sábado, 31 de diciembre de 2011

Canal Sur y Televisión de Galicia llegan a un acuerdo para la gestión de la publicidad

A partir del próximo 1 de enero de 2012 FORTA añade a su portfolio la comercialización de la publicidad de ámbito nacional de Canal Sur y Televisión de Galicia, incrementando de esta manera su participación en el mercado publicitario
Tanto la televisión autonómica andaluza como la gallega continúan con sus magníficos resultados de audiencias, algo que les ha convertido en indispensables en cualquiera de las planificaciones que se lleven a cabo en nuestro país.
Canal Sur y Televisión de Galicia se presentan como líderes absolutos en audiencia publicitaria en todas las franjas y targets, lo que sitúa a la cadena andaluza como la primera opción en su comunidad y la sexta a nivel nacional. Por todo ello, ambas televisiones son consideradas como referentes gracias a su oferta de informativos, su cercanía y proximidad con los temas de interés y la calidad en sus contenidos.
Con este acuerdo, FORTA ofrecerá al mercado un amplio abanico de posibilidades publicitarias en las cadenas líderes de Andalucía y Galicia. Cabe destacar que FORTA cuenta con una dilatada experiencia dentro del ámbito de la comercialización publicitaria en televisión, ofreciendo excelentes resultados a través de su oferta nacional comercial tanto a los anunciantes, como agencias, mercado y medios a los que representa.
FORTA con estas incorporaciones podrá contar dentro de su oferta con dos de las comunidades de mayor interés comercial, además de representar el 25% de la población de Península y Baleares según Kantar Media (10.506.131 ind+4). Esto supondrá un beneficio para los anunciantes, ya qué podrán acercar su marca a una audiencia de calidad.
FORTA Comercial asume el reto de impulsar y potenciar el posicionamiento de las marcas en el público y la sociedad de estas comunidades

Fuente: RTVA

Diez & Romeo analiza el nuevo Decreto Audiovisual de Navarra

Tras la declaración en el Parlamento de Navarra del Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales de añadir 44 nuevas licencias de radio FM y la publicación del proyecto de Decreto Foral de Comunicación audiovisual, el régimen legal navarro está a punto de dar un cambio global.

Adecuación a la legislación nacida en 2010
El nuevo Decreto Foral de Navarra que reglamentará las acciones de los medios de comunicación fija sus principios básicos en los cimientos de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. Tendencia hacia la liberalización del sector audiovisual: (i) el servicio público esencial de radiodifusión sonora y televisiva para a ser un servicio de interés general prestado en régimen de libre competencia; (ii) los títulos habilitantes pasan de denominarse concesiones a licencias audiovisuales; (iii) la Ley de Contratos Públicos deja de ser aplicable; y (iv) se inicia una flexibilización de la transmisibilidad de las licencias.

Los concursos públicos de Radio y TDT
El régimen de autorizaciones para ejercer la actividad audiovisual  se simplifica en 2 supuestos: (i) la comunicación previa, que se verifica con la remisión de una notificación del prestador a la autoridad audiovisual; y (ii) las licencias audiovisuales, que se obtienen por las TDT y Radios que emiten usando el espectro radioeléctrico, tras pasar por un concurso público convocado al efecto.
En los próximos concursos que se convoquen en Navarra al amparo de la nueva legislación, los licitadores deberán presentar dos Sobres:
Sobre nº 1 que contendrá la documentación administrativa. Es decir, la documentación acreditativa de la personalidad jurídica del solicitante y de su aptitud para ser titular de una licencia, conforme a los requisitos y prohibiciones que establece la legislación vigente
Sobre nº 2, donde de aporta el proyecto de radio o TDT. Es decir,  la oferta técnica en el que se incluirán los méritos que se pretenden hacer valer en el concurso, acompañada de los documentos que lo atestigüen.
El proyecto de Decreto Foral Audiovisual de Navarra avanza, en su artículo 12, los criterios de valoración de la Mesa que estudiará las ofertas que se presenten. Estos serán:
1.- Los detalles de la Programación
2.- Viabilidad técnica (alta y baja frecuencia)
3.- Viabilidad económica y fomento del empleo
4.- Compromiso de no transmitir la licencia durante más de 2 años
5.- Porcentaje de emisión en euskera

