miércoles, 31 de julio de 2013

Dos CCAA más se adecuan a la nueva legislacion audiovisual: Cantabria y Extremadura

El mes de julio ha sido bastante fructífero en cuanto a la adecuación de las CCAA al nuevo orden audiovisual. Cantabria publicó en el BOC del pasado viernes, 26 de julio, el Decreto 46/2013, de 11 de julio, sobre Servicios de Comunicación que afecta exclusivamente a su ámbito regional. El 30 de julio, Extremadura anunció la aprobación de su Decreto Audiovisual, pendiente tan solo de su publicación en el DOE.

Con Cantabria y Extremadura ya son 7 CCAA las que han desarrollado las nuevas pautas legales sobre medios de comunicación que introdujo la Ley, 7/2010, de 31 de Marzo, General de Comunicación Audiovisual (LGCA).

El objetivo buscado por los Decretos audiovisuales, es la de derogar formalmente una normativa autonómica ya que se basaba en una legislación estatal derogada desde el 2010. De este modo, ambas CCAA ajustan su legislación al nuevo régimen jurídico instaurado con la promulgación de la LGCA. Los textos normativos pretende ordenar y actualizar la legislación audiovisual cántabra y extremeña vigente, hasta ahora dispersa, incompleta y obsoleta, y amparar los nuevos modelos de negocio y condiciones de las oferta derivados de la ampliación de redes y nuevas tecnologías.

I.- Respuesta normativa a la evolución del sector audiovisual.-
El sector audiovisual ha experimentado una rápida evolución, por la implantación de la tecnología digital y la irrupción de internet. Este escenario facilita el acceso de los usuarios a dichos servicios, y ocasiona la fragmentación de las audiencias que ha variado los modelos de negocio. Tanto en radio como en televisión.
Con los nuevos Decretos, Cantabria y Extremadura tratan de despejar las incertidumbres jurídicas del sector y dar seguridad a las empresas de radio y televisión. Así se conseguirá proteger al ciudadano de posiciones dominantes de opinión o de restricción de accesos a contenidos universales de gran interés o valor

II.- Cantabria y Extremadura cierran la adecuación a la nueva legislación.-
El primer paso en la adaptación del marco jurídico autonómico se logró con las transformaciones en licencias audiovisuales de las antiguas concesiones administrativas de Televisión Digital Terrestre (TDT) y de radiodifusión sonora en FM.
Con el Decreto 46/2013, de 11 de julio, en Cantabria y el Decreto de Extremadura (aún no publicado en el DOE), se introducen en los ordenamientos autonómicos la realidad de los servicios no lineales (que usan el cable, satélite, internet mediante Protocolo IP, o dispositivos móviles para su difusión) además de satisfacer las necesidades de modernización y simplificación de la regulación de los tradicionales servicios lineales. Al mismo tiempo, se recogen expresamente las notas que definen el denominado tercer sector audiovisual: las comunicaciones comunitarias sin ánimo de lucro.
Al igual que Canarias, Navarra, País Vasco, Galicia, La Rioja, y Aragón (en proyecto), Extremadura y Cantabria se adhieren a esta nueva configuración normativa del sector audiovisual televisivo y radiofónico, promoviendo el clima de liberalización del sector audiovisual que impera en la realidad social contemporánea. A partir de ahora, la regulación estará presidida por cinco principios vertebradores.
1.- Liberalización del sector audiovisual radiofónico.
Se produce una modulación en el régimen de los servicios de comunicación radiofónica de carácter comercial y comunitario, dado que pasan de ser servicios públicos esenciales a servicios de interés general prestados en régimen de libre concurrencia.
2.-Se reducen las licitaciones a las licencias radiofónicas que usen el espectro
Los Decretos traen consigo la limitación de la exigencia de concursos públicos para obtener las habilitaciones, puesto que tan sólo aquellas actividades audiovisuales que requieran la utilización de las ondas hertzianas serán objeto de licitación. Todas las demás tan sólo precisarán una comunicación previa.
3.- Modificación formal de la vigencia de las licencias: 15 años
La nueva vigencia temporal de las licencias audiovisuales de radio y TDT cántabras y extremeñas cambia sustancialmente, ya que a tenor del nuevo Decreto tendrán una duración de 15 años, en lugar de los 10 anteriores.
4.- No aplicación de Legislación de Contratos Públicos.
Al igual que en el resto de CCAA que han adaptado su régimen audiovisual, Cantabria y Extremadura no aplicará la legislación de contratos del Sector Público a los concursos de licencias de Radio FM y TDT que se convoquen. Desde ahora las normas de aplicación serán los Decretos Audiovisuales, la Ley General de Comunicación Audiovisual y la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria y Extremadura serán los hitos a tener en cuenta para la interpretación del desarrollo de las nuevas licencias.
5.- Más capacidad de transmitir licencias
Lo que supone más facilidad para que los titulares de licencias en Cantabria y Extremadura las puedan vender o alquilar una vez transcurridos 2 años. En este sentido la autorización ya no es discrecional sino reglada. Es decir, si cumples con los requisitos, la administración no se puede negar.

III.- Un avance de cómo serán los futuros concursos.-
Los textos destinan una gran parte de su articulado a reglamentar como será el otorgamiento de las nuevas licencias audiovisuales.  Los medios que utilicen las ondas hertzianas tendrán que pasar por un concurso público si quieren obtener licencia para operar.
El escenario legal planteado en el Decreto 46/2013, de 11 de julio, en Cantabria (Extremadura no ha sido publicado) avanza con carácter general los aspectos relacionados con: (i) la capacidad de obrar, (ii) la documentación a aportar por los licitadores (Sobre 1 donde se recoge la documentación administrativa y Sobre 2, conformado por la Oferta Técnica), (iii) los criterios de valoración, que al menos, deberán ser (art. 12):
a) la viabilidad económica y estructural de la emisora.
b) las características técnicas y operativas del proyecto.
c) las características de la emisión y programación.
d) el compromiso de no transmitir la licencia durante un periodo determinado siempre
que sea superior al de 2 años establecido en el artículo 29.2.a) de la LGCA.
e) la aportación a la pluralidad de la oferta de prestadores de comunicación audiovisual.
En relación con lo composición de la Mesa de Valoración, se establece que habrán de ser 7 personas, entre las cuales habrá de estar un letrado adscrito a la Dirección General del Servicio Jurídico y un interventor del Gobierno de Cantabria (art. 10 del Decreto 46/2013). Del mismo modo, se establece la posibilidad de acudir a asesores externos para evaluar los proyectos técnicos de radio y televisión. Pero sí se prevé que en el caso de que ninguna de las ofertas no alcance los requisitos exigidos se podrá declarar desierto el concurso o alguna de las licencias en juego. Una vez analizados los proyectos, se formulará propuesta de adjudicación de licencias.
El plazo que se tiene para notificar la resolución de los concursos será de 6 meses, al igual que en todas las convocatorias previas.

martes, 30 de julio de 2013

Extremadura adecua su legislacion al nuevo ordenamiento audiovisual

El Ejecutivo extremeño ha aprobado el decreto de Comunicación Audiovisual de la Comunidad autónoma de Extremadura que regula el ejercicio de las competencias que corresponden a la administración regional en relación con los servicios de comunicación audiovisual (radio y televisión) que se prestan en el ámbito de la comunidad autónoma.

