miércoles, 27 de marzo de 2013

Un paso mas hacia la nueva Ley General de Telecomunicaciones



El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia ha aprobado un informe sobre el anteproyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones. En el mismo, se pone de manifiesto que sólo en un entorno en el que se garantice la libre competencia entre los distintos operadores es posible facilitar el despliegue de nuevas redes y la prestación de servicios en condiciones beneficiosas para los consumidores, más innovadores y de mayor calidad.

Así, la CNC considera que un entorno competitivo genera los incentivos más adecuados para que los agentes económicos puedan adoptar decisiones de inversión óptimas. El desarrollo del sector de las telecomunicaciones desde su liberalización es plenamente consistente con esta visión.

Por ello, la CNC estima necesaria la revisión de algunas de las reformas más significativas que se plantean en el anteproyecto de ley para facilitar la inversión en nuevas redes, pues las mismas conllevan la imposición de obligaciones que, de hecho, pueden limitar los incentivos de los operadores a invertir y generar distorsiones en los mercados de comunicaciones electrónicas.

En particular, el informe de la CNC pone de manifiesto la necesidad de que se revise el texto del anteproyecto en relación con:

La imposición de obligaciones que discriminan a unos agentes económicos frente a otros, introduciendo distorsiones en el mercado y limitando los incentivos a competir y a invertir.

Así, el anteproyecto propone obligaciones que afectarían sólo a los operadores de otros sectores económicos (transporte y distribución de gas, electricidad, agua, gestores de redes ferroviarias, concesionarios de autopistas, titulares de puertos o aeropuertos, etc.) y de las que serían beneficiarios exclusivamente los operadores del sector de las comunicaciones electrónicas.

Estas obligaciones de acceso y uso de infraestructuras de los operadores de otros sectores pueden generar incentivos más reducidos a invertir e innovar por parte de estos operadores de otros sectores (al limitar su capacidad para rentabilizar estas inversiones), así como de los operadores del propio sector de telecomunicaciones (al tener un acceso garantizado a las infraestructuras construidas por otros). Asimismo, es probable que estas obligaciones generen

distorsiones en mercados, como los relacionados con la fibra oscura, donde los operadores de otros sectores ejercen una presión competitiva significativa.

Las limitaciones no justificadas a la actuación de operadores públicos.

La CNC comparte la conveniencia de fijar criterios para la actuación de estos operadores públicos que promuevan un comportamiento competitivo de los mismos. No obstante, la CNC considera que algunas de las obligaciones y limitaciones que propone el anteproyecto no se ajustan a este objetivo y, por el contrario, es probable que generen distorsiones en los mercados de comunicaciones electrónicas, además de conflictividad jurídica.

El potencial aumento de la conflictividad jurídica, entre distintas AA.PP., entre operadores de unos sectores y otros, y entre operadores y AA.PP. al que previsiblemente dará lugar el proyecto.

Esta conflictividad jurídica derivaría principalmente de disposiciones del anteproyecto que inciden de forma poco clara y escasamente proporcionada en competencias de distintas AA.PP., como, por ejemplo, las relativas a urbanismo y planificación del territorio o a defensa de los consumidores y usuarios. Este entorno de conflictividad generaría un aumento de la incertidumbre jurídica y económica, que dificultaría tanto la inversión como el desarrollo competitivo de los mercados.

Por otra parte, el informe de la CNC considera que se debe aprovechar esta reforma integral de la Ley General de Telecomunicaciones para mejorar la coordinación en la aplicación de la misma y de la Ley de Defensa de la Competencia en el sector de las comunicaciones electrónicas, con el objetivo de impulsar la competencia efectiva.

Para ello, no sólo es precisa una definición adecuada de los objetivos e instrumentos de la regulación ex ante
sino que se requiere una atribución de funciones entre las distintas Autoridades Nacionales de Reglamentación que facilite la aplicación coordinada de ambas normas en el sector de las comunicaciones electrónicas.
Además, la CNC considera que debe mejorarse la coherencia entre las funciones y los procedimientos que deberá aplicar la futura Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), como Autoridad Nacional de Reglamentación, y los que deberá aplicar como Autoridad Nacional de Competencia.

Asimismo, el informe de la CNC destaca la importancia que tiene garantizar que el nuevo marco institucional que se diseña en el proyecto de Ley de Creación de la CNMC, y que se desarrolla en el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, sea coherente con el objetivo de delimitar claramente las funciones del nuevo organismo en la aplicación de la regulación sectorial, por un lado, y de la normativa de defensa de la competencia, por otro, estableciendo los necesarios cauces de coordinación.
 

Licencias FM Euskadi: Lo que nunca debería pasar

En el caos que vive el sector audiovisual que depende del reparto de licencias de TDT y de Radio FM se añade un escándalo más relacionado con el concurso público para el otorgamiento de licencias FM en el País Vasco. El diario NAIZ publica un interesante artículo que se reproduce a continuación:

Los criterios políticos sacaron a Gara y Onda Vasca de la cancha

Se adivinaba el fin de la legislatura cuando el Consejo de Gobierno de Lakua, en su reunión del dia 28 de febrero de 2012, aprobó las bases que regían el concurso publico para el otorgamiento de 34 licencias para emitir en FM. Entonces, fue mayoritaria la opinión de que este reparto, a veintiseis años del anterior, estaba ideado para perpetuar el monopolio de los grupos empresariales radicados en Madrid.

Mientras la consejera de Cultura, Blanca Urgell, afirmaba que con el nuevo reparto de licencias se pretendía «generar un nuevo espacio audiovisual en euskara y garantizar la presencia de medios de comunicación privados en las dos lenguas oficiales en todas las comarcas de la CAV», Ramón Zallo, profesor de la UPV y doctor en Ciencias de la Comunicación opinaba que el decreto era «cobarde y timorato» y obviaba la realidad sociolingüística de la CAV.

La adjudicación provisional y que, por razones desconocidas, nunca se convirtió en definitiva, confirmó los presagios y, una vez más, quedaron fuera de juego proyectos que gozan de fuerte arraigo.

Aunque era evidente que las adjudicaciones no iban a invertir la situación actual, se confiaba, al menos, en que paliara este estado de cosas contrario a la pluralidad.

