lunes, 30 de junio de 2014

Concurso FM Cataluña: Hoy finaliza el plazo para resolver


Hoy 30 de junio finaliza el plazo para resolver el concurso público para la adjudicación de 23 licencias de radio en FM para su explotación comercial en Cataluña, que fue publicado el DOGC de 30 de mayo de 2013.
Dos han sido las ampliaciones: la primera fue el 27 de noviembre de 2013, por la que se ampliaba 3 meses más, fijando  la fecha límite el 30 de noviembre y la segunda fue de 19 de febrero de 2014, estableciendo la fecha final para resolver el 30 de junio de 2014.

Todas estas 23 licencias, salvo la licencia 95.8 MHz (Tremp), habían sido asignadas al Consorci de Comunicació Local lo que provocó un recurso del Associació Catalana de Radiodifusió (ACR) y una sentencia del TSJC ordenó que fuesen destinadas a la gestión privada.
 En el caso de la 95.8 MHz (Tremp) la concesión correspondiente fue otorgada a la sociedad Ràdio 13 de Catalunya mediante un Acuerdo con el Govern que fue extinguido en 2010.

 Las licencias que serán resueltas por el CAC se encuentran en las siguientes demarcaciones:
Berga- Figuerassa

Guardiola

Igualada

Manresa - Montserrat
Sant Celoni - Montseny

Sant Pere de Ribes - Montgròs
Vic- Collsuspina

Calonge-Platja d’Aro
Lloret de Mar

Olot
Port Bou - Colera

Puigcerdà - Alp
Ripoll

Cervera
Pont de Suert

Solsona - Olius
Sort - Soriguera

Tremp
Tremp

Vielha - Eth Aro
Montblanc - Figuerola

Tortosa - Montcaro
Vendrell - Baix Penedès

sábado, 28 de junio de 2014

¿Quien puede tener licencia de Radio FM en España?

                          
La nota de utilización UN-17 del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) establece que la banda de frecuencias 87,5 a 108 MHz se utilizará exclusivamente por las entidades habilitadas para la prestación de los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, y siempre de acuerdo con el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia.

Las entidades habilitadas para la prestación de los servicios de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (licencia del servicio) son:
  • La Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., a través de la Sociedad Mercantil Estatal Radio Nacional de España (RNE).
  • Los Entes Públicos con competencia en la materia de las Comunidades Autónomas (emisoras FM autonómicas).
  • Las Corporaciones Locales mediante concesión administrativa otorgada por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas (emisoras FM municipales).
  • Las personas físicas o jurídicas mediante concesión administrativa otorgada por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, o en su caso por el Estado, para la explotación en gestión indirecta.
En cualquier caso, el derecho de uso del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación del servicio requiere del correspondiente título habilitante cuyo otorgamiento corresponde al Estado, que revestirá la forma de afectación demanial o concesión administrativa para el uso privativo del dominio público radioeléctrico (licencia de la frecuencia).

El Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia fue aprobado por Real Decreto 964/2006, de 1 de septiembre (BOE nº 223, de 18 de septiembre de 2006).

miércoles, 25 de junio de 2014

El Supremo de EE UU considera ilegal el portal de televisión Aereo

El Tribunal Supremo acaba de firmar la que puede ser la carta de defunción del servicio Aereo, al considerar que esta plataforma dedicada a la distribución de contenido audiovisual por Internet no cuenta con la licencia de los propietarios de los programas. Por tanto, considera que su modelo de negocio es ilegal. La decisión fue adoptada con seis votos a favor y tres en contra.

El caso tiene su origen en una demanda de los grupos de medios CBS, NBC Universal, 21st Century Fox y Disney, en la que acusaban a Aereo de violar los derechos de reproducción. Para evitarlo, la compañía montó una estructura de diminutas antenas, que en la práctica alquila a cada abonado. El contenido que captan se graba en un centro de datos y de ahí se dirige al dispositivo del usuario.
Las cadenas no solo consideraron que el sistema es ilegal, además amenazaron con abandonar la emisión de su programación vía antena y concentrarse en Internet si la máxima instancia judicial no les daba la razón. Los grandes medios ya tienen suscritos acuerdos con los grandes distribuidores de televisión por cable y satélite para estructurar su programación.
 
En su defensa, Aereo argumentó que su sistema emula a lo que hace ya cualquier televidente en casa cuando graba un programa. La diferencia, en su caso, es que la antena que se utiliza para captar la señal está instalada en un lugar remoto, no sobre su tejado. El Tribunal considera, sin embargo, que está retransmitiendo un contenido por el que debe pagar una licenia para usarlo.
Al final, la opinión supone una rotunda victoria para los poderosos grupos de medios y un duro revés para la joven empresa con sede en Nueva York, donde empezó a dar su servicio hace tres años antes de llamarse Aereo. Está por tanto en el aire si tras este resultado la compañía llevará el servicio a otras ciudades. La decisión va contra otra que un tribunal pronunció a favor de Aereo.
 
El caso no solo podía cambiar el modelo negocio de las cadenas tradicionales de televisión. También estaba siendo muy seguido por Google, Microsoft, DropBox y otras compañías que distribuyen contenido audiovisual en Internet, por el efecto que podía tener la decisión del Tribunal en la gestión de datos, ya que la programación es cada vez más dependiente de la nube.
La tecnología que usa Aereo para distribuir el contenido es diferente al de otros servicios streaming, aunque a primera vista podría parecerse a la plataforma Hulu creada por la NBC, Fox y ABC para dar salida a sus programas. La gran diferencia es que Aereo retransmite el contenido en tiempo real y sin pagar nada a las cadenas para usar algo que es de su propiedad.
 