En el texto se definen los servicios de comunicación audiovisual radiofónicos, televisivos y conexos e interactivos como "servicios de interés general que se prestan en el ejercicio del derecho a la libre expresión de ideas, del derecho a comunicar y recibir información, del derecho a la participación en la vida política y social y del derecho a la libertad de empresa y dentro del fomento de la igualdad, la pluralidad y los valores democráticos".

Se excluyen de la aplicación del decreto las redes y servicios de comunicaciones electrónicas utilizados para el transporte y difusión de la señal de los servicios de comunicación audiovisual, sus recursos asociados y los equipos técnicos necesarios para la recepción de la comunicación audiovisual; y las personas físicas o jurídicas que únicamente difundan o transporten la señal de programas audiovisuales cuya responsabilidad editorial corresponde a terceros, según ha informado el Ejecutivo extremeño tras la celebración del Consejo de Gobierno.

También las comunicaciones audiovisuales sin carácter económico, a excepción de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, así como los servicios que no constituyan medios de comunicación en masa, es decir, que no estén destinados a una parte significativa del público y no tengan un claro impacto sobre él, y en general cualesquiera actividades que no compitan por la misma audiencia.

Finalmente, estarán excluidos los sitios web de titularidad privada y los que tengan por objeto contenido audiovisual generado por usuarios privados, así como el ente público 'Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales', que se rige por su normativa específica.

Con la aprobación de este decreto la Comunidad Autónoma adapta su legislación propia en la materia (Decreto 131/1994 de 14 de noviembre que regulaba el procedimiento de concesión de emisoras de radiodifusión sonoras; el Decreto 12/1999 de 26 de enero que regulaba el procedimiento para la renovación de las concesiones de FM y el Decreto 36/2006 de 21 de febrero, por el que se regulaba el régimen del servicio público de TDT local) a la Ley estatal de Comunicación del año 2010.

Guerra Total entre Gobierno de Canarias y los Medios: Una television acusa a Martín Marrero de prevaricacion

Según informa El Diario de Tenerife, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de los de Santa Cruz, Nuria Navarro García, ha admitido a trámite una querella por un supuesto delito de prevaricación administrativa contra el vice-consejero de Comunicación del Gobierno de Canarias, Martín José Marrero Pérez.

La querella fue interpuesta por la entidad La Voz del Valle, S.L., que es propietaria de la antigua emisora de televisión Mi Tierra, que emitía en ese momento desde el Puerto de la Cruz. El letrado que representa a Mi Tierra es Pedro González Delgado.

Dice la juez en su auto, que conocieron ayer las partes y que tiene fecha 26 de julio, que “pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de delitos de prevaricación administrativa… procede su admisión a trámite y la incoación de diligencias previas, así como la práctica de las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias”.

Entre las diligencias ordenadas por la jueza está la declaración del querellado, Martín José Marrero, que se señala para el 17 de octubre próximo, a las 10 horas, en la sede judicial citada. Se da cuenta al fiscal de la resolución judicial y también a las demás partes personadas.

La querella alude a los continuos varapalos judiciales sufridos por el Gobierno de Canarias en los tribunales de justicia. E indica: “Aquí empieza la primera fase del iter criminis, según nuestro parecer, la fase doctrinalmente conocida de preparación, ya que en tal momento determinados responsables políticos y administrativos, muy probablemente con la anuencia e incluso el apoyo de entidades privadas, adoptaron verosímilmente el designio de excluir y cerrar Mi Tierra Televisión, ya que se trataba de una cadena independiente que nunca ha recibido publicidad institucional del Gobierno de Canarias y ajena a los partidos políticos y a los grandes grupos empresariales mediáticos…”.

La querella contra Martín Marrero alude a las sanciones supuestamente arbitrarias impuestas a Mi Tierra TV, como una de 500.001 euros y el precinto de sus equipos, “con voluntad de silenciar al querellante”. También denuncia la pasividad de la Administración ante los escritos de defensa presentados por el querellante, “pero contra Mi Tierra TV existe una celeridad sorprendente para una Administración Pública, con notificaciones realizadas a través del chofer del presidente del Gobierno de Canarias, tal y como consta en los expedientes administrativos, y sin embargo las denuncias formuladas contra medios de comunicación afines caen en el olvido con una absoluta omisión por parte del querellado, que actúa, según nuestro parecer, con un evidente agravio comparativo inspirado por una clara desviación de poder… una “vendetta” personal contra mi representada”, indica el texto de la querella.

La pieza acusatoria termina pidiendo al juez –que, de momento, no ha adoptado esta medida— que solicite una fianza no inferior a 30.000 euros a Martín Marrero, o en su caso el embargo de sus bienes, para asegurar las responsabilidades pecuniarias del proceso.

Fuente: El Diario de Tenerife

 
 

lunes, 29 de julio de 2013

La retirada de los canales de televisión planea sobre los medios

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ya ha sido informado desde vicepresidencia del Gobierno de que a partir de ahora, quien va a manejar los tiempos en los temas candentes con los grupos mediáticos va a ser Soraya Sáenz de Santamaría. De ella depende la ejecución de la sentencia del Supremo y ahora también va a controlar la implantación del Dividendo Digital, dos procesos en marcha que mantienen en vilo a los grandes grupos de comunicación y que han provocado su enfrentamiento directo contra el Gobierno.

Aún arden los rescoldos del último incendio provocado en el seno del Gobierno por el enfrentamiento entre Soria y Cristóbal Montoro a costa de la reforma energética, e Industria ya cuenta con otra vía de agua abierta. Ahora no se trata del kilovatio, sino del Dividendo Digital, el proceso por el cual los países europeos utilizarán algunas de las frecuencias ahora destinadas a la Televisión Digital Terrestre (TDT) para reforzar los servicios de telefonía móvil avanzada.

El Ministro de Industria sigue empeñado en adelantar en un año la llegada a España de ese Dividendo Digital. En Europa se ha fijado la fecha límite en el 1 de enero de 2015 y Soria quiere que nuestro país sea la avanzadilla de entre sus vecinos y lo aplique el 1 de enero de 2014.

Los fabricantes y los grupos de comunicación y televisión se han opuesto en rotundo a las "innecesarias prisas del ministro por hacer todo un año antes y presumir, no sabemos de qué, en Bruselas", en palabras de uno de los afectados.

De la guerra abierta ya está informada la vicepresidencia, precisamente en un momento en el que algunos grupos mediáticos están siendo muy críticos con las políticas de recortes de Rajoy y los escándalos de corrupción en el PP. Sáenz de Santamaría y su equipo están sopesando si merece la pena seguir cabreando aún más a un sector tan sensible y tan al borde de la quiebra como el de las televisiones o es mejor contemporizar, no adelantar el Dividendo Digital y poner en valor ese gesto, señalan fuentes del entorno del Ejecutivo.

Los grandes grupos mediáticos temen perder dos multiplex, uno por la sentencia del Supremo y otro por el adelanto del Dividendo Digital
Porque los grandes perdedores de la llegada del Dividendo Digital son los grupos mediáticos: Antena 3 (más La Sexta), Mediaset (Telecinco y Cuatro), Sogecable, VEO TV (El Mundo) y Net TV (Vocento), que van a perder un múltiplex y tendrán que apretar la misma programación en menos espacio radioeléctrico.