En desventaja
Las bases fijaban, por ejemplo, que la «Propuesta económica», con 50 puntos, supusiera el 25% del total de puntos. Añadiendo otros 50 de «Propuesta tecnológica» y 20 de «Adecuación e innovación técnica», ya quedaban deglosadas las ventajas técnicas y financieras con las que partían los medios establecidos en el concurso.
A la vista de los expedientes elaborados por la mesa de valoración, podemos decir que lo peor estaba por llegar: graves irregularidades de carácter técnico y político alteraron el resultado de la adjudicación: Gara Irratia y Onda Vasca hubieran debido recibir dos licencias más cada grupo para emitir en Gasteiz y en Bilbo-Getxo.
 
Irregularidades
El proceso de adjudicación es complejo. En primer lugar, cada proyecto debía elegir la frecuencia deseada. Debemos tener en cuenta que las más bajas -el 88.0, por ejemplo- son de mejores condiciones que las de dígitos más altos -pongamos un 105.0-.
Para asegurarse alguna licencia, los grupos debían presentarse a todas las licencias, a las 34, o, al menos, a todas las de una ciudad. El problema radicaba en depositar una fianza obligatoria por cada petición (oscilaban, dependiendo de la potencia, entre los 6.500 y 8.000 euros), algo solo al alcance de los grandes.

La primera irregularidad está relacionada con la contratación de una empresa externa, la barcelonesa Aggaros, para valorar los apartados técnico, económico y pluralidad, mientras que los técnicos de Lakua se ocuparían de la programación, el empleo y la utilización del euskara. El presidente de la mesa, Igor Marin, envió a Aggaros la valoración de la mesa de modo que esta pudo adecuar su parte del baremo para que las licencias recayeran en quienes ellos quisieran. Este asunto es de difícil probatura, pero que la entrega de información es ilegal -como denunciaron los técnicos Miriam Etxabe e Iker García de Eulate- no ofrece duda.

De hecho, en el rubro de pluralidad, ese que debía asegurar la presencia de proyectos comunicativos nuevos, hubo empresas que recibieron 20 puntos (el máximo) de forma injusta al tener ya emisoras en funcionamiento, caso de El Correo-Punto Radio. Serían siete las licencias adjudicadas de modo erróneo. este punto tiene, a nuestro juicio, motivaciones políticas evidentes y resultados obvios.

Otra de puntuación. La mesa de valoración quitó a Onda Vasca 1,37 puntos en todos los proyectos, cambiando la valoración otorgada por los técnicos. La decisión hubiese sido legal en caso de haberse argumentado, pero no se hizo.

Aplicando las correcciones debidas en torno a estas dos irregularidades, el panorama hubiese variado del modo que se puede apreciar en la tabla adjunta. Onda Vasca y Gara Irratia, por ejemplo, tendrían, cada una, dos licencias más, para emitir en Gasteiz y Getxo-Bilbao.

Otra irregularidad concierne a las dos licencias (Bilbo y Gasteiz) que se concedieron a Radio Estuo. Las bases dicen que para lograr licencia hay que tener, como mínimo, la mitad de la puntuación en los apartados de «Propuesta económica» y «Propuesta tecnológica» y Radio Estuo no consiguió «aprobar» el apartado económico.

Además, Iker García de Eulate denunció la desaparición de información de su escritorio. La mesa de valoración pasó por alto el tema ya que consideraron que la información desaparecida era irrelevante en el proceso de adjudicación.

Así las cosas, hay dos opciones para solucionar este entuerto y repartir esas 34 licencias conforme a ley: convocar un nuevo proceso o retomar el anterior en el punto donde se vició el proceso, esto es, antes de la contratación de la empresa Aggaros.

La primera opción supondría que la solución se dilatase indefinidamente en el tiempo y que todo el esfuerzo y el dinero invertidos en la elaboración de las propuestas y demás informes (todos de muy costosa y complicada elaboración y, por ello, requirieron la participación de consultorías profesionales) fuera inservible, fuera a la basura.

La existencia de irregularidades no debería anular todo el proceso: desde Gara Irratia se apuesta por aprovechar la parte no contaminada del concurso.

Fuente: NAIZ

Concurso FM Galicia: Se admite a trámite la impugnación judicial de las bases de la licitación

Tras la correspondiente interposición del recurso contencioso-administrativo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha admitido a trámite la demanda de la Red de Medios Comunitarios (ReMC) contra el concurso destinado a otorgar las licencias disponibles en Galicia para la emisión en frecuencia modulada. La causa de la impugnación es el veto a la participación de los medios comunitarios en el reparto de licencias a pesar de que la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2010, reconoce a este tipo de medios como un derecho de la ciudadanía.
 
En la comunidad autónoma de Galicia existen medios libres y comunitarios desde hace tres décadas, sin que hasta la fecha las diversas administraciones les hayan otorgado licencias para desarrollar su actividad, pese a contemplarlas en la normativa reiteradamente. No hay que olvidar que la Resolución del Parlamento Europeo A6-0263/2008, “Pide a los Estados miembros que pongan a disposición de estos medios el espectro de frecuencias, analógica y digital, de radio y televisión, teniendo en cuenta que el servicio prestado por los medios de comunicación comunitaria no se ha de evaluar en términos de coste de oportunidad o justificación del coste de adjudicación del espectro, sino por el valor social que representa”, y que la actividad de los medios comunitarios se encuentra legalmente protegida en la mayoría de los países europeos.
 
La Xunta pretende otorgar las 85 licencias de las que dispone a servicios de comunicación comercial, agotando así el espectro planificado disponible e imposibilitando por la vía de hecho el ejercicio del derecho a comunicar a través de medios comunitarios en condiciones dignas.
 
Ahora veremos como se desearrolla el procedimiento y si la sustanciacion del concurso se encuentra condicionada por un posible fallo estimatorio.

UTECA alerta de una 'inseguridad jurídica sin precedentes'

El actual modelo audiovisual ha quedado en entredicho y las cadenas privadas reaccionan. La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) ha manifestado su "más absoluta disconformidad y malestar" con el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, mediante el cual se decide ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que anula la última asignación de múltiplex digitales.

Los grupos de televisión han expresado "su honda preocupación por las indeseables consecuencias de esta decisión promovida por el Ministerio de Industria, que será oportunamente impugnada". Los operadores consideran que la decisión del Gobierno, anunciada por Soraya Sáenz de Santamaría, "coloca a los operadores de televisión y, por extensión, a todo el sector audiovisual, en una situación de inseguridad jurídica sin precedentes".