El caso era complicado. Por un lado, porque una victoria de Aereo podía matar a las estaciones de televisión local y dejar a millones de espectadores con el cable como única opción para verla si cadenas como Fox o la CBS abandonan la antena. Por otro, porque si perdía Aereo, la abocaba directamente a la extinción y suponía una traba a la innovación.
 
La opinión del Supremo deja claro que su decisión sobre Aereo no debe afectar a otras tecnologías para la distribución de contenido en Internet. En este caso, indica que el acceso remoto al contenido en la nube solo puede ser tratado en un caso en el que se refiere específicamente al asunto. Las acciones de las grandes cadenas repuntaron en Wall Street, porque deja su modelo intacto.
 
El presidente del grupo que defiende los intereses de las grandes cadenas de televisión en EE UU, Gordon Smith, opinó que el mensaje que lanza con su decisión del Supremo es rotundo y deja calro que no se puede montar un negocio a base de violar los derechos de autor. También rechazó que su demanda fuera un ataque a la innovación, como caracterizó Aereo en el proceso.

El nuevo plan técnico de TDT llegará al Consejo de Ministros antes de finales de julio

José Manuel Soria, titular del Ministerio de Industria, ha vuelto a referirse al plan técnico para llevar a cabo el dividendo digital y que afectará a algunas de las frecuencias de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Con cierto retraso, pero el Gobierno analizará el plan técnico en un Consejo de Ministros antes del mes de agosto. Según Soria la intención es presentar este plan al Consejo durante este próximo mes de julio.

Soria ha resumido el proceso a llevar a cabo de manera simple y sencilla: ”donde hoy hay emisiones de televisiones, tienen que dejar de haber”. Estos huecos serán ocupados por empresas de telecomunicaciones que desplegarán sus servicios 4G. José Manuel Soria ha destacado la importancia de no quedarse atrás con estos cambios puesto que suponen un impulso importante al sector de las telecomunicaciones del que se beneficiarán los usuarios.

El alcance del plan técnico para el dividendo digital

No se conocen todavía los detalles de este plan técnico que implica a operadores de telecomunicaciones y audiovisuales. Parece claro que unos quince canales de TDT podrían verse afectados por cambios de frecuencias y que buena parte de los usuarios tendrán que llevar a cabo adaptaciones para seguir viendo todos los canales de la televisión digital.

Todavía no hay fecha para un nuevo concurso de TDT

Con respecto a lo que no se ha pronunciado el Ministro de Industria ha sido sobre un posible nuevo concurso para otorgar licencias en TDT. Los operadores trabajan sobre esta posibilidad después de que el Gobierno decidiera prescindir de nueve señales de la televisión digital. Los responsables de Industria ya han dejado claro que en caso de que queden huecos para canales de TDT después del dividendo digital acometerán un nuevo concurso. Soria se ha mostrado ahora cauto con los plazos para este procedimiento.

Las bases del concurso de TDT en Galicia

Aquí se encuentran las bases de la TDT Galicia, accede a ellas a través del siguiente link

http://medios.xunta.es/c/document_library/get_file?file_path=/portal-sxm/Concursos/TDT/bases_concurso_cas.pdf

Convocado el concurso de 26 licencias de TDT en Galicia

Concurso de licencias TDT en Galicia. La Xunta de Galicia ha publicado en el DOG de 25 de junio de 2014 el anuncio por el que se convocan 26 licencias de comunicación audiovisual televisiva de titularidad privada (TDTL).

Desde Diez y Romeo Abogados se percibe que los objetivos fijados en esta convocatoria son dos: (i) Lograr una televisión más plural, primando el acceso a emisoras sin licencia; y (ii) Garantizar contenidos locales y regionales.

Aquí se puede consultar el anuncio:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140625/AnuncioG0244-200614-0011_gl.pdf
Y aquí las bases:
http://medios.xunta.es/portada

I.- Aspectos Generales.-

Plazo de presentación: el plazo finaliza a los treinta (30) días contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia
Lugar: las solicitudes podrán presentarse en Registro Xeral de la Xunta de Galicia (Edificio Administrativo San Caetano).
Garantías: Las establecidas en el Anexo III de las Bases
Criterios de Valoración, destacan los siguientes:
• La viabilidad económica.
• Las características técnicas del proyecto.
• Las características de la emisión y programación.
• El fomento de empleo.
• El compromiso de no transmitir la licencia.
• El compromiso de emitir en gallego por encima del límite fijado por la legislación vigente.

II.- Demarcaciones que salen a concurso.

 Diez y Romeo como consultora especializada en el sector televisivo pone a su disposición un experimentado equipo multidisciplinar para afrontar este concurso público en las mejores condiciones

Provincia de A Coruña: 7 licencias

TL01C Carballo: 1 licencia
Ámbito de cobertura: Carballo, A Laracha, Coristanco, Malpica de Bergantiños,
Ponteceso, Cabana de Bergantiños y Laxe
TL03C Ferrol: 1 licencia
Ámbito de cobertura: Ferrol, Narón, Fene, Valdoviño, Neda, Mugardos, Ares y San Sadurniño
TL06C Vimianzo: 2 licencias
Ámbito de cobertura: Vimianzo, Cee, Camariñas, Muxía, Zas, Fisterra, Dumbría y Corcubión
TL07C As Pontes de García Rodríguez: 3 licencias
Ámbito de cobertura: As Pontes de García Rodríguez, Pontedeume, Cabanas, Monfero, A Capela y Muras