Pero además, sobre ellos pesa la espada implacable del Supremo (y de Soraya, pues es el Gobierno el que tiene que ejecutar la sentencia), que en diciembre pasado declaró nulo el acuerdo de julio de 2010 del Consejo de Ministros por el que se entregó un múltiplex completo (con capacidad para emitir cuatro canales convencionales) a Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo7, Net Televisión y La Sexta por no ser "conforme a derecho".

La sentencia provocó verdadero pavor entre esos grupos, algunos de ellos en situación de quiebra técnica por la brutal caída de ingresos de publicidad por la crisis. Pero más pavor aún les dio la decisión del Consejo de Ministros que en marzo pasado acordó ejecutar esa sentencia.
Desde entonces, el tira y afloja entre los grupos mediáticos y el Gobierno ha sido digno de seguimiento, especialmente por el alto nivel crítico o el sospechoso peloteo, según el caso, desplegado por todos ellos en torno a la figura de Rajoy.

Su mano derecha, la vicepresidenta, avisó en ese Consejo de Ministros que se aplicaría la Ley y los grandes grupos perderían otro múltiplex más (el que les quita el Dividendo y el de la sentencia). Mientras tanto, el ministro Soria ha seguido haciendo la guerra por su cuenta y no ha dado marcha atrás en su guerra con todo el sector, excepto con los operadores de telefonía móvil que callan a la espera de recibir sus nuevas frecuencias para los servicios 4G.

La guerra es tal que la patronal del sector, Ametic, mandó a finales de mayo una dura carta a la vicepresidenta pidiéndole que frenara a su ministro y alertando de la supuesta pérdida de 50.000 empleos por culpa del Dividendo Digital.

No se sabe si la carta ha tenido o no efecto en el Ejecutivo, pero lo que sí confirman fuentes políticas es que Sáenz de Santamaría está manejando los tiempos para tratar de atar en corto a los grupos mediáticos con la amenaza de ejecución de la sentencia y el posible aplazamiento de la llegada del Dividendo hasta el 1 de enero de 2015, en contra de lo que defiende Soria.

La resolucion del concurso de licencias FM de Murcia se amplia 6 meses más

La Región de Murcia  ha dictado una resolución por la que se amplía el plazo inicial para resolver el concurso público de 51 licencias de radio FM que vencía el pasado 28 de julio. Con esta nueva actuación se aplaza la resolución del concurso hasta el próximo 28 de enero de 2013. 6 meses más de los inicialmente concedidos por las bases reguladoras del procedimiento selectivo.

La resolución se ha adoptado el pasado 26 de julio de 2013, y se ha dado a conocer en el día de hoy, 29 de julio, por notificación a los interesados.

Las razones que esgrime la CARM son:
  • El excesivo número de ofertas presentadas al concurso, 421.
  • La complejidad de las propuestas a analizar
  • Petición razonada de la Comisión Técnica que asesora a la Mesa de Valoración
Por estos motivos se impide a la administración cumplir con los plazos previstos, de ahí que se amplíe el plazo de 6 meses.

Este tipo de medidas no suponen ninguna novedad ya que la mayoría de las comunidades autónomas han ampliado el plazo para resolver las concesiones por la misma motivación: la ingente cantidad de proyectos presentados para un número limitado de licencias. .

Así, el plazo para resolver queda fijado para el próximo 28 de enero de 2013

domingo, 28 de julio de 2013

La Justicia condena a una tienda por venta ilícita de videojuegos y 'chipeo' de consolas

El responsable de una tienda de Jerez de la Frontera ha visto confirmada una condena de 2011 a seis meses de prisión por la Audiencia Provincial de Cádiz, que considera probado que el condenado vendía videojuegos 'piratas', y le reprocha la distribución de consolas modificadas para poder cargar juegos no autorizados.

Según la propia sentencia, por un lado la Audiencia de Cádiz señala que los indicios hallados durante la investigación inicial -videojuegos copiados y situados en la zona de venta y no en el domicilio del condenado, con carátulas fotocopiadas, y que hubiera más de una copia de varios juegos- indican que no eran copias de seguridad sino que estaban destinadas a su comercialización.

Por otro lado, la sentencia entra a interpretar el artículo 270.3 del Código Penal para indicar que la tenencia y comercialización de 'chips' que modifican consolas es punible, tal y como había resuelto el juez de la primera instancia. Se trata de una interpretación que, sin embargo, no coincide con otros casos anteriores en los que se ha juzgado el 'chipeo' de consolas.
Así, la Audiencia de Cádiz estima que, aunque la redacción actual de este artículo se refiera a "cualquier medio específicamente destinado" a suprimir o neutralizar las protecciones anticopias, esto no significa "exclusivamente destinado".

Es decir, los magistrados aseguran que el uso y la distribución de estos 'chips' puede vulnerar la propiedad intelectual aunque esos dispositivos permitan más funciones aparte de jugar a juegos 'pitaras' (como convertir la consola en un ordenador, por ejemplo), y pese a que la propia Directiva 1/125/CEE hable de que los dispositivos tengan el "uso único" de eliminar la protección anticopia.
La razón que da la Audiencia de Cádiz es que, de otro modo, "supondría reconocer de facto el derecho a lesionar los derechos del titular de propiedad intelectual o industrial copn la sola acción de ampliar las funciones de la videoconsola. No tiene justificación alguna [...] que pueda provocar la desaparición del derecho de otro sólo porque decide incrementar las funciones de una videoconsola".

'Programa político criminal racional'

Incluso los magistrados van más allá en su interpretación y aseguran que "la decisión de beneficiar al autor de la perturbación disminuyendo los derechos legalmente adquiridos por el titular de los mismos es claramente contraria a cualquier programa político criminal racional".
En la sentencia se justifica además que existe intención por parte del condenado el cual, "aún cuando persiguiera la finalidad de una ampliación de las funciones de la videoconsola que no resulte ilícita, [...] se tuvo que representar el carácter antijurídico del acto y no obstante decidió realizarlo, con lo que se constata la existencia de dolo ínsito en su conducta".
El condenado, cuyas siglas son S. M. P., también deberá pagar un total de 585 euros a varias compañías denunciantes, en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

La patronal lo celebra

En una nota, la patronal del videojuego aDeSe ha celebrado esta decisión, de la que remarca que "el magistrado considera que la instalación y la comercialización de estos 'chips', a pesar de que puedan tener otros usos legales como el incremento de las funciones de una videoconsola, provoca la desaparición del derecho de propiedad intelectual mediante la desprotección de programas. Esta finalidad y no otra, supone la razón de la adquisición del producto".
Dicha patronal pone sus esperanzas en la próxima reforma del Código Penal impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cuyo anteproyecto prevé hasta tres años de cárcel por el 'chipeo' de las consolas.

"aDeSe recuerda que se han dictaminado anteriormente sentencias contradictorias a este respecto debido a la ambigüedad del actual Código Penal acerca del carácter delictivo de estos dispositivos", afirma la nota, y añade: "Ante esta dificultad de interpretación, aDeSe muestra su apoyo a la actual reforma que está impulsando el Ministerio de Justicia para clarificar los términos. De este modo, el nuevo Código Penal se adaptará a las directivas europeas sobre Propiedad Intelectual y se evitará que España sea el único país europeo donde se distribuyen estos dispositivos impunemente".