La vicepresidenta, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, anunció que el Ejecutivo "trata de dar cumplimiento estricto de una sentencia que declaró la nulidad". Esta luz verde a la sentencia supone la desaparición de un total de nueve canales. Según las condiciones del mercado actual, diferentes a las de 2010 por las diferentes fusiones, Veo TV perdería dos canales; Net TV, otros dos; Mediaset, también dos; y Atresmedia, tres.

El pasado mes de diciembre, el Supremo declaró nulo el reparto de canales acordado en julio de 2010 por el Consejo de Ministros, que supuso la asignación de un múltiplex -conjunto de cuatro canales- a los operadores que tenían licencia para emitir en todo el país. De este modo, nacieron nueve canales.

Sin embargo, la sala tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo sostiene que ese acuerdo del Gobierno debería haberse ajustado a la Ley General de Comunicación Audiovisual que había entrado en vigor un mes y medio antes, en la que se exigía que las licencias fueran concedidas mediante concurso.

"Desde la sentencia del Tribunal Supremo, los organismos competentes del Ministerio de Industria han venido comunicando a Uteca la confianza de que se iba a subsanar el problema suscitado por los errores y carencias del funcionamiento de la propia Administración", expone el comunicado de la patronal.

Según las cadenas privadas, "no se puede entender que, habiendo transcurrido tres meses desde el conocimiento de la sentencia, se haya acordado su ejecución de forma sorpresiva y abiertamente contradictoria con los mensajes previamente transmitidos a Uteca".

Las televisiones advierten sobre la decisión del Gobierno: "Pone en riesgo la continuidad de cierto número de canales que están actualmente a disposición del ciudadano de forma gratuita, y en cuya puesta en marcha y desarrollo los operadores han invertido cantidades muy significativas. No hay que olvidar que los operadores de televisión que se ven afectados por esta decisión asumieron las grandes inversiones que fueron necesarias para el buen fin del acelerado proceso de transición a la televisión digital terrestre".

Fuente: El Mundo

Quiero borrar mis datos de Internet ¿puedo?

Pensemos en aquella foto fea y ridícula de Ud. que alguien colgó en Facebook. Aquella en la que sale feo, dormido, borracho o en una situación ridícula o comprometida. Ud. quiere borrarla, que nadie la vea. Pero el que la colgó no va a retirarla ¿Podemos pedirle al Sr. Facebook que quite la foto? O imaginemos la foto de un menor, del que queremos preservar su intimidad. ¿Podemos pedir la supresión de su imagen de una web? ¿O qué, por lo menos, se pixelice su rostro, como sucede con la fotos de los hijos de algunos personajes famosos?

Cuando nos encontramos con nuestros datos personales colgados en una web sin nuestro consentimiento, debemos dirigirnos, como primera actuación, al responsable del contenido o del sitio. Tenemos derecho a solicitarle el borrado. Sólo cuando no obtenemos respuesta, podemos recabar el auxilio de la Agencia Española de Protección de Datos. Otra cosa es que existan razones de imperativo legal que no permitan el borrado, como sucede con ciertos datos publicados en boletines oficiales. Es el caso, por ejemplo, del subdirector de colegio, al que, si buscabas su nombre en Google, aparecía una multa que le impusieron hace años por hacer sus necesidades en la vía pública publicada en un Boletín Oficial. Google, al ser requerido para excluir su nombre de las búsquedas, alegó que, si bien ellos podían excluir temporalmente el nombre, no pasaría mucho tiempo que los robots volvieran a encontrar de nuevo el contenido y volvieran a indexarlo. Afortunadamente, al final, el subdirector encauzó su petición al Boletín Oficial, el cual accedió, no sin ciertas reticencias legales, a retirar la información personal.

El derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental que debe poder ejercerse en cualquier ámbito y circunstancia. Tenemos “derecho al borrado” y “derecho al olvido”, es decir, a que internet se olvide de nosotros. Si no fuera así, estaríamos aceptando que nuestra privacidad pudiera quedar expuesta ante todo el planeta, en contra de nuestra voluntad.
 
Autor: Severi Viyolas

El CAC ve 'violencia verbal' en el programa "Sálvame diario"

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) considera "no recomendado para menores de 13 años" el programa 'Sálvame diario', de la cadena Telecinco, por la presencia frecuente de violencia verbal y de valores incívicos presentados de forma positiva en horario protegido.

Según un acuerdo del 20 de marzo, al calificarlo de no apto para menores, "se debería emitir fuera de la franja de protección especial de los menores", que establece la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) 7/2010, de 31 de marzo, ha informado el Consell en un comunicado.
Esta norma establece dentro el horario protegido la franja de 6.00 a 22.00 horas y considera "protección reforzada" -no apto para menores de 13 años-, las franjas entre las 8.00 y las 9.00 horas (días laborables), de 17.00 a 20.00 horas (días laborables), y de 9.00 a 12.00 horas en el caso de los festivos.

Concretamente, el CAC analizó los programas del 8 y 9 de enero de 'Sálvame', que se emitieron de 16.00 a 20.10 horas, y observó la "presencia frecuente de violencia verbal, contenidos sexuales, contenidos susceptibles de generar tensión o angustia y de lenguaje grosero", y ello sin incluir ninguna señalización en la pantalla.

La segunda actuación fue motivada por la queja de una teleespectadora el 2 de febrero, por lo que el CAC analizó el programa '1000 maneras de morir' del 16 de febrero, que se emitió de 15.28 a 16.52 horas, es decir, dentro del horario protegido pero fuera de las franjas de protección reforzada.
Según el CAC, el programa muestra "la presentación positiva y complaciente de actitudes intolerantes y discriminatorias en la voz en 'off' que comenta las escenas", además de mostrar complacencia con la muerte de víctimas que llega a juzgar de merecida.

También señala que muestra la violencia física de forma explícita con escenas que recrean accidentes mortales, que incluyen imágenes de cuerpos mutilados y de cadáveres, por lo que el CAC considera que debería ser para mayores de 18 años y emitirse entre las 22.00 y las 6.00 horas.
El acuerdo fue aprobado por el CAC en relación al prestador Mediaset España Comunicación y en aplicación de la normativa de contenidos emitidos en Cataluña por parte de prestadores estatales, por lo que ha instado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a actuar ante una posible vulneración de la ley.