Provincia de Lugo: 7 licencias
TL01LU Chantada: 2 licencias
Ámbito de cobertura: Chantada, Taboada y Carballedo
TL03LU Monforte de Lemos: 1 licencia
Ámbito de cobertura: Monforte de Lemos, O Saviñao, Pantón, Sober, A Pobra do Brollón y Bóveda
TL04LU Vilalba: 2 licencias
Ámbito de cobertura: Vilalba, Guitiriz, Castro de Rei, Cospeito, A Pastoriza, Begonte, Abadín y Xermade
TL05LU Viveiro: 2 licencias
Ámbito de cobertura: Viveiro, Foz, Ribadeo, Burela,Cervo, Xove y Barreiros

Provincia de Orense: 6 licencias
TL01OU O Barco de Valdeorras: 2 licencias
Ámbito de cobertura: O Barco de Valdeorras, A Rúa, Vilamartín de Valdeorras,
Carballeda de Valdeorras, Rubiá, A Veiga, O Bolo y Petín
TL02OU O Carballiño: 2 licencias
Ámbito de cobertura: O Carballiño, Boborás, Maside, San Cristovo de Cea, O Irixo, Piñor, Beariz y San Amaro
TL04OU Verín: 2 Licencias
Ámbito de cobertura: Verín, Monterrei, Vilardevós, Cualedro, Riós, Oímbra, Laza y Castrelo do Val

Provincia de Pontevedra: 6 licencias
TL02PO Ponteareas: 1 licencia
Ámbito de cobertura: Ponteareas, Tui, Salvaterra de Miño, Mondariz yAs Neves
TL03PO Pontevedra: 3 licencias
Ámbito de cobertura: Pontevedra, Marín, Poio, Ponte Caldelas, Vilaboa e
TL05PO Vilagarcía de Arousa: 2 licencias
Ámbito de cobertura: Vilagarcía de Arousa, A Estrada, Sanxenxo, Cambados, O Grove, Vilanova de Arousa y Caldas de Reis

sábado, 21 de junio de 2014

Una Sentencia anula una sanción de telecomunicaciones de 120.000 €: Logro Diez & Romeo


Los servicios jurídicos de  Díez & Romeo Abogados, en representación de una emisora, han conseguido anular en su totalidad dos sanciones impuestas por la Administración del Estado por realizar emisiones de radio FM sin licencia desde unas instalaciones de telecomunicaciones ubicadas en Barcelona, las cuales tampoco poseían autorización.

Tras imponerse las dos multas de 60.000 € cada una y agotarse la vía administrativa, se procedió al análisis de la viabilidad jurídica del proceso contencioso. Finalmente, desde Díez y Romeo Abogados se aconsejó a la emisora acudir a la vía judicial.

El pleito se inicio interponiendo el correspondiente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Tras ello se formalizó la demanda donde se plantearon los argumentos que justificaban la nulidad de las sanciones. La Abogacía General del Estado se opuso a la demanda solicitando que se mantuviera la eficacia de las sanciones.

Tras los trámites procesales oportunos, la Audiencia Nacional fallo a favor de las tesis que Diez Y Romeo Abogados había esgrimido y estimo íntegramente las pretensiones de la emisora, anulando las dos sanciones de 60.000 € c/u que hacía un total de 120.000 €

 Con esta Sentencia, el logro obtenido para el cliente de DIEZ Y ROMEO ha sido insuperable y corrobora la necesidad de contar con una defensa legal especializada en Derecho Audiovisual y de las Telecomunicaciones.

jueves, 19 de junio de 2014

¿Derecho al olvido? Razones para no precipitarse


La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Google es un punto de inflexión importante. Algunos ven en ella un triunfo del derecho a la privacidad. Otros consideran que es la mayor amenaza a la libertad de expresión que hayamos presenciado en décadas, y que amenaza la posibilidad misma de exigir responsabilidades en el interés público. O vaticinan el apocalipsis en un supuesto derecho a reescribir la historia.
Se acumulan las solicitudes para que Google elimine contenido de los resultados de búsqueda, incluso información sobre conductas censurables por parte de personas del mundo de la política. Google ha anunciado un formulario en línea para que los usuarios puedan solicitar la eliminación de contenidos. Está claro que habrá un antes y que habrá un después de la sentencia del TJUE en el caso Google. Pero no hay que exagerar las consecuencias de la sentencia. Eso es, si las cosas no se tuercen. Ahí van cuatro razones para no precipitarse.

En primer lugar, la sentencia es una decisión prejudicial sobre la interpretación y aplicación de ciertas disposiciones de una Directiva Europea y de la Carta de los Derechos Fundamentales. No decide el caso concreto. El TJUE no reemplaza al tribunal español competente que tiene que juzgar el caso, lo que todavía supondrá una considerable labor de individualización, aplicando todas las disposiciones legales pertinentes a los hechos, incluidas las normas interpretadas por el TJUE, pero no sólo esas. El diablo está en el detalle.
En segundo lugar, las leyes nacionales y las directivas de la UE son susceptibles de cambio, y hay que tener presente que fueron dictadas para una realidad y supuestos concretos. La ley que dio lugar a la indeleble huella litigiosa en este caso fue escrita para que los periódicos informasen al público de una subasta en una ejecución judicial para el cobro de deudas. En aquellos tiempos había que buscar los datos públicos destinados a perdurar en los archivos de los tribunales, en los diarios oficiales, en los periódicos y en las hemerotecas. A lo sumo, el contenido se podía examinar en algunos casos en microfilm. Ahora existe Google, pero los periódicos y los diarios oficiales no tienen (todavía) la obligación de introducir protocolos "terminales" o de colocar la etiqueta de "no indexar" al contenido digital que, con razón, no esté destinado para consumo general permanente.