Fuente: Pablo Romero. El Mundo

sábado, 27 de julio de 2013

Cantabria adecua su legislación audiovisual con su nuevo Decreto

El Boletín Oficial de Cantabria publicó el pasado viernes el decreto del Gobierno regional sobre Servicios de Comunicación Audiovisual que tiene por objetivo ordenar y actualizar la norma audiovisual y el propio sector.

El Decreto, con 38 artículos repartidos en seis capítulos, trata de adecuar la normativa en Cantabria al nuevo régimen jurídico establecido con la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, y de ordenar y actualizar la norma audiovisual y el propio sector.

Se ha elaborado tras un procedimiento de información pública en el que ha participado el sector así como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el Consejo de Estado.

Contempla aspectos como la consideración de los servicios de comunicación audiovisual como servicios de interés general en lugar de servicios públicos y, en línea con esta idea, la liberalización de los servicios de comunicación audiovisual de carácter comercial y comunitario, exigiendo solamente el concurso público a aquellos que utilicen el dominio público radioeléctrico.

La nueva normativa sirve para establecer las pautas que se seguirán para valorar los proyectos que se presenten a las nuevas licencias de televisión y de radio en futuras convocatorias.

En este sentido, el artículo 14 del Decreto recoge el procedimiento de otorgamiento y establece los criterios mínimos que se valorarán en los concursos públicos, entre ellos la viabilidad económica y estructural de la emisora, las características técnicas y operativas del proyecto, las características de la emisión y programación y el compromiso de no transmitir la licencia durante un periodo determinado.

Accede al Decreto: http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=252054

jueves, 25 de julio de 2013

El CAC recibe 221 solicitudes para las 23 frecuencias de la FM. Faltan las presentadas por correos

El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) ha recibido un total de 221 solicitudes en relación con el concurso público para la adjudicación de 23 licencias de radio en frecuencia modulada (FM). El número de solicitudes recibidas es provisional, dado que todavía pueden llegar por correo certificado, dentro del plazo establecido. Las 221 ofertas las han presentado 41 licitadores, cada uno de los cuales opta a un número variable de licencias.

El periodo de presentación de proposiciones comenzó el 31 de mayo, al día siguiente de la publicación del anuncio de la licitación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), y finalizó ayer 23 de julio.

 El CAC deberá resolver el concurso en el plazo máximo de seis meses, a contar desde la publicación de la convocatoria en el DOGC, sin perjuicio de eventuales ampliaciones de plazo, de conformidad con la normativa vigente.

 El objeto del concurso son 23 licencias de radio en FM destinadas a la explotación comercial. Todas las frecuencias, salvo la correspondiente al 95.8 MHz (Tremp), fueron asignadas en 2006 a la prestación del servicio público audiovisual por parte de las entidades locales y su gestión se atribuyó al Consorci de Comunicació Local. En 2011, a raíz de un recurso de la Associació Catalana de Radiodifusió (ACR), el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dispuso que estas frecuencias fueran objeto de nueva asignación conforme a derecho. Mediante el Decreto de 2 de abril de este año, el TSJC declaró firme la sentencia dictada.

En cuanto a la frecuencia restante -95.8 MHz (Tremp)-, la concesión correspondiente la otorgó el Gobierno de la Generalitat a la sociedad Ràdio 13 de Catalunya, SAU, en 1995 y quedó extinguida en 2010.

Las bases del concurso convocado por el CAC establecen la siguiente puntuación: propuesta tecnológica, 80 puntos; propuesta económica, 80 puntos; propuesta de programación, 210 puntos, y propuesta estructural, 80 puntos.

Desde que el CAC asumió las competencias plenas sobre los títulos habilitantes para la prestación de servicios audiovisuales ha convocado dos concursos: en 2008 convocó y resolvió un concurso de 83 frecuencias de radio en FM, de acuerdo con el régimen concesional vigente en ese momento; el segundo es el actual concurso público de 23 frecuencias, que, de acuerdo con la transformación de los títulos habilitantes establecida por la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual (LGCA), se lleva a cabo en régimen de licencia.

 Las licencias de radio se adjudicarán por un plazo de 15 años, sin perjuicio de sus posibles renovaciones previstas en el artículo 28 de dicha Ley.

martes, 23 de julio de 2013

Lo que saben los gobiernos a partir de nuestros metadatos

Metadatos, ese concepto. Hasta hace nada era apenas un término casi exclusivamente empleado por programadores informáticos. Sin embargo, con la filtración de las labores de espionaje llevadas a cabo por distintos gobiernos (EEUU, Francia, Alemania o Reino Unido -que se sepa, de momento-) se ha ganado un lugar en los titulares y se ha trasformado en sinónimo de invasión a nuestra privacidad sea bajo llamadas telefónicas o correos electrónicos.

En los pasillos del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) hace años que investigan el potencial de los metadatos. Recientemente, un proyecto del Media Lab permite elaborar un infográfico dinámico de nuestro perfil a partir del rastreo de los metadatos de nuestra cuenta de correo electrónico. Sin más, un proceso muy parecido al que estuvo empleando la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) americana en sus labores de espionaje y rastreo de metadatos, según denunció el exempleado y miembro de la CIA (Centro de Inteligencia Americano) Edward Snowden.
La aplicación, de nombre Immersion y que por ahora sólo es operativa con una cuenta de Gmail, rastrea exclusivamente los metadatos del remitente, destinatarios y tiempo para elaborar un mapa interactivo de nuestro perfil y nuestros contactos. Cada uno de ellos se representa con un círculo que poseerá menor o mayor tamaño en función de nuestras interacciones con el mismo.
Los creadores de la aplicación animan a los interesados a volcar sus metadatos para crear su radiografía de contactos. Si no, también ponen a disposición una versión 'demo' con varios ejemplos ficticios para observar el funcionamiento de la herramienta.

Además de una visualización por tamaño, los contactos quedan agrupados en función de sus interacciones, se resalta la fortaleza de los vínculos al pasar por encima de cada contacto, se añade un filtro temporal y cada contacto enlaza a una radiografía individual.
Esta idea responde al ingenio y creatividad de tres estudiantes del departamento del Media Lab del MIT y fue lanzado al público el pasado 30 de Junio. Uno de los líderes intelectuales de la herramienta es el profesor chileno que ejerce en el mismo centro, César Hidalgo.

En declaraciones al Boston Globe, Hidalgo declara su estupefacción ante la polémica de los metadatos puesto que este es un campo que "los académicos estudian desde 2004 y 2005". "Hasta ahora nadie se preocupaba por nosotros y todo el mundo pensaba que trabajar con registros de teléfonos móviles o correos electrónicos era por curiosidad o una estupidez", sentencia.
Hidalgo añade que el estudio de los metadatos en nuestra vida digital ofrece una visión más profunda del uso que hacemos de las redes convencionales. Con sus palabras, "Facebook o Twitter es como mirar por la ventanilla del coche, mientras que el estudio de los metadatos es como mirar el GPS".