En la misma sesión, acordó exigir al Ministerio actuar contra el canal Xplora (Antena 3 Televisión, S.A.) por emitir el programa '1000 maneras de morir' dentro del horario protegido, puesto que defienden que se debería señalizar como "no recomendado para menores de 18 años" con la consiguiente prohibición en horario protegido.

Estos acuerdos forman parte de la intensificación llevada a cabo por el Consell con los contenidos "irregulares" emitidos por los prestadores estatales, una de las líneas de actuación prioritarias para el regulador, tal y como anunció el presidente del CAC, Roger Loppacher, este enero.

Ello da cumplimiento a la Ley 2/2000 del CAC que otorga potestad al organismo para "instar a las administraciones con competencias en medios de comunicación audiovisual a promover la adopción de las medidas adecuadas ante las conductas contrarias a la legislación".

Fuente: El Mundo

viernes, 22 de marzo de 2013

Las grandes cadenas pierden 9 licencias de TDT

El Gobierno ejecutará una sentencia del Tribunal Supremo que declaró nula la adjudicación de un múltiplex a los diferentes grupos privados audiovisuales que actuaban entonces a nivel estatal, según ha anunciado en rueda de prensa del Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

"Se trata de dar cumplimiento estricto de una sentencia que declaró la nulidad de dicho acuerdo", ha especificado Sáenz de Santamaría sobre esta medida, que supone la desaparición de un total de nueve canales. Según el mercado actual, Veo TV perdería 2, Net TV 2, Mediaset España 2 y el grupo Antena 3 Atresmedia 3.

El pasado mes de diciembre, el Supremo declaró nulo el reparto de canales acordado en junio de 2010 por el Consejo de Ministros, un acuerdo que supuso la asignación de un múltiplex -conjunto de cuatro canales- a los operadores que tenían licencia para emitir en todo el país. Así, surgieron nueve canales nuevos.

El Tribunal cree que ese acuerdo debía haberse ajustado a la Ley General de Comunicación Audiovisual que había entrado en vigor un mes y medio antes, en la que se exigía de manera "inconstestable" que las licencias fueran concedidas mediante concurso. Para no abrir ese concurso, el Consejo se apoyaba en dos reales decretos; sin embargo, según el Supremo, ya habían quedado derogados por la ley.

La vicepresidenta ha enmarcado este cambio radical del panorama audiovisual en "un proceso que tenemos abierto en España y que tenemos que completar en los próximos meses y que se llama dividento digital".

Esta sentencia va contra los intereses de las grandes cadenas nacionales españolas: Veo TV (de Unidad Editorial), Net TV (grupo Vocento), Antena 3 (con La Sexta); y Mediaset (tras su acuerdo con Sogecable). Además, algunos de los canales en juego están alquilados a terceros operadores, una complicación añadida a este nuevo escenario.

Fuente: El Mundo

lunes, 18 de marzo de 2013

Nace TotalChannel, una nueva televisión de pago que opera 100% en la nube

TotalChannel se ha presentado hoy de forma oficial una nueva plataforma con los 12 canales de pago más representativos del mercado: AXN HD, AXN White HD, Calle 13 HD, Cosmopolitan HD, Fox HD, Fox Crime HD, National Geographic HD, Paramount Comedy, SyFy HD, TNT HD, Canal Historia y Crimen & Investigación. Todo ello a través de internet.

Esta innovadora plataforma dará cabida a todos estos canales en directo, en diferido, con máxima calidad de imagen y con un coste reducido. Por el momento los soportes que permitirán su visualización son los Smart TV, PCs, Mac y tabletas, aunque pronto también se permitirá a través de consolas de videojugos.

Esta televisión de pago opera 100% en la nube, y a través de una suscripción mensual podrá acceder a los 12 canales que alberga, todo con un simple clic. Además de directos, programas en “catch-up” y la posibilidad de grabar, TotalChannel incluye ‘season-pass’ para que los más adictos a las series no se pierdan ni un sólo capítulo. “TotalChannel ofrece una propuesta de valor genuina, altamente competitiva y 100% exportable”. “Tiene como uno de sus principales objetivos atraer a un millón de suscriptores en cuatro años, la mayoría procedentes de un público que hasta ahora no se había planteado el acceso a la televisión de pago”, explicó Eudald Domènech, CEO & Service Architect de TotalChannel.

Mª Carmen Fernández Tallón, directora general, también añadió que “TotalChannel integra las tecnologías más avanzadas de hoy día como la distribución de señal de televisión de calidad por internet y la prestación de servicios de televisión asíncrona que suponen para el usuario un paso más en la evolución del entretenimiento televisivo. Además contamos con partners tecnológicos como Overon y Abertis que garantizan la fiabilidad y escalabilidad de la plataforma a nivel nacional e internacional“.

En la presentación también estuvo presente David Lecumberri, CTO de TotalChannel, y el cineasta Álex de la Iglesia, que mostró su apoyo a este nuevo lanzamiento. “Durante mi época como presidente de la Academia de Cine, conocí a un grupo de personas con las que compartíamos una misma idea sobre la situación del mercado actual. Todos coincidíamos en que es necesaria una oferta de cine y series legal para combatir la piratería. Gracias a Total Channel ha surgido esta oportunidad con una oferta de cine y series a un precio realmente competitivo y lo mejor de todo, sin la necesidad de ningún descodificador ni compromiso de permanencia”, apuntó de la Iglesia.

Fuente: Marketing Directo

sábado, 16 de marzo de 2013

Las entidades de gestión piden la suspensión de la reforma de la Ley de Prop. Intelectual

Las entidades de gestión Agedi, AIE, Cedro y SGAE, integradas en el Instituto Ibercrea, han remitido una carta al ministro de Cultura, José Ignacio Wert, donde le piden que paralice la tramitación del anteproyecto de reforma de la actual Ley de Propiedad Intelectual (LPI).

La solicitud, que según el escrito respaldan "más de un millón de titulares de derechos", pide al ministro que no siga adelante con los trámites de la nueva ley hasta que no se formalice "el grupo de trabajo comprometido por usted en nuestra última reunión". "Es imprescindible -apunta la nota- que la futura Ley (LPI) recoja también los criterios y aspiraciones de los titulares de derechos".