Implícitamente, la sentencia interpretativa del TJUE muestra un vacío legal en las reglas para la publicación de una situación litigiosa que ignoran la realidad digital actual. ¿Quién dice que toda la responsabilidad sea o deba ser sólo de Google?
Tercero -y aquí podrían haber estado más atentos en Google- los 47 estados miembros del Consejo de Europa, que representa a 820 millones de personas, incluidos 500 millones de internautas, también se han pronunciado sobre estas cuestiones. Interpretando cómo deben aplicarse los derechos humanos a los entornos digitales, han aprobado dos recomendaciones, una sobre la nueva noción de medios de comunicación y otra sobre la protección de los derechos humanos en relación a los motores de búsqueda,

La recomendación sobre la nueva noción de medios de comunicación dice que, además de libertad editorial, las entidades como Google tienen responsabilidad editorial. Google acaba de anunciar más medidas que responden a la responsabilidad, pero también debe preservar su libertad editorial. En el texto de los derechos humanos y motores de búsqueda, los países del Consejo de Europa acordaron que los motores deberían revisar el orden de los resultados de búsquedas y la indexación de contenidos que, aunque estén en el espacio público, no estén destinados a la comunicación de masas. Esto no significa que haya que eliminar o bloquear la información destinada a perdurar; como en el pasado, hay que permitir que aquellos decididos a hacerlo encuentren datos específicos en el dominio público, sean investigadores, periodistas, académicos, investigadores u otros interesados. Lo que me lleva al cuarto punto.
La información relativa al demandante en el caso de Google estaba en el dominio público, pero tal vez no estaba destinada ya a la comunicación o al consumo de masas. No está de más preguntar quién recabó y sacó a la luz pública la información que La Vanguardia tenía latente, con más razón si fue el propio demandante. Es necesario asignar responsabilidad a cada uno en proporción al papel que desempeñó en el proceso de comunicación.

No se puede dar marcha atrás a la historia. La realidad actual es que la información es más fácil de hallar que en el pasado, y debe continuar así. Larry Page, cofundador de Google, expresó hace pocos días su pesar por no haberse involucrado más en el debate acerca de la privacidad en Europa. Convirtamos esas palabras en realidad dado que la discusión sólo ha empezado. Hay que respetar los derechos humanos y algunos tienen que ser reconciliados entre sí teniendo en cuenta el interés público y las exigencias de la democracia. Por eso hay que rechazar cualquier intento de convertir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en una excusa para la censura, o para reducir el escrutinio público, la transparencia y la responsabilidad exigible en una sociedad democrática.
 
 

miércoles, 18 de junio de 2014

La Generalitat Valenciana no exigirá el cumplimiento de los pliegos por estar la TDT anulada judicialmente

El Supremo tumbó en septiembre de 2012 la adjudicación de las TDT locales por el Consell referida a 14 de las 18 demarcaciones al externalizar en una consultora la baremación de ofertas. Sin embargo, aquel varapalo judicial, que casi dos años después sigue sin resolverse (todavía no se ha ejecutado la nueva adjudicación), sirvió ayer de escudo al Ejecutivo. La secretaria autonómica de Presidencia, Cristina Macías, compareció en las Corts para responder a la pregunta de Ignacio Blanco (EU) sobre si sancionará las TDT que están incumpliendo la exigencia legal de emitir un 25 % en valenciano, como sí respeta sobradamente Levante TV.

Macías comenzó señalando que la ley «no impone» las emisiones en la lengua, aunque admitió que en los pliegos de condiciones sí se exige el 25 % salvo en las zonas de predominio castellanohablante. Acto seguido, defendió que tras la anulación de las concesiones, a las TDT afectadas «no se les pueden exigir el cumplimiento» de los pliegos.

Según dijo, una parte sigue emitiendo «en una situación de transitoriedad». El Ejecutivo, por «un criterio de prudencia», prefiere «seguir con las actuaciones para la resolución del concurso, antes que arriesgarnos a abrir expedientes sancionadores» por el valenciano y otros incumplimientos «y que acabemos en litigios con resultado incierto». Añadió que, ante la limitación de medios, se ha dado «prioridad» a sancionar a emisiones sin licencia. Sobre las locales a las que no afectó la anulación, dijo que en Dénia no han iniciado las emisiones y en Gandia se supera el 25 %. Y respecto a las TDT autonómicas, reiteró que la ley «no obliga» al 25 %, para deslizar que hasta el pasado 14 de mayo (cuando se cambió la mesa de contratación) «no se había presentado ninguna denuncia». El 15, apuntó, se registraron denuncias y se están «analizando».

Para Blanco, la ley «obliga a cumplir los pliegos y, con ello, el 25 % de valenciano». «¿Es que pueden emitir provisionalmente y estar violando todas las leyes y hacer apología del terrorismo?», ironizó, para recordar que las emisoras incumplidoras «llevan años haciéndolo y ustedes no han hecho nada».

Fuente: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/06/18/consell-fallo-supremo-librar-cuota/1126890.html

viernes, 13 de junio de 2014

El derecho al olvido se impone a Google

El 13 de mayo se produjo un hito en la actividad de los buscadores de internet: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor del conocido como «derecho al olvido» frente a los intereses comerciales de Google. A partir de ahora, un particular tiene derecho a pedir a un buscador que borre de sus resultados una determinada información que pueda lesionar su derecho al honor.
La sentencia ha dado la razón a la Agencia Española de Protección de Datos al dictaminar que los buscadores en Internet son responsables de los datos personales incluidos en las webs que distribuyen. Google tiene ya la obligación de revisar todas las solicitudes de borrado de información que le hagan llegar los usuarios. ¿Qué abarca el «derecho al olvido»? ¿Cómo solicitarlo?
Tras saberse el fallo, Google ha lamentado la sentencia. «Esta es una decisión decepcionante para los motores de búsqueda y editores online en general. Estamos muy sorprendidos de que difiera tan drásticamente de las conclusiones del Abogado General y de las advertencias y las consecuencias que ya identificó. Vamos a dedicar tiempo, desde este momento, para analizar las implicaciones de dicha decisión», señaló Marisa Toro, directora de Comunicación y Asuntos Públicos de Google para el sur de Europa.