Los gigantes de Internet piden mayor transparencia a la NSA

Apple, Google, Facebook, Microsoft y Twitter se han unido para exigir un cambio radical en los protocolos de vigilancia del gobierno de Estados Unidos. En una carta que será publicada hoy jueves, y a cuyo texto tuvo acceso el portal de noticias AllThingsD, los gigantes de Internet exigirán al presidente Obama y a los líderes del Congreso que permita a los proveedores de servicios de Internet y telefonía informar a la ciudadanía sobre los datos que suministran a las agencias de vigilancia.

En la misiva, 63 empresas firmantes, entre ellas compañías de Internet, inversionistas y ONG, solicitan permiso para hacer público el número de peticiones gubernamentales sobre información de sus usuarios, la cantidad de individuos, cuentas o dispositivos de donde provienen los datos y el número de peticiones que incluyen contenidos e información básica del suscriptor de la cuenta.
La coalición también pide que el gobierno publique un reporte de transparencia que contenga la misma información e indique el número total de peticiones hechas a todas las compañías y la cantidad global de usuarios afectados.

Más divulgación

"Durante años se ha publicado información básica sobre cómo el gobierno ha utilizado sus agentes de investigación judicial sin que haya habido, aparentemente, ninguna interrupción en los procesos penales", señala la carta en su texto. "Pedimos permiso para que la misma información relacionada con la agencia de seguridad nacional (NSA) se ponga a disposición del público. Esta información acerca las autoridades judiciales es importante para el pueblo estadounidense, que tiene derecho a tener un debate público sobre la idoneidad de las mismas y de su utilización".

La carta es tal vez la más clara llamada de atención para una mayor divulgación del gobierno estadounidense sobre sus actividades de vigilancia en la comunicación digital tras las filtraciones de Edward Snowden. El ex empleado de la CIA reveló a la prensa la autorización judicial de la NSA para supervisar las llamadas telefónicas de millones de usuarios, así como la existencia del denominado programa 'Prism', que permite a las agencias de inteligencia acceder a la información que millones de usuarios almacenan en los servidores de compañías como Google, Microsoft y Facebook.

Además de los ya mencionados, la petición fue firmada por compañías como AOL, Dropbox, Yahoo, Mozilla, LinkedIn, Meetup, Reddit, Tumblr y varias organizaciones de derechos civiles, como la fundación 'The Electronic Frontier'.

El Secretario de Estado, mediador en el conflicto entre Canal+ y Mediapro

El Estado mediará en el nuevo conflicto entre Canal+ y Mediapro a cuenta del pago de los derechos del fútbol. Si la paz en esta guerra parecía firmada hace un año, y por las próximas tres temporadas, este verano vuelven a sonar los tambores. Canal+ solicitó "formalmente" la intervención de un mediador independiente que dirimiera las "diferencias detectadas" sobre el precio de los derechos televisivos del fútbol de la temporada 2012-2013 en el contrato con Mediapro y clarificara la situación para las dos siguientes. Mediapro propuso al presidente de la LFP, Javier Tebas, algo que rechazó la plataforma audiovisual de Prisa. Ahora, la productora catalana acepta que el intermediario sea Miguel Cardenal, Secretario de Estado para el Deporte.

En la tarde de este lunes, Canal+ comunicaba que había propuesto a Mediapro que sus respectivos auditores -Deloitte y PricewaterhouseCoopers (PwC)- sean los que elijan a un tercer auditor "independiente" que realice "la comprobación efectiva" de los costes de adquisición de los derechos de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de varias temporadas.
En un comunicado, Canal+ señala que para "garantizar el pacífico desarrollo" de la explotación de los derechos audiovisuales de la LFP para las próximas temporadas ha propuesto el nuevo acuerdo, que se firmaría en presencia del Secretario de Estado para el Deporte.
La nueva propuesta consiste, según el comunicado, en que PwC y Deloitte designen un tercer auditor independiente, que en el plazo de 30 días realice la comprobación efectiva de los costes de adquisición de los derechos audiovisuales de la LFP correspondientes a las temporadas 2012-13, 2013-14 y 2014-15 declarados a la firma del Contrato, lo que determinará el ajuste del importe de los pagos.

La iniciativa, según Canal +, contempla el abono a Mediapro del importe retenido "inmediatamente" después de que el tercer auditor acepte el encargo. Por su parte, prosigue el comunicado, Mediapro tendría que comprometerse al integro cumplimiento del contrato suscrito en agosto de 2012.

Sin embargo, desde Mediapro señalan que la propuesta del Secretario de Estado establece que con caracter previo a la decisión de los dos auditores, Canal+ debe abonar a Mediapro, como mínimo la cantidad que no está en litigio, 57 millones de euros del total de 99 millones de euros que le adeuda en estos momentos, más los 30 millones que vencen el 5 de agosto, reteniendo únicamente la que sí está en litigio, 42 millones de euros.

La diferencia entre ambas propuesta reside en el momento en que Canal+ debe abonar la cantidad que adeuda a Mediapro. Según la empresa de Prisa, lo harán después de que el tercer auditor acepte el encargo. Según Mediapro, indica que la propuesta de Cardenal es que deben pagar con caracter previo, como mínimo la cantidad que no está en litigio, 57 millones de euros.
Para Mediapro, "la nueva propuesta de Canal+ es totalmente inasumible por la sencilla razón de que Canal+ sólo se compromete a pagar en cuanto ocurran determinadas circunstancias. ¿Qué seguridad tenemos de que eso vaya a ser así, cuando Canal+ lleva incumplidos dos compromisos de pago firmados contractualmente, el 5 de junio y el 1 de julio, por un total de 99 millones de euros?", se preguntan desde la prodcutora de Jaume Roures.

jueves, 18 de julio de 2013

Peru convoca el concurso público de licencias FM (65) y AM (5)

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) convocó a concurso público las autorizaciones para operar estaciones de radio en AM y FM en distintas localidades de todo el país.

En Frecuencia Modulada (FM) se dispuso 65 frecuencias. En Amazonas para Santa María de Nieva (1); en Ancash para Cochabamba y Chimbote (6); en Arequipa para Punta de Bombom, La Curva y Cocachacra (4); en Cajamarca para Bambamarca, Gualgayoc, Celendín, Jorge Chávez, José Gálvez, Sucre, Utco, Chota y Lajas (15); en Huánuco para Ambo (2); en Junín para Junín y Morococha (4); en Loreto para Yurimaguas (5); en Madre de Dios para Iberia y Puerto Maldonado (7); en Puno para Azángaro, Juli y Yunguyo (13); en San Martín para Rioja, Moyobamba y Nueva Cajamarca (6); en Tumbes para Zorritos (2).  En tanto para para Onda Media (AM) se dispuso 5 frecuencias. En Cajamarca para Jaén y San Ignacio (2); y en Junín para La Oroya, Junín, Tarma y La Merced (3).

Según el cronograma alcanzado por el MTC, el proceso se desarrollara entre el 16 de julio al 25 de setiembre. Del 8 al 23 de julio se realizará la entrega de las Bases en la sede central del MTC en Lima y en las Estaciones CER de Arequipa, Cusco, Trujillo, Huánuco, Piura, Huancayo, Huaraz e Iquitos. Los horarios de atención son de 8:45 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 p.m. a 4:00 p.m.