Para las entidades de gestión antes citadas, el texto "no respeta las recomendaciones del mediador europeo y no facilita la gestión de los derechos de propiedad intelectual ni permite mejorar el nivel de protección" que, entienden, "debe ser el objeto a perseguir por el Ministerio".
Aunque reconocen haber conocido los detalles de la reforma de la actual LPI "de forma extraoficial", opinan que la misma "parece esconder la falta de una política activa para la creación e implementación de una industria cultural robusta".

Desde su punto de vista, ha informado Ibercrea en una nota, "este anteproyecto retraerá, aún más, el peso del sector cultural en el PIB, en lugar de incrementarlo, tal y como se prometía en su programa de Gobierno" y lamentan, "por encima de otras consideraciones", que el proceso se haya llevado a cabo "a espaldas al mundo de la cultura y con ausencia absoluta de diálogo".

Las entidades -prosigue la carta- "acogimos muy positivamente el ofrecimiento realizado por usted permitiéndonos participar, desde el diálogo y la cooperación con su Ministerio, en las iniciativas legislativas encaminadas a incrementar el nivel de protección de nuestra legislación".
Así, concluyen, "la presentación del texto al Consejo de Ministros sin haber sido objeto de discusión con nuestras entidades y que será sometido a trámite parlamentario, no se corresponde con el sentimiento de cooperación que en dicha reunión nos expresó".

Entre los cambios que disgustan a los integrantes de Ibercrea, el Instituto cita las medidas de control de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y el nuevo cometido, en tanto lleguen los medios necesarios a la Comisión de la Propiedad Intelectual, de la Comisión Nacional de la Competencia para ejercer "las funciones de control y determinación de las tarifas". Un extremo, dicen, que "podría incrementar los conflictos".

El Instituto Ibercrea incluye las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual Agedi (Asociación de gestión de derechos intelectuales); AIE (Artistas intérpretes o ejecutantes); Cedro (Centro español de derechos reprográficos) y SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), cuyo objeto es promover el respeto por la propiedad intelectual y buscar un consenso social que valore la creación y ofrezca seguridad jurídica a los creadores.

Fuente: El Mundo

La nueva Ley de Propiedad Intelectual perseguirá los enlaces a descargas

Una nueva filtración de un borrador del anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (PDF), que llegará al Consejo de Ministros presumiblemente la semana próxima, plantea nuevas medidas para agilizar y reforzar el funcionamiento de la Comisión de la Propiedad Intelectual (CPI) de la Secretaría de Estado de Cultura, especialmente la Sección Segunda, conocida como 'Comisión Sinde'. Entre ellas, la obligación para las 'telecos' de identificar a los usuarios a petición de un juez contencioso administrativo, o medidas para 'asfixiar' económicamente a las páginas de enlaces a descargas.

La Sección Segunda de la CPI es la encargada de notificar y en su caso bloquear enlaces o sitios web de enlaces a descargas no autorizadas, previa autorización judicial. No obstante, tras un año de funcionamiento tras la entrada en vigor de las reformas previstas en la llamada 'Ley Sinde', su efectividad ha sido limitada.
Una de las medidas más destacables para 'solucionar' este atasco que recoge este texto, publicado por la entidad Ibercrea (que aglutina a las principales entidades de gestión), es la obligación que establece para los prestadores de Internet de identificar a los infractores -a través de una dirección IP, nombre de dominio, dirección de Internet o dato similar- a petición de la Sección Segunda de la CPI.

Para ello, se plantea una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente del apartado 1 del artículo 256, en el que se incluiría un décimo punto en el que se capacita al juez para pedir la identificación del supuesto infractor a 'telecos' y empresas de pagos y publicidad cuando "concurran indicios razonables de que esté poniendo a disposición o difundiendo a gran escala, de forma directa o indirecta, a través de cualquier enlace o redireccionamiento, contenidos" protegidos por derechos de autor.
Hasta el momento, dicha identificación se producía de este modo sólo para perseguir los delitos más graves; de esta manera, un juez de los contencioso-administrativo podrá, de prosperar la reforma, solicitar esa identificación en el caso de que exista un indicio de vulneración de la propiedad intelectual en la Red.
La Sección Segunda podrá pedir la identificación del infractor al juez para, posteriormente y si ese infractor no retira los enlaces a los contenidos 'piratas', bloquear el acceso a esos enlaces, con un nuevo permiso del juez. La idea de estas modificaciones es agilizar el proceso, que se alargaba notablemente.

Tal y como adelantaba la periodista Pilar Portero hace unas horas, "en las últimas versiones del texto también había una modificación del artículo 270 del Código Penal para armonizarlo con la nueva ley, pero parece ser que ha desaparecido de la que se aprobará en el Consejo de Ministros".
Según el abogado especializado Carlos Sánchez Almeida, este proyecto "supone una agresión sin precedentes a la libertad de expresión, y aún más, a la libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica garantizada por el artículo 20 de la Constitución". "Más allá de la regulación de la comisión de censura", añade el abogado, " se pretende someter a un asfixiante control administrativo toda la actividad artística, y en particular la libre asociación de los autores y creadores".

I.- Google se libra

Otras de las medidas resaltables del proyecto es que la Sección Segunda podrá actual contra los sitios web que "vulneren directamente los derechos de propiedad intelectual" y, subsidiariamente, contra quienes participen en la vulneración de forma "significativa considerando su nivel de de audiencia en España" y cuya "actividad principal sea la de facilitar de manera específica y masiva la localización de obras".
Los motores de búsquedas, y notablemente Google, no podrán en principio ser sancionables por esta vía ya que la actividad perseguida debe ser "activa, específica y no neutral" -"en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras"- y "que no se limite a desarrollar actividades de mera intermediación técnica".

Es decir, tal y como se explica en la exposición de motivos, "lo anterior no afecta a (...), entre otras, una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos". Tampoco afectará a quienes "enlacen ocasionalmente a contenidos de terceros" -un claro guiño a los blogs y redes sociales-, aunque ésto último no aparece registrado tal cual en el articulado del borrador.
Además, la Sección Segunda podrá actuar "para el retablecimiento de la legalidad" contra prestadores "que, directa o indirectamente, actúen con ánimo de lucro, o hayan causado o sean susceptibles de causar un daño patrimonial".