Un licenciado en Derecho en la valoración de los proyectos
Al igual que en la mayoría de las bases de los concursos de TDT y radio FM, la Mesa que valorará los proyectos de emisoras estará compuesta de 5 miembros. Entre ellos, se deberá integrar un Letrado experto debido a la alta carga jurídica que tienen estos procedimientos. El artículo 14 del Decreto así lo establece:

La Mesa estará formada, como mínimo, por cinco miembros nombrados por el titular del Departamento competente en materia de servicios de comunicación audiovisual. Necesariamente formarán parte de la misma un Interventor y un Licenciado en Derecho que ocupe plaza para la que se exija dicha titulación.

En las reglas de funcionamiento sobre la baremación, se permitirá que la Mesa de valoración sea asistida de asesores externos, los cuales tendrán voz pero no voto en las reuniones.

Nuevo régimen sancionador
La propuesta normativa del Gobierno de Navarra determina en el quinto capítulo un nuevo régimen sancionador conforme con el establecido por la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual. Los artículos 36, 37 y 38 del Decreto dan buena cuenta de ello.
De verdadera importancia es el sometimiento del expediente sancionador al principio de legalidad. Toda sanción que se pretenda imponer deberá estar precedida de un proceso administrativo ajustado a la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Del mismo modo, se fijan los Órganos competentes para la imposición de sanciones. Las sanciones por infracciones muy graves serán impuestas por el titular del Departamento competente en materia de servicios audiovisuales. Y las sanciones por infracciones graves y leves serán impuestas por el Director General competente en materia de servicios audiovisuales.

Generalidades
Las licencias que se otorguen conforme a las pautas reseñadas tendrán una vigencia de quince años, y se renovarán automáticamente por el mismo plazo siempre que se satisfagan las condiciones exigidas para ser titular de ella. Cualquier negocio jurídico que se quiera realizar con una licencia, de entre los que permite la normativa básica, deberá contar con autorización previa del Gobierno de Navarra y estará sujeta al pago de las tasas que se determinen.

Tambien ver: http://www.diezromeo.com/es/media_press/notas_de_prensa/pistoletazo-de-salida-para-el-concurso-de-44-licencias-de-radio-fm-en-la

viernes, 30 de diciembre de 2011

El Departamento de Justicia de los EEUU anuncia que Deutsche Telekom y Magyar Telekom pagarán a Estados Unidos 95 millones de dólares

Una de las investigaciones la llevaba a cabo el Departamento de Justicia bajo la ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA por sus siglas en inglés) y se relacionaba con las actividades de Magyar Telekom y sus subsidiarias en Macedonia y Montenegro.
Deutsche Telekom es la socia mayoritaria en la firma húngara, acusada por el Departamento de Justicia de sobornos y manejo ilegal de los libros de contabilidad y de los registros.

En un comunicado, el Departamento de Justicia indicó que a comienzos de 2005, el gobierno de Macedonia inició la liberalización del mercado de telecomunicaciones "en una forma que Magyar Telekom consideró en detrimento de su subsidiaria Makedonski Telekommunicacii AD Skopje".
"Los ejecutivos de Magyar Telekom, con la ayuda de intermediarios griegos, cabildearon con funcionarios macedonios para impedir la aplicación de las nuevas leyes y regulaciones de telecomunicaciones", según la nota.

Finalmente Magyar Telekom logró un acuerdo secreto con ciertos funcionarios de alto rango en el gobierno de Macedonia que demoró el otorgamiento de una tercera licencia para telefonía móvil en el mercado macedonio, según el gobierno de EEUU.
"Para asegurar los beneficios del protocolo de cooperación los ejecutivos de Magyar Telekom pagaron, mediante consultores, intermediarios y otros, unos 6 millones de dólares a sabiendas de que todo o parte de tal pago llegaría a funcionarios macedonios", añadió.