La Coordinadora de Medios Perú pone a disposición de todos sus afiliados las Bases de este concurso, para que los radiodifusores del interior del país puedan ver la información detallada de los costos, beneficios, ventajas y desventajas del proceso.


El Tribunal Supremo falla a favor del Reglamento que desarrolla la Ley General Audiovisual en materia de publicidad televisiva

El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse, en sentencia del pasado 12 de julio, a favor de la legalidad del Real Decreto 1624/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en lo relativo a determinados aspectos la comunicación comercial televisiva.

El citado Real Decreto fue recurrido por Mediaset alegando que el desarrollo reglamentario se extralimitaba imponiendo reglas que van más allá de la propia ley y de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, y solicitando la anulación de buena parte de su articulado. Concretamente, en lo referido al concepto de “hora de reloj” para establecer el límite publicitario, la autopromoción, las telepromociones, el patrocinio y las comunicaciones comerciales asociadas a la retransmisión de eventos deportivos.

Contra ese recurso se personaron tanto la Abogacía del Estado como la Asociación Española de Anunciantes (AEA) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).
Con posterioridad, Mediaset consideró un error la parte de su recurso relativa a las telepromociones, solicitando el desestimiento en lo relativo a dicha parte.

La sentencia admite el desistimiento parcial del operador televisivo, pero falla en contra de todos sus demás argumentos. Partiendo de la naturaleza de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual como norma de mínimos, el TS considera que el Gobierno está legitimado para introducir normas más estrictas en la Ley General de la Comunicación Audiovisual y que en ningún caso el Reglamento va más allá, indebidamente, de lo que establece la propia Ley.

En este sentido, avala la interpretación del concepto de “hora de reloj” como “hora natural” para establecer el tiempo máximo de emisión publicitaria en televisión (12 minutos), afirmando que esa interpretación es más neutral, dota de mayor seguridad jurídica a anunciantes y cadenas, facilita el control y garantiza en mayor medida la protección de los intereses de los espectadores.

En relación a la autopromoción, el Tribunal acepta que la restricción de 5 minutos por hora de reloj es más estricta de lo establecido por la Directiva, pero reconoce que lo recogido en el Reglamento en relación a este tema se adecua a la Ley y ayuda a evitar abusos y utilizaciones improcedentes de la autopromoción.

La sentencia considera ajustado a derecho, y por motivos similares, el desarrollo reglamentario en materia de patrocinio y de colocación de la publicidad en la retransmisión de eventos deportivos, dando así la razón a la Asociación de Usuarios de la Comunicación, a la Asociación Española de Anunciantes y a la Abogacía del Estado en su oposición al recurso.

Para AUC, se trata de una sentencia de gran importancia, que aumenta la seguridad jurídica en el ámbito de la publicidad televisiva, afectando positivamente a la defensa de los consumidores ante posibles excesos de saturación en la emisión de comunicaciones comerciales. La Asociación, con todo, lamenta que la aceptación del desistimiento de Mediaset no haya permitido al Tribunal pronunciarse sobre el controvertido tema de las telepromociones televisivas, ni se haya considerado tampoco pertinente plantear una cuestión prejudicial sobre esta materia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Navarra adjudica 6 licencias de TDT

Seis de los siete proyectos televisivos presentados a los concursos de licencias de televisión digital terrestre (TDT) tanto autonómica (dos canales) como local (veinte canales, cuatro en cada una de las cinco demarcaciones establecidas para Navarra por el Ministerio de Industria) convocados el pasado mes de agosto han sido propuestos por la Mesa de Valoración para que se les conceda la correspondiente licencia.

Se trata de:
- canales de TDT autonómica: Abian Komunikazioa S.L. (74,55 puntos sobre 100) y Asociación Cultural Xaloa (71,20).
- canales locales demarcación Pamplona: Hamaika Telebista Hedatzeko Taldea S.A. (73,50/100), Abian Komunikazioa S.L (72,15) y Asociación Cultural Xaloa (66,85).
- canal local demarcación Tafalla: Zona Media Televisión (50/100).

Los cuatro promotores de estos seis proyectos televisivos (dos de las operadoras presentadas a concurso, Abian Komunikazioa S.L. y la Asociación Cultural Xaloa, han obtenido licencia tanto autonómica como local para Pamplona) han sido requeridos por la Dirección General de Comunicación, conforme a los pliegos del concurso, para aportar en un plazo de quince días hábiles la documentación administrativa precisa para que se puede elevar al Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales la propuesta hoy formulada por la Mesa de Valoración, de modo que la concesión de la licencia pueda ser efectiva a lo largo del próximo mes de agosto.

El concurso de las licencias de TDT en Navarra

El concurso de carácter autonómico, que comprende dos canales digitales de televisión contenidos en el múltiplex de cobertura autonómica canal 62, se convocó al quedar vacantes ambos canales tras presentar Canal 4 Navarra Digital S.A. en marzo de 2012 su renuncia a la licencia que ostentaba para la gestión de estos servicios audiovisuales.

Sólo uno de los proyectos televisivos presentados a la TDT autonómica, el de Vaughan Radio S.L., ha quedado fuera de la propuesta formulada por la Mesa de Valoración, dado que los 63,04 puntos obtenidos le sitúan como tercera oferta (dos licencias licitadas).

Por su parte, el concurso de licencias de cobertura local comprendía veinte canales contenidos en los cinco múltiplex de cobertura local de las siguientes demarcaciones: Estella (canal 25), Pamplona (canal 38), Sangüesa (canal 45), Tafalla (canal 31) y Tudela (canal 42). Este concurso tenía su origen en la renuncia presentada en enero de 2012 por Televisión Popular de Navarra S.A. a las licencias que poseía para cada una de estas demarcaciones.

En este caso, la Mesa de Valoración ha propuesto el otorgamiento de licencia a los cuatro proyectos televisivos presentados (tres para Pamplona y uno para Tafalla). El resto de las demarcaciones, Estella, Tudela y Sangüesa, han quedado desiertas al no haberse presentado proyecto televisivo alguno.

Criterios de valoración

La Mesa de Valoración de ambos concursos ha estado formada por un equipo multidisciplinar en el que se han incluido tres periodistas, un economista y una ingeniera de telecomunicaciones, además de los dos miembros (un letrado y un interventor) que establece el Decreto Foral 5/2012, sobre servicios de comunicación audiovisual en la Comunidad Foral de Navarra.

Los criterios de valoración de los dos concursos han sido muy similares, aunque presentaban alguna diferencia en función de las distintos ámbitos de cobertura. Ambos se agruparonn en tres categorías principales: la oferta televisiva, con hasta el 55% de la puntuación; la generación de economía y empleo, un 30%; y la adecuación e innovación técnica, un 15%.

El bloque del proyecto televisivo ha sido el apartado de puntuación más importante. Se ha valorado aquí la diversidad y calidad en la programación ofertada, que, en el caso del concurso de ámbito autonómico, debía combinar una parrilla con espacio para la producción propia (10 puntos); programación sobre Navarra (15 puntos), y otros contenidos propuestos por el licitador (15 puntos) que configuraran ofertas atractivas para la ciudadanía. Para velar por el enriquecimiento del espectro televisivo, se creó otro subapartado que valoró los proyectos que no disponían de licencia de TDT (5 puntos), mientras que un último subapartado servía para promocionar contenidos en vascuence de producción propia en vascuence (5 puntos).