II.- Mayor poder para la 'Comisión Sinde'

El procedimiento de notificación y retirada voluntaria no debería durar más de nueve días: 48 horas como máximo para notificar al infractor (previamente identificado), presentación de alegaciones por parte de éste, se practicará prueba en dos días y las conclusiones de la Sección Segunda se darán a conocer a las partes en un plazo máximo de cinco días.
Si no hay retirada voluntaria de contenidos, la norma prevé 'asfixiar' económicamente a los sitios infractores. El texto prevé que "la sección Segunda podrá requerir la colaboración necesaria de los prestadores de servicion de intermediación, de lo servicios de pagos electrónicos y de publicidad, requiréndoles para que suspendan el servicio que faciliten al prestador infractor", con prioridad a las acciones dirigidas a bloquear su financiación.
De esta manera, el bloqueo del acceso a los sitios web declarados infractores sería una "medida de último recurso, en el caso de ser ineficaces las demás medidas de alcance".
Y además prevé consecuencias para los reincidentes en forma de multa, como infracción administrativa grave, de entre 30.000 y 300.000 euros, por incumplir dos o más veces la retirada de contenidos infractores, o por reanudar la actividad infractora.
Según Carlos Sánchez Almeida, "el texto puede contravenir la normativa europea de protección de datos, de libertad de expresión y de creación de empresa, otorgando a la administración facultades que corresponden en exclusiva al poder judicial". Y añade: "Amenazar con sanciones a empresas de 'hosting' y pasarelas de pago empujará al exilio virtual a buena parte de los emprendedores de la red española, con la consiguiente repercusión en la creación de empleo y riqueza.

III.- Mayor control a las entidades de gestión

Otros puntos importantes en la reforma de la LPI pasan por aumentar el control de las entidades de gestión de derechos de autor, un asunto que las ha puesto en pie de guerra.
El texto plantea la obligación de control de las cuentas de las entidades por parte de Cultura aunque, de momento, esa tarea recaería en la Comisión Nacional de la Competencia, algo que critican las entidades.

Aglutinadas bajo el paraguas de Ibercrea, critican además la "falta de una política activa para la creación e implementación de una industria cultural robusta".
Los editores de periódicos, a través de AEDE, se han sumado también a la queja de Ibercrea de no haber sido convocados para consultarles la nueva norma.

Mientras, Carlos S. Almeida ha hecho un llamamiento directamente a los creadores quienes, en su opinión, "deben unirse en un frente común con Internet". "Este proyecto supone un pacto contra natura entre los explotadores de la propiedad intelectual y el poder político, sometiendo por igual a los artistas y a su público", ha afirmado.

Fuente: Pablo Romero / El Mundo

El Gobierno de Canarias devuelve los avales a las TV locales

El Gobierno de Canarias está procediendo a devolver los avales depositados por los aspirantes que, en su día, optaron a la concesión de estaciones de TDT, concurso que fue anulado en parte por el TSJC y el Tribunal Supremo. La devolución se produce al haber cambiado la consideración del espacio que se reparte de concesión a licencia. Y las licencias no necesitan aval.

La reclamación, que tuvo éxito, fue realizada, según nuestras informaciones por representantes del Canal 8, propiedad de Juan Luis Lorenzo, gracias a la cual se ha variado el sentido de las adjudicaciones, informan fuentes no oficiales a eldiariodetenerife.com.
Esta devolución significa un soplo de aire fresco para las paupérrimas economías de los canales de televisión locales, que liberarán sus responsabilidades con los bancos en cuanto reciban estos avales, cuya estimación total no conocemos. Algunos de estos canales ni siquiera emiten ya, aunque las garantías aportadas seguían sin ser devueltas.

Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como el Supremo estimaron que el concurso había que retrotraerlo al momento de las valoraciones de los aspirantes y baremar a éstos otra vez. El Gobierno cree que en dos meses se procederá a adjudicar de nuevo las estaciones de TDT, a través de licencias. Los que resulten “agraciados” –previsiblemente los mismos que en el concurso anterior— no necesitarán, como decimos, aportar avales.

Está más complicado el asunto de las emisoras de radio, muy pocas –o ninguna— de las cuales van a ponerse en marcha. Ha sido creado ya el anunciado servicio de inspección para vigilar que se cumplan las bases del concurso, pero no tenemos noticia de que ninguna de las empresas que resultaron favorecidas con emisoras haya abierto alguna de ellas. Y menos con los complicados y carísimos criterios establecidos en el concurso, que ha sido recurrido ante los tribunales por los que no resultaron “agraciados” por la pintoresca comisión de evaluación que valoró las concesiones.

No ha tenido demasiada suerte el Gobierno de Canarias con la ordenación del espacio radioeléctrico y de televisión digital terrestre. Concursos chapuceros, normas enrevesadas y casi imposibles de ser cumplidas e irregularidades denunciadas ante los tribunales de justicia y denuncias admitidas por éstos. Un batiburrillo del que va a ser muy difícil salir.

Fuente: El Diario de Tenerife

jueves, 14 de marzo de 2013

La justicia europea dictamina que la ley española de desahucios vulnera las normas de la UE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este jueves que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

La legislación española no permite paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas en las hipotecas, sino que esta cuestión debe ventilarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.

La sentencia del Tribunal de Luxemburgo responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca.

El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.

Fuente: El Derecho

La CNC autoriza la concentración de Cope-ABC Radio sin que sus licencias puedan controlar más del 50% de una localidad

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha autorizado en primera fase la operación de concentración de COPE y Punto Radio, aunque ha subordinado su visto bueno a que el grupo resultante se desvincule de una emisora de radio asociada a la segunda en Astorga (León), así como a la desinversión a un tercero de otra emisora de Punto Radio en Écija (Sevilla).

Según la resolución del Consejo de la CNC, reunido el 13 de marzo, de esta manera, "se evita que la entidad resultante acapare la capacidad de emisión radiofónica en estas localidades, y se logra que no controle la programación y la publicidad de más del 50% de las emisoras de radio en dichas localidades".

Como ya informaron en diciembre de 2012 ambas cadenas, la operación de concentración económica se implementará a través de un contrato marco de colaboración empresarial y emisión radiofónica de programación en cadena, suscrito por Vocento (Punto Radio) y la Cope el 19 de diciembre, mediante el cual las emisoras de Punto Radio comenzarán a emitir programación y publicidad gestionada por COPE.

Antes de la autorización anunciada este miércoles, el Consejo de la CNC, en su reunión de 30 de enero de 2013, había autorizado de forma condicionada la ejecución de un 'Convenio de Cesión Temporal no Exclusivo de Contenidos de Programas Radiofónicos Deportivos' por parte de Cope, Grupo Vocento y Punto Radio, por el que temporalmente Punto Radio comenzaría a emitir la programación deportiva de Cope.