¿Qué es el «derecho al olvido»?
El «derecho al olvido» incluye el derecho a limitar la difusión indiscriminada de datos personales cuando ya no tienen relevancia ni interés público y pueden lesionar los derechos de las personas, aunque la publicación original sea legítima. También reconoce que se puedan ejercitar los derechos de cancelación y oposición. En el caso de los buscadores de internet, supone limitar la difusión universal de enlaces cuando carezca de justificación y dañe al afectado.
Hay que tener en cuenta que el «derecho al olvido» no es un derecho absoluto. Esto quiere decir que cuando entre en colisión con otros derechos, la autoridad - la Agencia Española de Protección de Datos en el caso de España- ponderará cada caso según los criterios de exactitud, relevancia pública y obsolescencia.

¿Cómo ejercer el «derecho al olvido»?
La persona interesada deberá presentar su solicitud directamente al buscador, quien deberá examinar si es fundada o no. En caso de que el buscador no acceda a retirar la información, el afectado podrá acudir a la autoridad de control o a los tribunales para que estos lleven a cabo las comprobaciones necesarias y, en su caso, ordenen al buscador la retirada de la información.
De esta manera, se abre la puerta a un examen caso por caso de cada una de las reclamaciones presentadas a cualquier buscador que, legalmente, tiene un plazo máximo de diez días para dar una respuesta al demandante

Google prepara una herramienta para facilitar el «derecho al olvido»
Tras conocerse la sentencia, Google ya trabaja en el desarrollo de una herramienta que permitirá a los usuarios acogerse al derecho al olvido en internet. Según el diario «The New York Times», Google presentará en las próximas semanas un mencanismo para que los consumidores puedan solicitar la eliminación o bloqueo de enlaces a determinadas informaciones que consideren lesivas a su intimidad u honor.

Para que se puedan borrar datos de algún usuario, una vez solicitado, comienza una investigación para corroborar que cada caso se ajusta al "interés legítimo" que se recoge en la sentencia. Por tanto no se borrara todo lo que se solicite y solamente se verá eliminado aquello que sea legítimamente legal, tras la investigación pertinente.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha aplaudido la sentencia, pero ¿cumplirá Google con ella? ¿Qué pasará en los próximos meses?

Fuente: http://www.womenalia.com/es/hoy-en-womenalia/135-actualidad/4003-el-derecho-al-olvido-se-impone-a-google?utm_source=twitter&utm_medium=tweet&utm_campaign=SMESPTWETOW000


jueves, 12 de junio de 2014

Aragón publica el Decreto 81/2014 de comunicacion audiovisual

El pasado día 5 de junio de 2014 ha sido publicado en el Boletín Oficial de Aragón, el Decreto 81/2014, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen jurídico para la prestación de los servicios de comunicación audiovisual con ánimo de lucro en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La finalidad del Decreto audiovisual, es la de adecuar su legislación al nuevo régimen jurídico instaurado con la promulgación de la Ley, 7/2010, de 31 de Marzo, General de Comunicación Audiovisual (LGCA). Desde Diez y Romeo se hace un seguimiento de la legislación audiovisual publicada. El texto normativo pretende ordenar y actualizar la legislación audiovisual aragonesa vigente, hasta ahora dispersa, incompleta y obsoleta, y amparar los nuevos modelos de negocio y condiciones de las oferta derivados de la ampliación de redes y nuevas tecnologías.

I.- Respuesta normativa a la evolución del sector audiovisual.

 El sector audiovisual ha experimentado una rápida evolución, por la implantación de la tecnología digital y la irrupción de internet. Este escenario facilita el acceso de los usuarios a dichos servicios, y ocasiona la fragmentación de las audiencias que ha variado los modelos de negocio. Tanto en radio como en televisión.
Con el nuevo Decreto, Aragón cumple así la función de regular y ordenar los criterios que despejen incertidumbres jurídicas y den seguridad a las empresas. Así se conseguirá proteger al ciudadano de posiciones dominantes de opinión o de restricción de accesos a contenidos universales de gran interés o valor

II.- Aragón cierra la adecuación a la nueva legislación
 
Con el Decreto 81/2014, de 27 de mayo, al igual que Canarias, Navarra, País Vasco, Galicia, Extremadura, Cantabria y La Rioja, Aragón se adhiere a esta nueva configuración normativa del sector audiovisual televisivo y radiofónico, promoviendo el clima de liberalización del sector audiovisual que impera en la realidad social contemporánea. A partir de ahora, la regulación estará presidida por cinco principios vertebradores.

1.- Liberalización del sector audiovisual.
Se produce una modulación en el régimen de los servicios de comunicación audiovisual de carácter comercial y comunitario, dado que pasan de ser servicios públicos esenciales a servicios de interés general prestados en régimen de libre concurrencia.

2.- Se reducen las licitaciones a las licencias audiovisuales que usen el espectro
El Decreto trae consigo la limitación de la exigencia de concursos públicos para obtener las habilitaciones, puesto que tan sólo aquellas actividades audiovisuales que requieran la utilización de las ondas hertzianas serán objeto de licitación. Todas las demás tan sólo precisarán una comunicación previa.

3.- Modificación formal de la vigencia de las licencias: 15 años
La nueva vigencia temporal de las licencias audiovisuales de radio y TDT riojanas cambia sustancialmente, ya que a tenor del nuevo Decreto tendrán una duración de 15 años, en lugar de los 10 anteriores.