Por su parte, en el concurso de televisiones locales, la programación local y sobre Navarra se ha valorado con 20 puntos, mientras que desaparecía el concepto de nuevo licitador, al no existir ninguna licencia adjudicada en este momento, y se valoraba con 5 puntos el compromiso de no transmitir la licencia durante el periodo de vigencia de la misma. El resto ha sido igual al concurso autonómico.

El apartado de generación de economía (30 puntos) contenía la misma puntuación para ambos. En este epígrafe se analizaron la solidez y coherencia del proyecto de televisión desde el punto de vista del personal, así como de los recursos económicos y financieros, con el fin de garantizar una oferta viable y solvente. El baremo previó 15 puntos para los proyectos económico-financieros aportados por los licitadores (8 puntos para el modelo organizativo; 5 para el presupuesto financiero; y 2 para los estados financieros previsionales) y otros 15 para el fomento del empleo, de ellos 12 para los puestos de trabajo que garantiza la empresa televisiva y otros 3 para la contratación de discapacitados y la externalización de tareas a centros especiales de empleo y de inserción sociolaboral.

Finalmente, se han otorgado hasta 15 puntos a la adecuación e innovación técnica de las solicitudes presentadas. Se perseguía que los proyectos adjudicatarios tuvieran garantías de ofrecer un servicio televisivo de calidad, que incorpore nuevas tecnologías y ofrezca el mayor respeto posible al medio ambiente. La calidad y adecuación de los estudios de producción, así como de las unidades móviles previstas (infraestructuras de servicio en el caso de televisiones locales) tuvieron una puntuación de 6 puntos, mientras que el plan de despliegue y la calidad del servicio se valoraron con 3 puntos (4 puntos en el concurso de televisiones locales), y las innovaciones tecnológicas (compromiso de ofrecer los contenidos a través de internet y tecnología 2.0, etc.) con hasta 6 puntos (5 puntos en el concurso de cobertura local).

miércoles, 17 de julio de 2013

La nueva Ley de Propiedad Intelectual ampliará a particulares su vigilancia sobre las webs

Las páginas web responsables de difundir obras protegidas en la red no serán las únicas perseguidas, ya que también se actuará contra los particulares que suban contenido ilícito de forma masiva a Internet, según aparece reflejado en el nuevo borrador de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.

En concreto, el nuevo borrador incluye una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que contempla la posibilidad de juzgar a aquel usuario que sobre el que concurran "indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo a gran escala, de forma directa o indirecta, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación de propiedad intelectual".
Además, a petición de varias entidades, entre las que se encuentran Filmin y Canal Plus, se modifica el artículo 138 del actual anteproyecto, referente a las 'Acciones y medidas cautelares urgentes', por el que el Gobierno considerará responsable también "a quien induzca a sabiendas la conducta infractora; quienes cooperen en esta difusión, conociendo la conducta o contando con indicios razonables para conocerla; y quien posea un interés económico directo en los resultados y tenga además control sobre la conducta del infractor".
También, a petición de CEOE, Adigital, ASTEL, Redtel y ONO, se introduce expresamente que las condiciones para esta lucha contra las webs que posean enlaces de contenido ilegal sean cumulativas, por lo que deberán darse los tres supuestos antes mencionados, relativos al artículo 138, para ser perseguidas.
Por otro lado, y a petición de varias entidades de gestión y titulares de derechos, se elimina el carácter subsidiario de lucha contra los enlaces por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, lo que significa que la comisión gubernamental perseguirá los enlaces.

Voto igualitario

Varias entidades de gestión, entre las que se encuentra Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE), han solicitado que el voto de los socios de cada entidad sea igualitario en la elección del órgano de representación, que se incluye ahora en el artículo 151 de este borrador.
Por otro lado, el nuevo borrador de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual también reduce el tiempo de prescripción para que los beneficiarios puedan reclamar el pago de sus derechos, según aparece en el artículo 154, referente al 'Reparto, pago y prescripción de derechos'.
Así, el tiempo para reclamar a las entidades de gestión el pago de cantidades asignadas en el reparto a un titular prescribe a los cinco años contados desde el 1 de enero del año siguiente al de la puesta a disposición del titular de las cantidades que le correspondan, a diferencia de los 10 años que contemplaba el anterior borrador.
Asimismo, transcurridos tres años desde el 1 de enero del año siguiente al de la puesta a disposición del titular de las cantidades que le correspondan o de la recaudación (y no pasados cinco años, tal y como aparecía en el primer texto), las entidades de gestión podrán disponer cada año de forma anticipada de hasta la mitad de las cantidades pendientes de prescripción, para los mismos fines previstos en el apartado anterior, sin perjuicio de las reclamaciones de los titulares sobre dichas cantidades no prescritas.

Obra huérfana

Otra de las novedades de este nuevo borrador es la introducción del concepto de obra huérfana: aquella obra cuyos titulares de derechos no están identificados o, de estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado una "búsqueda diligente".
De esta forma, se otorga de marco legal a estas obras y se ajusta la Ley de Propiedad Intelectual a la Directiva de 2012 del Parlamento Europeo que da seguridad jurídica al uso de estas obras, obligando a mencionar al autor de la obra (si ha sido identificado) y limitando el fin lucrativo de su uso.
Los centros educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas, así como los organismos públicos de radiodifusión o filmotecas, podrán reproducir y poner a disposición del público dichas obras huérfanas, siempre que no haya ánimo de lucro y cuyo fin esté relacionado con su misión de interés público.
En el caso en el que existan varios titulares y algunos de ellos no hayan sido identificados o localizados, la obra se podrá utilizar sin perjuicio de los derechos de quienes sí los posean.

Más de 100 alegaciones

Asimismo, el artículo 154 de 'Reparto, pago y prescripción de derechos' indica que las cantidades recaudadas por obras huérfanas y no reclamadas por su titular en el plazo previsto "serán destinadas por las entidades de gestión a la realización de actividades asistenciales a favor de los miembros de la entidad o actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes y ejecutantes; o a la promoción de la oferta digital legal de las obras y prestaciones protegidas cuyos derechos gestionan".
Según han indicado fuentes ministeriales, la participación en el trámite de información pública de las entidades de gestión de derechos, de las industrias culturales, de los usuarios de derechos de propiedad intelectual o las administraciones públicas, entre otras entidades, ha sido "muy elevada": han llegado más de un centenar de consideraciones y obligaciones, algunas de las cuales se han incorporado al texto.
Actualmente el anteproyecto se encuentra sometido al informe de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, de Economía y Competitividad, de Industria, Energía y Turismo, de Justicia, así como a la Comisión Nacional de la Competencia, al Consejo Fiscal, al Consejo General del Poder Judicial, Agencia de Protección de Datos y al Consejo de Consumidores y Usuarios.
Por ello, el texto actual podría volver a cambiar y dar lugar a otra versión del anteproyecto de ley que será sometida al dictamen del Consejo de Estado, como último informe, antes de elevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación por el Gobierno y remisión a las Cortes Generales, donde comenzará el trámite, previsiblemente después del verano, tal y como indicó hace unos días el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.

domingo, 14 de julio de 2013

Se cuestiona la legalidad del nuevo concurso de servicios de difusion de de TDT y Radio FM en Canarias

Prohíben a las empresas canarias del sector de telecomunicaciones tener posibilidad alguna en el concurso de la TDT convocado recientemente.
El Gobierno de Canarias ha decidido convocar el concurso para adjudicar los “Servicios de distribución y difusión de señales de TDT, de distribución y difusión de radio FM y transporte permanente de señales audiovisuales, con el fin del desempeño a través del ente público Radiotelevisión Canaria”.