Por su parte la Comisión de Valores estadounidense, conocida por su sigla en inglés SEC, anunció cargos contra Magyar Telekom y Deutsche Telekom, y tres exdirectivos de la firma húngara, ante un tribunal federal en Nueva York.
Magyar Telecom aceptó el pago de 64 millones de dólares para resolver la investigación del Departamento de Justicia, y 31 millones de dólares para resolver la de la SEC, según el gobierno.

Fuente: Expansión

jueves, 29 de diciembre de 2011

Las radios y televisiones de Euskadi tienen 3 meses para inscribirse en el nuevo Registro de Prestadores


El pasado 23 de noviembre, entró en vigor el Decreto 231/2011 sobre la Comunicación Audiovisual en el País Vasco, cuyo objetivo es adecuar la legislación de Euskadi al nuevo régimen jurídico resultante tras la promulgación, en marzo de 2010, de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA).
Uno de los aspectos fundamentales que regula el texto es el Registro de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual de Euskadi, donde se inscribirán todas emisoras de radio y televisión que operen en el País Vasco. Concretamente el Capítulo V del texto legal da buena cuenta de ello integrando su régimen jurídico en los artículos que van del 22 al 29 ambos inclusive.

I.- Tres meses tienen las actuales adjudicatarias para inscribirse en el nuevo Registro, tras la supresión del Registro de Empresas Radiodifusoras del País Vasco

Con el Decreto 231/2011, se suprimió el Registro de Empresas Radiodifusoras del País Vasco donde figuraban inscritas todas las TDT y emisoras de radio FM con título habilitante en Euskadi. Por ello, en el régimen transitorio la norma concede un plazo de 3 meses a las emisoras de radio y televisión para que se practique la inscripción en el nuevo Registro. El plazo finaliza el próximo 23 de febrero de 2012, por lo que se deberá de preparar la documentación que el Gobierno Vasco requiera.
La relevancia del Registro de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual de Euskadi es vital para las TDT y las radios FM ya que una vez obtengan las licencias correspondientes deberán inscribir todas las situaciones jurídicas significativas en el sector de la comunicación social.
II.- Organización del Registro
El Registro se estructura en 3 libros: (i) Radios por ondas; (ii) televisiones por ondas; y (iii) medios sujetos a comunicación previa (operadores de cable, etc…);  y cada libro tiene tres secciones: comerciales, públicas, y sin ánimo de lucro. Con lo cual quedaría así:
Libro de prestadores de comunicación radiofónica. Radios
            1.- Comerciales
            2.- Públicas
            3.- Comunitarias sin ánimo de lucro
Libro de prestadores de comunicación audiovisual televisiva. Televisiones
            1.- Comerciales
            2.- Públicas
            3.- Comunitarias sin ánimo de lucro
Libro de prestadores de comunicación sujetos a comunicación previa
            1.- Comerciales
            2.- Públicas
            3.- Comunitarias sin ánimo de lucro
III.- Datos que han de inscribirse
El nuevo Registro tiene también como función controlar la concentración de medios, por eso se exige que se identifiquen a todos los que tengan participaciones significativas en empresas audiovisuales. Aun así, los datos obligatorios a inscribir del medio son:
1.- Nombre de la empresa, CIF, domicilio a efectos de notificaciones
2.- Nombre comercial del medio
3.-  Nombre y apellidos del director de la emisora o televisión
Para los prestadores de comunicación audiovisual por ondas terrestres (radios y TDT) también habrán de inscribirse los siguientes datos:
1.- Características técnicas de la adjudicación
2.- Las particularidades de la programación
3.- El otorgamiento de la licencia
4.- La renovación si se produjera
5.- La extinción de las licencias
Los cableros, sin embargo, no han de facilitar tanta información, ya que con (i) la tecnología empleada para la difusión; (ii) la identificador del operador que presta el servicio de difusión, y (iii) la programación, es suficiente para satisfacer los requisitos legales.
IV.- La necesidad de un procedimiento
Todo comienza con la primera inscripción que se practicara de oficio por el Registro. Por ejemplo con la obtención de la licencia en el próximo concurso.
Después, cualquier inscripción adicional deberá realizarse por solicitud de la emisora interesada. Y tendrá un plazo de 1 mes desde que se produzca la situación que motiva la inscripción en el Registro. No obstante, si el acto es emanado por el Gobierno Vasco la inscripción deberá ser automática. También se practicará de oficio si se incumple el deber de inscribir por el prestador.
V.- Registro público
Los datos inscritos en el registro de prestadores serán públicos, de este modo se facilitará el derecho de acceso dentro de los límites que la legislación de protección de datos establece. Así, con el acceso al público, el Registro cumple el principio de transparencia que se precisa en toda administración pública