4.- No aplicación de Legislación de Contratos Públicos.
Al igual que en el resto de CCAA que han adaptado su régimen audiovisual, Aragón no aplicará directamente la legislación de contratos del Sector Público a los concursos de licencias de Radio FM y TDT que se convoquen. Desde ahora el Decreto 81/2014, la Ley General de Comunicación Audiovisual y la Ley del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón serán los hitos a tener en cuenta para la interpretación del desarrollo de las nuevas licencias.

5.- Más capacidad de transmitir licencias
Lo que supone más facilidad para que los titulares de licencias en La Rioja las puedan vender o alquilar una vez transcurridos 2 años. En este sentido la autorización ya no es discrecional sino reglada. Es decir, si cumples con los requisitos, la administración no se puede negar.

III.- Un avance de cómo serán los futuros concursos.-

El texto destina una gran parte de su articulado a reglamentar cómo será el otorgamiento de las nuevas licencias audiovisuales. Los medios que utilicen las ondas hertzianas tendrán que pasar por un concurso público si quieren obtener licencia para operar.

 El escenario legal planteado en el Decreto avanza con carácter general los aspectos relacionados con: (i) la capacidad de obrar, (ii) la documentación a aportar por los licitadores (Sobre 1 donde se recoge la documentación administrativa y Sobre 2, conformado por la Oferta Técnica), (iii) los criterios de valoración, que al menos, deberán ser (art. 12):

a) Incidencia en la pluralidad del mercado audiovisual.
b) Viabilidad económica y técnica del proyecto.
c) Características de la emisión y programación.
d) Fomento del empleo.
e) Emisión de contenidos de programación local aragonesa.
f) Experiencia profesional, que, en ningún caso, podrá representar un porcentaje mayor del 10% de la puntuación total del conjunto de criterios de valoración

En relación con lo composición de la Mesa de valoración, se establece el máximo de miembros (hasta 7, entre Presidente, Secretario y Vocales), y la posibilidad de acudir a asesores externos para evaluar los proyectos técnicos de radio y televisión. Asimismo se prevé la presencia de un Letrado de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El plazo que se tiene para notificar la resolución de los concursos será de 6 meses, al igual que en todas las convocatorias previas.

sábado, 7 de junio de 2014

UTECA "El Gobierno quiere aniquilar los canales gratuitos"

El director general de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca), Andrés Armas, ha asegurado que el Gobierno de Mariano Rajoy será recordado en la historia audiovisual de este país como “el impulsor de la televisión de pago”, por la adopción de medidas como el reciente cierre de nueve canales de TDT.

En un artículo que publica el último número de la revista de la Federación Nacional de Instaladores de Telecomunicaciones (Fenitel), Armas afirma que “parece que la intención del Gobierno no es otra que la de aniquilar los canales gratuitos”.

“A nuestro juicio, todo parece orquestado para que en el medio plazo, la televisión en abierto quede condenada a una mínima expresión, facilitando por falta de atractivo que se desarrollen las distintas formas de televisión de pago”, señala el directivo de Uteca.

Armas responsabiliza al Gobierno de haber tomado medidas que “solo pueden acarrear desastrosas consecuencias para el sector audiovisual español”. “Ha sido implacable, ignorando completamente las demandas de los ciudadanos y de las asociaciones de usuarios”, añade Armas.

En su opinión, más allá de la "preocupante reducción de la pluralidad informativa y de ocio que ha supuesto para los espectadores" la clausura de “algo más de un tercio de la oferta televisiva en abierto”, el cierre “va a suponer otro tipo de efectos devastadores para millones de españoles, tanto en el corto como el medio plazo”, porque un importante número de puestos de trabajo “se han puesto en riesgo” con esta decisión.

“Con el pretexto de cumplir a toda costa con la legalidad, el Gobierno está desencadenando una tormenta perfecta en el sector audiovisual”, subraya Armas, “amparándose en decisiones jurídicas muy cuestionadas por expertos independientes y sin tener en cuenta la opinión ni de espectadores ni de los principales agentes implicados”.

Armas concluye afirmando que las esperanzas del audiovisual están depositadas en blindar jurídicamente los 15 canales de TDT y los cuatro de alta definición que quedan, “que compiten desigualmente con la oferta de pago y la de TVE”.


Esto es lo que obligan a borrar a Google en virtud del Derecho al Olvido, de Samuel Parra

Mucho se está hablando últimamente de este “Derecho al olvido” y muchas son las voces que alertan de que la aplicación de este derecho derivará en una censura, en una Internet donde no encontraremos nada malo de nadie, ya que, con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Google está obligado a atender (que no necesariamente a estimar) las peticiones de ciudadanos europeos de cancelar sus datos personales del índice de resultados.

Este post es fruto de un estudio que he realizado de todas las Resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos del año 2013 relativas a Tutelas de Derechos de ciudadanos en las que requerían a Google retirar resultados de su índice de búsqueda; en otras palabras, es un estudio de todas las resoluciones de 2013 dictadas por nuestra autoridad de control resolviendo casos de los denominados “derecho al olvido”, personas que solicitaban al buscador Google eliminar determinados resultados y acudían a la Agencia para que les tutelase tras la negativa de Google. Considero que el muestro total del año 2013 es significativo a efectos de este estudio.
Me propuse dedicar tiempo y esfuerzo en ver todas las resoluciones de 2013 en las que se veía afectado el buscador, con la intención de ver si, en efecto, se acerca una nueva era de censura en la que buscaremos en Google la palabra “Bárcenas” y no saldrá nada negativo, o por el contrario, este derecho se está construyendo con cierta lógica y coherencia por parte de nuestra autoridad de control y lo que va a desaparecer es aquello que ha quedado obsoleto o que se demuestra falto a la verdad.
Muchos son los que han visto un peligro para la libertad de información y circulación de información por Internet en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el derecho al olvido frente a Google (en la que simplemente le ha venido a decir a Google que se le aplica nuestra legislación de protección de datos, nada más, como a cualquier otra empresa que actúe en España, pero esta es otra cuestión).