Dicha convocatoria no tendría mayor trascendencia si no fuera porque los requisitos exigidos a las empresas concurrentes exceden -según profesionales del sector- lo necesario para ofrecer el servicio solicitado. De hecho, de todas las empresas asentadas en canarias tan solo tres cumplen dichos requisitos: dos de ellas ni siquiera pertenecen al sector de las telecomunicaciones; la tercera, por supuesto, es la que actualmente da el servicio a la RTV canaria.

 A este hecho se añaden unos plazos de ejecución totalmente inviables -tan solo 15 días- para cualquier empresa, salvo que seas la que ya está prestando el servicio.
Por otro lado, esta convocatoria no debería tener lugar hasta dentro de dos años, que es cuando finaliza el contrato con la empresa actual ¿por qué se adelante en dos años el concurso de adjudicación? ¿Quiere evitar el Gobierno situaciones delicadas en fechas electorales (primavera de 2015)?
¿Por qué se excluye en el propio pliego a las empresas canarias del sector de las telecomunicaciones? ¿Tanto miedo tiene este inoperante gobierno a la libre concurrencia? Si la empresa que actualmente presta este servicio es competitiva seguro que le adjudicarán nuevamente el concurso.
Resulta indignante ver como el Sr. Rivero, que tanto llena sus discursos con el supuesto apoyo a las empresas canarias, no deje de dificultarles su existencia ¿no sería más adecuado realizar una convocatoria en tiempo y forma, sin condiciones inalcanzables? De esta manera con total seguridad los precios de adjudicación descenderían, el gasto del gobierno canario en esta materia lo haría en el mismo sentido y el servicio mejoraría de manera drástica.

 Produce vergüenza ajena ver como los canarios seguimos sufriendo los recortes en educación, servicios sociales, sanidad; y sin embargo, el Sr. Paulino no tiene ningún reparo en gastarse 14 millones de euros -sí, 14- en un servicio que podría prestarse por mucho menos dinero. Y quizás gracias a ello los lanzaroteños no veríamos como nos reducen una y otra vez los presupuestos insulares. Quizás así, nuestra consejera conejera no tendría que hacer ridículas ruedas de prensa para culpar al demonio que debe haber en Madrid de todo lo que pasa en Lanzarote.

 Desde el PIL reclamamos menos buenas palabras e intenciones y más acciones transparentes, concretas y tangibles que beneficien a las empresas canarias, que son las que generan el empleo en nuestras islas. Apoyo sin “letra pequeña”, sin condicionantes que hagan inviable el acceso a un concurso que deberían poder optar las excelentes empresas de comunicación que existen en canarias.

Fuente: El periódico de Canarias

Ver el pliego: http://www.rtvc.es/corporativa/documentos/01%2013%20RTVC%20pliego%20cap%20y%20ppt.pdf

sábado, 13 de julio de 2013

Cantabria aprueba su Decreto de Comunicacion Audiovisual

El Gobierno de Cantabria ha aprobado el decreto por el que se regula y ordena el sector audiovisual de Cantabria, entre otros aspectos, de cara a futuras convocatorias de nuevas licencias de televisión y radio en la comunidad.

En su reunión de ayer, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a este decreto, que adapta también la normativa cántabra a la nueva ley nacional de comunicación audiovisual, además de autorizar expedientes por un importe de 7,8 millones de euros.

La nueva normativa de Servicios de Comunicación Audiovisual, con 38 artículos en seis capítulos, ha contado con la participación de todo el sector, así como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el Consejo de Estado, según informa el Gobierno en nota de prensa.

Incluye asuntos como la consideración de este tipo de servicios como de interés general en lugar de públicos, la liberalización de los de carácter comercial y comunitario y la exigencia solamente de concurso público a aquellos servicios que utilicen el dominio público radioeléctrico.

Respecto a posibles nuevas convocatorias de licencias, la normativas establece los criterios mínimos que valoran los concursos públicos, como viabilidad económica y estructural de la emisora, sus características técnicas y operativas, el cómo de la emisión y programación y el compromiso de no trasmitir la licencia en un determinado periodo.

Así el Gobierno señala que se garantiza la seguridad jurídica en el sector audiovisual en aspectos como las licencias, pero también en negocios jurídicos, planes de inspección, sanciones o inscripciones en el registro autonómico de prestadores de servicios de comunicación audiovisual

Navarra adjudica dos licencias autonómicas de TDT y cuatro locales

El Gobierno de Navarra adjudicó este viernes dos licencias de televisión digital terrestre TDT de cobertura autonómica y otras cuatro de carácter local, tres en Pamplona y una en Tafalla. Las empresas adjudicatarias de los canales autonómicos son Abian Abian Komunikazioa S.L. y Asociación Cultural Xaloa, que también han ganado dos licencias de TDT locales en la ciudad de Pamplona. La tercera adjudicataria en la capital navarra ha sido la empresa Hamaika Telebista Hedatzeko Taldea S.A., mientras que la de Tafalla ha sido para Zona Media Televisión (50/100).
 
El concurso autonómico (Canal 62) se convocó al quedar vacantes ambos canales tras presentar Canal 4 Navarra Digital S.A. en marzo de 2012 su renuncia a la licencia que ostentaba para la gestión de estos servicios audiovisuales. Sólo uno de los proyectos presentados a la TDT autonómica, el de Vaughan Radio S.L., ha quedado fuera de la propuesta formulada por la mesa de valoración, al quedar en tercera posicicion.
 
El concurso de licencias de cobertura local comprendía veinte canales en las demarcaciones de Estella(canal 25), Pamplona (canal 38), Sangüesa (canal 45), Tafalla (canal 31) y Tudela (canal 42). Este concurso tenía su origen en la renuncia presentada en enero de 2012 por Televisión Popular de Navarra S.A. a las licencias que poseía para cada una de estas demarcaciones.

José Manuel Ruiz Rivero, nuevo presidente de la Forta

El director general del ente público de Radiotelevisión de las Islas Baleares IB3, José Manuel Ruiz Rivero, ha tomado hoy posesión de la presidencia de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) en el transcurso de la reunión de su junta general.

En el comunicado remitido por IB3, se indica que tanto el nuevo presidente como la junta general quieren expresar su voluntad de mantener y reforzar la unidad de acción y cooperación entre las radios y televisiones autonómicas, en línea con los objetivos fundacionales de FORTA.

La junta general ha acordado por unanimidad felicitar al presidente saliente, Antonio Virgili Rodríguez, director general del ente público de comunicación del Principado de Asturias, por la gestión desarrollada en los seis meses de su mandato estatutario.

Ha sido alabado por su entrega y capacidad defendiendo los intereses de la FORTA y por la potenciación del organismo dentro del panorama audiovisual español.

Fuente: El Mundo