Al haber sido autorizada la operación de concentración con compromisos en primera fase, no se han activado las condiciones a las que el Consejo de la CNC había vinculado la puesta en marcha de este 'Convenio de Cesión Temporal no Exclusivo de Contenidos de Programas Radiofónicos Deportivos'.

En un desayuno informativo en enero en Madrid, el presidente y consejero delegado de COPE, Fernando Giménez Barriocanal, anunció que el acuerdo con Vocento sumará a la COPE entre 2 y 3 millones de oyentes, lo que permitirá solucionar en parte el "gravísimo problema de cobertura" de la emisora. Asimismo, destacó las sinergias que permitirá el acuerdo para defender "unos valores comunes".

Francia lleva a la Fiscalia a Skype por no inscribirse como operador de telecomunicaciones

La Autoridad Reguladora de las Comunicaciones Electrónicas y Postales (ARCEP por sus siglas en francés) ha pedido a la Fiscalía de París que investigue al servicio de comunicaciones por Internet Skype por un posible incumplimiento de la legislación al no inscribirse como operador de comunicaciones electrónicas en el país, según informó el organismo en un comunicado.
La ARCEP señala que la sociedad Skype Communications, cuya sede social está en Luxemburgo, propone a los internautas franceses servicios que permiten realizar llamadas telefónicas, desde o hacia de un terminal conectado a Internet, como un ordenador o un 'smartphone', utilizando el software proporcionado por otra sociedad del grupo, Skype Software.

"Aunque todos los servicios prestados por la sociedad Skype no son servicios de comunicaciones electrónicos, ese no es el caso del servicio que permite a los internautas situados en Francia llamar, desde un ordenador o un smartphone, a números fijos o móviles, situados en Francia o en otras partes del mundo. En la práctica, este servicio supone prestar un servicio de telefonía al público", afirma.
En este sentido, recuerda que el ejercicio de una actividad de operador de comunicaciones electrónicas no requiere autorización administrativa en Francia, pero sí una declaración previa, según recoge el artículo 33.1 de la legislación postal y de comunicaciones electrónicas. Así, advierte de que el incumplimiento de esta obligación constituye una "infracción penal".

Asimismo, subraya que ejercer una actividad de operador de comunicaciones electrónicas implica igualmente el respeto de ciertas obligaciones, entre las que figuran especialmente el establecimiento de llamadas de urgencia y la puesta en marcha de medidas necesarias para la realización de interceptaciones por orden judicial.

En consecuencia, la ARCEP informa de que ha pedido en repetidas ocasiones a la sociedad Skype que se inscriba como un operador de comunicaciones electrónicas, algo que la compañía no ha hecho hasta ahora.

"Para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones esenciales del derecho a las comunicaciones electrónicas en Francia, el presidente de ARCEP acaba de informa al Fiscal de París de estos hechos, que son susceptibles de recibir una calificación penal", explica

Fuente: Expansion

Vodafone y Orange litigarán con Telefónica si obstaculiza la competencia en fibra

Los consejeros delegados de Vodafone España y Orange España, Antonio Coimbra y Jean Marc Vignolles, han acusado este miércoles a Telefónica de poner trabas a la competencia en fibra y han advertido de que si no alcanzan un acuerdo en verticales acudirán a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) para que obligue a la operadora presidida por César Alierta a que comparta estas infraestructuras.

En este sentido, Vignolles ha señalado que mientras que Telefónica ya alcanza los 2,2 millones de hogares pasados con fibra óptica hasta el hogar (FTTH) y ofrece ya esta tecnología a sus clientes con sus tarifas de 'Movistar Fusión', no hay competencia efectiva para los alternativos.
Para Vignolles sería "legitimo" interpretarlo como un intento de evitar la competencia mientras que el incumbente con sus tarifas 'Fusión' ya ofrece fibra. "Es una situación grave que tiene que cambiar inmediatamente. Cuanto más tiempo pasa más difícil se hace esta inversión", ha reiterado el directivo, quien ha puntualizado que si no se ha llegado a un acuerdo no ha sido "por culpa" de Vodafone y Orange.

"Tenemos que llegar a un acuerdo de verticales con Telefónica porque no se puede aceptar dilaciones. Si Telefónica no acepta este acuerdo de verticales acudiremos a la CMT para que obligue a nuestro competidor a compartir estas infraestructuras mientras seguimos negociando con el incumbente", ha puntualizado el máximo responsable de Orange en España.
Por su parte, el consejero delegado de Vodafone España ha ido más allá añadiendo que acudirán al regulador de telecomunicaciones español y, en caso de ser necesario, a la Comisión Nacional de Competencia (CNC) e, incluso, a Bruselas.

 Para los directivos no se puede "consentir" los frenos a la competencia y más en compañías "dispuestas a invertir y a crear empleo en el país".

Fuente: Expansión

El Diario de Noticias cuestiona el concurso de FM en Navarra y exige aclaraciones al Gobierno Foral

Zeroa Multimedia ha dirigido una queja formal al consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales en la que cuestiona las últimas adjudicaciones de licencias de FM, por entender que no favorecen la pluralidad informativa, sino más bien al contrario, la perjudican gravemente. La empresa editora de DIARIO DE NOTICIAS responsabiliza al Ejecutivo de UPN de poner en manos de "empresas radicadas en Madrid" las frecuencias correspondientes a las poblaciones navarras de mayor relevancia, lo que a su juicio dificulta la difusión de contenidos locales y regionales

"Sin perjuicio del recurso de alzada que en su día se formalice, a fin de que en su mérito la Mesa tenga en cuenta su contenido para ulteriores actuaciones", Zeroa Multimedia, que optaba a un total de nueve frecuencias y únicamente ha resultado adjudicataria en Baztan, Bera y Leitza, ha presentado ante el Gobierno de Navarra un "escrito de aclaraciones técnicas" en el que expone varias alegaciones jurídicas a los resultados del concurso resuelto recientemente.