Nueve de cada diez internautas españoles utiliza redes sociales y se implican cada vez más en proteger su privacidad


Los usuarios de redes sociales ya son un 90% del total de los internautas españoles. Son ciudadanos conscientes de la seguridad y protegen su privacidad a la hora de determinar quién puede acceder a la información que publican en sus perfiles, según las conclusiones del “Estudio sobre la seguridad de la información y la e-confianza de los hogares españoles” publicado por INTECO.
Según este estudio, elaborado por el Observatorio de la Seguridad de la Información, sólo un 10,5% de los internautas españoles tiene configurado su perfil de forma totalmente abierta, permitiendo que su información personal sea vista por cualquier otro usuario de la red social. En 2008, este mismo indicador era del 43%, lo que permite poner en valor la evolución positiva en estos años.
La falta de privacidad y de intimidad, así como las suplantaciones de identidad son los aspectos negativos que caracterizan a las redes sociales. En el caso de los menores, para los que estas redes son muy populares, preocupa que su desconocimiento y buena fe pueda ser aprovechada para abusar de su confianza.
De forma correlativa al éxito de las redes sociales en nuestro país, observamos cómo éstas se están convirtiendo de un atractivo objetivo para los delincuentes, aprovechando el intercambio de información (datos personales, enlaces, ficheros…) y utilizando técnicas de ingeniería social (engaños) y ataques basados en código malicioso (malware). Los atacantes roban las credenciales personales de usuarios para poder enviar desde esas cuentas malware a los contactos, y hacer pensar a las víctimas que estos archivos provienen de un usuario confiable.
En este sentido, según los datos de este Estudio, un 5,6% de usuarios declara haber sido víctima de suplantación de identidad en el segundo cuatrimestre de 2011.

Incidencias de seguridad
Entre las incidencias de seguridad en hogares de nuestro país, aún más frecuente es el alojamiento de código malicioso en los ordenadores domésticos.
Según los datos obtenidos en agosto de 2011 por las auditorías remotas de seguridad realizadas en los equipos, 1 de cada 3 ordenadores domésticos contenía algún tipo de malware activo de riesgo alto, siendo los troyanos la categoría más frecuente (47,4%) que alojan. Este tipo de malware, entre otras cosas, permite obtener información sensible de los usuarios (contraseñas, datos bancarios, etc.) que luego es explotada económicamente. Por ello los esfuerzos de los atacantes van dirigidos a diseminar este tipo de código malicioso, siendo las redes sociales, el correo electrónico y las redes de intercambio de archivos (P2P) sus principales escenarios.