Por ejemplo, Enrique Dans publicaba un artículo titulado: “Sobre el imposible y absurdo “derecho al olvido” donde comentaba lo absurdo de tener que dirigirse al buscador para que retire contenido cuando lo razonable es dirigirse a la fuente.

También el propio Peter Fleischer hablaba de “censura” hace unos años cuando se debatía el tema del derecho al olvido, en un artículo publicado en el año 2011.

En Twitter también ha habido muchos comentarios en este sentido, desde prestigiosos despachos de abogados como el que dirige Carlos Almeida: @bufetalmeida “Con tanta memez de derecho al olvido, habrá que crear una herramienta para que las víctimas impidan el borrado de nombres de asesinos.”

Hasta uno de los propios abogados de Google, Yago Abascal, al afirmar, refiriéndose a la Agencia Española de Protección de Datos, como herramienta poderosa de censura sin competencia para ordenar la retirada ni ponderar los derechos en juego: @Yagoabascal: “Yo veo más poderosa a la administración censora sin competencia para ello ni ponderar nada de nada” (captura de pantalla del mensaje).

Pero también ha habido voces en el otro lado, por ejemplo Javier Sempere hizo un excelente análisis titulado: Derecho al olvido: ni censura ni límite al derecho de información donde precisamente comentaba el limitado alcance de este mal llamado “derecho al olvido”.

Por tanto, este estudio tiene también otro objetivo: determinar si todo lo que llega a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD en adelante) respecto a la supresión de resultados de Google es estimado de forma descontrolada y sistemática y sin atender cada caso concreto, sin ponderar, como varias personas han llegado a afirmar, o bien, la AEPD establece límites a este “derecho al olvido”, dispone de algunos criterios concretos y por tanto no todo será borrado por el simple hecho de ser solicitado.

Antes de empezar a ver los resultados, dejemos claras algunas premisas:
  • 1º: El ámbito del estudio es únicamente peticiones de retirada de enlaces frente al buscador Google, y no frente a la fuente.
  • 2º: La solicitud, reitero, es la retirada de la información del buscador y NO de la fuente original.
  • 3º: La petición de supresión del ciudadano puede terminar en tres estados: estimado (cuando la AEPD requiere a Google que elimine el resultado), desestimado (cuando la AEPD no estima la pretensión por algún motivo) e inadmitido (cuando falta algún requisito para que la AEPD pueda entrar a valorar el asunto).
Vayamos a los datos. En el año 2013 la AEPD dictó un total de 2100 resoluciones de Tutela de Derechos; de estas 2100, tan solo 89 han tenido incidencia en esto del “derecho al olvido” frente al buscador Google.
De esos 89 casos (que no tienen que ser necesariamente 89 noticias o 89 enlaces a suprimir, pueden ser más, de hecho son más), como decía, de esos 89 casos, fueron ESTIMADOS 26, y el resto desestimados o inadmitidos.

 Es decir, casi el 30% de los casos que llegaron a la AEPD terminaron en una resolución que obligaba a Google a eliminar resultados.

Este primer dato ya nos dice algo importante en abstracto: no todo lo que se solicita eliminar se termina ordenando su eliminación; hay un filtro muy importante que detiene la mayoría de las peticiones.

Pero vayamos a lo interesante; decía que se han estimado 26 casos; siguiendo la corriente que apuesta por una censura en Internet, de esos 26 casos la mayoría deberían ser de políticos corruptos, asesinos, estafadores y pedófilos, examinemos:
De esos 26 tenemos un total de 8 que hacen referencia a publicaciones en Boletines Oficiales. ¿Y qué es lo que contenían esas publicaciones oficiales?
Pues tenemos algunos boletines oficiales del año 1979 que contenían listados provisionales de aspirantes a algún puesto en la Administración; el caso de un edicto en el Boletín Oficial del Estado del año 1998 en el que se sacaba a subasta un inmueble de un señor que había sido vendido 5 años antes y por tanto ya no era suyo, o algunos casos en los que el Boletín había adoptado medidas de desindexación pero el buscador Google no las había respetado.
La AEPD argumenta en estos casos que la información publicada ha perdido la vigencia que en su día motivaba la publicación y se encuentran obsoletas. OJO, no siempre algo será obsoleto por el mero transcurso del tiempo, en el apartado de “Desestimadas” veremos varios casos en este sentido. Pero como digo, en esos casos concretos justifica la desindexación por el transcurso del tiempo. Eso sí, el ciudadano podrá seguir encontrando esta información consultando directamente el Boletín correspondiente.

Nos quedan 18 casos estimados, veamos qué más encontramos.
Otros 8 casos frente a noticias en prensa. Las noticias en prensa sobre las que se ordena la retirada del buscador son del año 1978, 1983, 1988, etc, la más “reciente” del año 1992; en estos casos la AEPD entiende que no hay necesidad de mantener esa información en el índice al considerarse obsoleta; en otro caso por ejemplo, se estima porque la noticia original hablaba de una imputación en un delito de blanqueo de capitales y al poco tiempo se emitió un auto de sobreseimiento (del cual nadie se hizo eco) por lo que procedía estimar la tutela del ciudadano.
Y nos quedan otros, 10, en los que hay un poco de todo. Tenemos desde un señor que solicitó a Google que eliminara de Street View la matrícula de su moto, en otro caso tenemos la petición para no indexar el nombre, apellidos, dirección, email y teléfono publicados en algunos directorios o en blogs personales, y también algunos casos en los que la información había sido eliminada de la fuente original pero Google seguía mostrando los datos personales.
De este primer bloque ya podemos extraer una conclusión: la AEPD, nuestra autoridad de control, resulta que no ha estimado ni una sola petición de información que o bien no fuera realmente obsoleta (20-30 años de antigüedad), o que no fuera exacta y puesta al día; de hecho, no ha estimado ni una sola petición de esos casos que comentan los partidarios de una red censurada: políticos corruptos, estafadores, asesinos, pedófilos, etc.

