsqueda, más atractivo resulta para los anunciantes. Las ganancias generadas pueden utilizarse entonces para atraer más consumidores. De igual modo, los datos que reúne un motor de búsqueda sobre los consumidores pueden a su vez utilizarse para mejorar los resultados.
   
Google ha abusado de esta posición dominante dando a su propio servicio de compras comparativas una ventaja ilegal. Google solo coloca en una posición destacada en sus resultados de búsqueda su propio servicio de compras comparativas, mientras que los servicios rivales los sitúa en un lugar más desfavorable. Google ha estado inhibiendo la competencia basada en los méritos en los mercados de las compras comparativas.

Google ha implantado esta práctica en todos los países del EEE donde utiliza este producto de compras comparativas, comenzando en enero de 2008 en Alemania y el Reino Unido. Posteriormente hizo extensiva esta práctica a Francia en octubre de 2010, a Italia, Países Bajos y España en mayo de 2011, a Chequia en febrero de 2013 y a Austria, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Polonia y Suecia en noviembre de 2013.


























Los motivos tienen mucho que ver con un concepto básico incluido en las normas de competencia: “el abuso de posición dominante”.  Tanto, que la propia Comisión Europea alude a él hasta en 12 ocasiones en su nota de prensa sobre el caso (versión en español aquí).  Os contamos, a continuación, qué se entiende por “abuso de posición de dominio”.
Lo que ha enfadado tanto a la CE ha sido precisamente eso: que Google abusó de su posición privilegiada en el mercado. Lo hizo a través de su motor de búsqueda, mediante el que ofreció una ventaja ilegal a otro producto propio, Google Shopping, su comparador de precios on line, para situarlo en un lugar destacado frente al de sus competidores.
La esencia del caso, la  resume con estas palabras la comisaria de Competencia, Margaret Vestager:
«Google nos ha traído numerosos productos y servicios innovadores que han supuesto un gran cambio en nuestras vidas y eso es algo positivo. Pero la estrategia de Google para su servicio de compras comparativas no se limita a atraer clientes ofreciendo un producto que sea mejor que los de sus rivales, sino que Google ha abusado de su posición dominante como motor de búsqueda situando en mejor lugar su propio servicio de compras comparativas dentro de sus resultados de búsqueda y colocando en peor situación los de sus competidores.

 ¿Cuándo una empresa abusa de su posición de dominio?

Basta con consultar la Ley de Defensa de la Competencia (Artículo 2) para entender en qué supuestos una compañía  abusa de su “posición de dominio”:
a) Impone, de forma directa o indirecta,  precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos.
b) Limita la producción, la distribución o el desarrollo técnico y produce un perjuicio injustificado a las empresas o los consumidores.
c) Se niega injustificadamente a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios.
d) Aplica, en sus relaciones comerciales o de servicios, condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que sitúan a unos competidores en      una situación de desventaja frente a otros.
e) Subordina la celebración de contratos con otras empresas o agentes a que acepten prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guardan relación con el objeto de dichos contratos.

Posición de dominio en el caso Google

Según la Comisión Europea, el abuso de posición de dominio de Google en el mercado ha afectado a un total de 31 países: a los 28 de la Unión Europea  y a otros tres Estados, Islandia, Linchestein y Noruega, que han suscrito el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEA).
En concreto, Google con su conducta ha infringido el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), cuyo contenido es esencialmente idéntico al del artículo 2 de la normativa española, que hemos mencionado antes, y al del artículo 54 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEA).

martes, 27 de junio de 2017

Abogados Díez & Romeo: ¿Debe la mediación ser obligatoria?

La mediación será una condición previa obligatoria en Italia antes de pasar a la acción judicial en los litigios entre consumidores y comerciantes. Así lo corroboró el 14 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que entiende como compatibles la normativa nacional, que explicita la obligatoriedad, y la comunitaria.

Eso sí, para preservar el Derecho de la Unión, se recalca que el consumidor podrá retirarse de la mediación en todo momento “sin tener que justificar su decisión”, y para que se lleve a cabo el procedimiento deberán darse algunos requisitos.

Según el TJUE, la exigencia de mediación no debe conducir a una decisión vinculante para las partes, ni implicar un retraso sustancial para llevar a cabo la acción judicial, interrumpir los correspondientes derechos u ocasionar gastos significativos.

“La mediación va a funcionar siempre que sea entendida como una política pública”, afirma Javier Wilhelm, director del Máster en Mediación Profesional de la UPF Barcelona School of Management. “Si esto se hace a nivel europeo toma mucha más fuerza, así que la noticia abre un nuevo panorama”, añade el profesor.

En su opinión, en la mayoría de los casos el principal motivo para no acceder a la mediación es el desconocimiento del proceso, ya que la vía penal “no siempre es la mejor manera de resolver los conflictos”. Sostiene que Italia, Francia y el País Vasco, donde ya es obligatoria, avalan ese camino con soluciones más rápidas y controladas.

Por eso, el experto se muestra partidario de la obligatoriedad: “La mediación descomprime el colapso judicial, promueve un sistema en el que la ciudadanía es protagonista de la resolución de sus conflictos y ahorra dinero a todos”.

De hecho, Wilhelm enfatiza que ya hay una directiva europea de 2008 que la promueve, pero que los estudios de aplicabilidad anuales demuestran que no se está llevando a cabo. “La clave es que la gente conozca el proceso, y la única forma de hacerlo es pasando por una sesión prejudicial obligatoria, informativa y gratuita”, señala el profesor, quien destaca que España todavía está en la cola en este sentido.

Para él, “la mediación es una forma de gestionar conflictos más humana”, por lo que poco a poco se ha empezado a extender en todos los sitios donde la gente se relaciona con otras personas, desde el entorno familiar, hasta el lugar de trabajo y los colegios.

Fuente: http://www.lavanguardia.com/economia/management/20170626/423712094102/debe-mediacion-ser-obligatoria.html