Sin duda alguna, destaca la editora de DIARIO DE NOTICIAS, el elemento más controvertido de la adjudicación es "la dificultad de encajarla en el deber de mantener la pluralidad informativa". "Es por todos conocido que las diferentes sensibilidades sociales que alberga la propia idiosincrasia de la Comunidad Foral de Navarra requiere ser atendida por una configuración plural que asegure la garantía estatutaria de la libertad de prensa", cita, y añade que el proyecto presentado a la licitación "se configuraba como la opción más sólida en cuanto a infraestructuras, medios técnicos y profesionales, así como capital humano comprometido".

Sin embargo, el resultado propuesto por la Mesa de Valoración "tiñe de ilegalidad el mandato de garantizar el pluralismo informativo", ya que de las nueve licencias solicitadas -Alsasua, Baztan, Estella/Lizarra, Leitza, Bera, Pamplona, Tafalla, Peralta y Tudela- tan solo se han otorgado tres "en localidades de menor trascendencia informativa, algo que provoca de por sí bochorno en la sociedad navarra", considera Zeroa Multimedia, que entiende que "reducir una opción con vocación autonómica a unas localidades con escasa densidad poblacional y empresarial, parece un dislate que la discrecionalidad técnica no alcanza a cubrir".

Empresas estatales La pluralidad informativa sale aún más perjudicada cuando se comprueba que la totalidad de las licencias radiofónicas en las localidades que cubren la mayor parte de la población navarra "recaen en empresas estatales ajenas a la peculiaridad navarra", ya que "de las 42 licencias adjudicadas, 24 son para las cadenas radicadas en Madrid, que remiten la señal originada fuera de la Comunidad Foral, convirtiéndose en mero instrumento de las empresas audiovisuales implantadas a 400 kilómetros de Pamplona". Consecuentemente, advierte Zeroa Multimedia, "no se ha logrado un dial más plural, ya que el nuevo reparto refuerza la presencia de Cope, Ser, Kiss FM y Onda Cero, que aglutinan un total de 37 licencias radiofónicas en Navarra".

Además, "no se ha primado el acceso a emisoras sin licencia y/o oferta distinta a la existente" y tampoco "se ha garantizado la difusión de contenidos locales y regionales, ya que las cadenas que copan la mayoría de las licencias emiten una programación radiofónica para todo el Estado, con breves desconexiones provinciales que limitan hasta la eliminación el uso del euskera".

Zeroa Multimedia denuncia, asimismo, que en la Memoria Explicativa del concurso se plasmó "explícitamente" que la finalidad de las bases y los criterios de valoración era penalizar a las emisoras con licencia en las zonas de servicio a las que concurrieran. Sin embargo, se le conceden tres licencias "precisamente en las localidades donde menos concurrencia ha existido". El acto contrario a la mala fe es "total", porque "la acumulación de licencias está penalizada por los criterios de valoración"; y porque "se pretende ubicar a las que menos implantación en la zona de servicio para satisfacer la pluralidad del dial".

La editora de DIARIO DE NOTICIAS también cuestiona el resultado del concurso invocando el "deber de evitar una incertidumbre legal, producto de una anulación judicial de la nueva adjudicación de licencias radiofónicas" y destaca que no se pueden obviar las recientes sentencias del Tribunal Supremo que decretan la nulidad de las licencias de comunicación audiovisual televisiva en TDT repartidas en Valencia, Canarias y Galicia. "Incluso en la propia Comunidad Foral, el Tribunal Superior de Justicia se ha pronunciado en contra de las adjudicaciones del Ejecutivo", recuerda.

Fuente: Diario de Noticias

martes, 5 de marzo de 2013

Un recurso mantiene impugnado ante el TSJN el concurso de emisoras de FM

El recurso de un ciudadano particular mantiene impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) el concurso para la adjudicación de 44 licencias de FM, cuyos polémicos resultados fueron dados a conocer la semana pasada por el Gobierno de Navarra, con la enésima exclusión de Euskalerria Irratia. La impugnación, sobre la que se debe pronunciar la Sala de lo Contencioso-Administrativo, se dirige contra las bases de la convocatoria e incide en la escasa valoración otorgada al euskera y a la inclusión de criterios que primaban a las cadenas de implantación estatal y autonómica, frente a las emisoras locales.

El mismo ciudadano particular, que figuraba entre los licitadores a las licencias convocadas por el Ejecutivo foral, pero que finalmente no aportó la documentación pertinente por lo que fue apartado del concurso, también mantiene impugnado en el TSJN el Decreto Foral 5/2012, de 25 de enero, sobre Servicios de Comunicación Audiovisual en la Comunidad Foral de Navarra, marco normativo sobre el que se diseñó la convocatoria que fue resuelta la semana pasada.

En lo que respecta al contenido de los pliegos del concurso, que ha otorgado las principales licencias en juego a la Ser, Cope y Onda Cero, el recurrente ataca en primer lugar la "invasión" de la competencia estatal con "infracción del artículo 149.1.21ª de la CE", por parte del Gobierno de Navarra y alega "discriminación" en los criterios de valoración relacionados con producción propia y puestos de trabajo a adscribir a la emisora.

arbitrariedad Además de argumentar "arbitrariedad" por no existir en las bases fórmula para puntuar diversos criterios valorados por la Mesa de Valoración, a juicio del recurrente también se introdujeron en los pliegos criterios que benefician a las cadenas de implantación estatal y autonómica sobre las emisoras locales, y se determinó un concepto de zona de servicio "contrario al regulado en el artículo 3 del Plan Técnico Nacional de la Radio FM".

Asimismo, la impugnación se fundamente en la "ausencia de concreción" entre el contenido de la cooficialidad del euskera en los términos legales reconocidos y las bases del concurso y se refiere a la "grave infracción" de la garantía lingüística y cultural reconocida en la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), y Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre. Igualmente, pone de manifiesto la ausencia de informe del Instituto Navarro del Vascuence en el ámbito de sus competencias.

Según el demandante, las bases del concurso son "absolutamente incompatibles" con la Tecnología Digital de la radiodifusión y con el Principio de Neutralidad Tecnológica y apunta otros defectos formales que, a su juicio, invalidarían la convocatoria, como que algunos apartados supongan "una reproducción automática de diferentes textos legales"; falta de indicación del procedimiento seguido para la composición y regulación de la Mesa de Valoración; falta de indicación del régimen jurídico aplicable a las actuaciones de los miembros de la Mesa de Valoración; e "incumplimiento del ordenamiento jurídico (Ley 7/2010 y Decreto 5/2012) en cuanto a la no inclusión de previsión reguladora para las radios comunitarias".

Fuente: Diario de Noticias