Pero examinemos los casos denegados pues arrojan más información.
De entre los casos denegados destaco los siguientes:
  • a) Abogado exalto cargo del gobierno. Pide eliminar de Google una noticia negativa, la AEPD le dice que no porque hay interés público en la noticia dada la relevancia y proyección pública del exalto cargo, aunque ya no tenga esa condición de “alto cargo” y haya pasado mucho tiempo desde que se publicó la noticia.
  • b) Alcalde. Pide eliminar de Google unos resultados de un blog donde lo critican en su actividad política. La AEPD le dice que prevalece el derecho a la libertad de expresión e información por su carácter de personaje público y que no se borra.
  • c) Exdiputada socialista. Pide eliminar múltiples resultados de Google relativa a información publicada en blogs y medios de comunicación. La AEPD deniega todo por los mismos motivos que en el caso anterior: libertad de información, relevancia pública de la información, etc.
  • d) Cargo público. Pide eliminar resultados de un blog que comenta negativamente su actividad como cargo público. Denegado.
  • e) Cargo público. Pide eliminar un resultado relativo a un comentario en un foro donde se reproduce una noticia del año 1999. Denegado.
  • f) Secretario General de un Organismo Público. Pide eliminar varias noticias de Google, todas denegadas.
  • g) Persona imputada en el caso ERE. Pide eliminar de Google varias noticias, la AEPD desestima todas las peticiones por ser un caso de especial relevancia e interés público y prevalece la libertad de información.
  • h) Personaje anónimo sobre el que publican varios mensajes relativos a hechos delictivos, solicita la retirada de Google y le es denegada ya que no acredita que la información sea inveraz.
  • i) Indulto en Boletín Oficial del Estado; se deniega porque es reciente.
  • j) Personaje anónimo sobre el que se publican noticias relativas a un delito de narcotráfico y blanqueo de capitales, la AEPD desestima todas las pretensiones y no requiere a Google a eliminar nada.
A poco que se preste atención a las solicitudes denegadas se aprecian varios denominadores comunes:
  1. Los personajes públicos no van a gozar de este “derecho al olvido”; muchos son los casos de políticos inmersos en asuntos de corrupción que han acudido invocando este derecho y se les ha denegado sistemáticamente.
  2. Si la información tiene relevancia pública y es actual se va a quedar en el buscador; y habrá casos, como los que hemos visto, que incluso cuando la información no sea actual, tampoco será eliminada.
Luego hay un gran número de peticiones inadmitidas porque o bien se presentaron con algún defecto de forma o bien no se atendieron los requerimientos posteriores que le hizo la AEPD al solicitante.
Después de este muestreo de todo un año de la actividad de la AEPD en lo referente a la concesión o no de este “derecho al olvido” parece claro que no podrá ser utilizado por políticos corruptos, pedófilos y demás delincuentes para ocultar sus fechorías en la red, sino que se está construyendo en base a principios racionales y de respeto hacia personas que ya han superado una fase concreta de su vida y no deben tener la carga de soportar, indefinidamente en Internet, esos sucesos pasados.

Es por tanto falso también que nuestra autoridad de control no pondere cada caso que le llega y no aplique límites que puedan ver comprometida la libertad de información que circule por el buscador Google, al contrario, según sus propios criterios no será tan fácil lograr alcanzar ese “derecho al olvido” y menos si se trata de personajes públicos/políticos o de criminales, tal y como ha quedado demostrado.

Los datos completos analizados aquí.

Fuente: Blog de Samuel Parra
http://www.samuelparra.com/2014/06/02/obligan-borrar-google-virtud-derecho-al-olvido/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+SamuelParra+%28Samuel+Parra%29

miércoles, 4 de junio de 2014

La TDT de Andalucía anulada judicialmente

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada,  ha notificado la Sentencia nº 1565 de 2014, por las que se declaran nulas todas las concesiones de la TDTL en Andalucía.

Tras la tramitación del procedimiento en todas sus fases, el fallo obtenido por la entidad Producciones Televisivas Onda Mar Almería S.L., ha terminado por anular un nuevo reparto. Concretamente el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 29 de julio de 2008, por el que se resuelve el otorgamiento de las concesiones de TDTL para su gestión por particulares.

Las razones que esgrime el Tribunal son bastante concluyentes en su exposición y reprocha que la Junta de Andalucía procediera a adjudicar unas licencias teniendo conocimiento de las Sentencias que anulaban algunas bases del concurso y varios artículos del Decreto 1/2006, de 10 de enero, por el que se regula el régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres en Andalucía.

De este modo, no será posible retrotraer los efectos al momento anterior de la valoración, como ocurre en los casos de Canarias y Valencia, sino que será necesario convocar un nuevo concurso. Así se deriva del texto del Fundamento Jurídico Tercero de la Sentencia donde se plasma que no es posible adjudicar en 2008 en base a una normativa declara nula el 2007.
En la actualidad hay más de 20 recursos que tendrán el mismo destino: anulación de las licencias, en base al principio de unidad de doctrina.
Ahora, Andalucía se suma a las CCAA (Canarias, Valencia, y Galicia) donde las empresas adjudicatarias están en la misma incertidumbre que las que no lo fueron, ya que todas están desprovistas de licencias para emitir.