Uso de herramientas de seguridad
La herramienta más utilizada en la actualidad es el antivirus, con un 92,2% de adopción declarada. Sin embargo, desde INTECO se recuerda una vez más que la protección contra el malware no debe limitarse al uso del antivirus. Para estar protegido, no se trata solo del número de herramientas usadas, sino de cómo son utilizadas. El desconocimiento de la existencia de herramientas de seguridad, seguido de la percepción de que no son necesarias, son los principales motivos para no instalar las herramientas. Es decir, hay una parte de la ciudadanía que experimenta una carencia objetiva de seguridad, pero que no es consciente de tener una necesidad.
Por otro lado, las herramientas son necesarias pero no son suficientes. Por ello, son cruciales buenas prácticas como instalar actualizaciones periódicas de los programas y el sistema operativo, la utilización de los sistemas como usuario con permisos reducidos y unos hábitos de uso prudentes y responsables.
En cualquier caso, los internautas se protegen en mayor medida con herramientas automáticas que con hábitos no automatizables. Los hábitos y herramientas no automatizables requieren de una constancia, conocimiento y disciplina a la hora de usarlas adecuadamente.
La actualización de los antivirus (79,2%) y del sistema operativo (76,5%) seguidos de la instalación de cortafuegos (76,2%) son las medidas más utilizadas.
En esta 16ª oleada del Estudio se ha introducido en el cuestionario el análisis de nuevas herramientas. El objetivo es dibujar de manera precisa el estado de seguridad de los equipos domésticos en los hogares panelizados. Así, un 47,5% de los usuarios dice utilizar programas de bloqueo de banners o publicidad online, plugins para el navegador, que detectan y evitan que se muestre la publicidad de las páginas web.
En ocasiones, un bajo o moderado nivel de uso actual se ve compensado con una elevada intención de incorporación a corto plazo. Por ejemplo, además del 35,4% que ya los usa, un 27,5% de los usuarios con hijos menores que se conectan a Internet tiene previsto utilizar programas de control parental en los próximos tres meses.

Incidencias en hogares con menores que se conectan a Internet
En el 27,7% de los hogares participantes en el Estudio vive un menor de hasta 16 años que utiliza Internet. El 8,7% de los padres encuestados indican que sus hijos han sido objeto de burlas, insultos o amenazas a través de Internet, lo que se denomina ciberbullying o acoso entre iguales a través de medios tecnológicos. En su vertiente activa (en este caso, es el menor quien lleva a cabo el acoso a otro niño) el porcentaje llega al 4,6%.
Otro riesgo al que se enfrentan los menores es el acceso a contenidos de carácter inapropiado para la edad del menor. Ya sean contenidos violentos (8%) o lesivos para la salud (relacionados con la anorexia y la bulimia, por ejemplo, declarado por un 4,5% de los panelistas), se trata de contenidos que pueden no estar adaptados a la madurez del menor.

La justicia condena al Gobierno de Cantabria por rescindir la concesión de la implantación de la TDT a ASTRA


El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Santander ha condenado al Gobierno de Cantabria a pagar 3,5 millones de euros a la empresa ASTRA por la resolución unilateral del contrato de la Televisión Digital Terrestre (TDT). La sentencia estima parcialmente la demanda de ASTRA: (i) reconoce daños y prejuicios y (ii)  ordena al Gobierno a que devuelva a ASTRA el aval que depositó en su día de 500.000 euros. La decisión, que no es firme, reconoce que el contrato se rescindió de forma unilateral por parte del Gobierno, y que este fue "desparecienco progresivamente" para no ejecutarlo.

En el juicio celebrado los pasados días 13 y 14 de diciembre, ASTRA solicitó que se condenara al Gobierno de Cantabria a pagar 21,9 millones de euros por los gastos derivados de la puesta en marcha del proyecto y por la pérdida de ganancias. Y también pidió que se le devolvieran los 500.000 euros del aval que depositó para el concurso.

Frente a esto, la representación del Gobierno cántabro ofreció a ASTRA el pago de 681.000 euros por la pérdida de ganancias durante el primer año del servicio, así como de los gastos incurridos, aunque sin concretar una cifra. Y señaló que siempre ha estado dispuesto a devolver el aval.

ASTRA demandó al Gobierno de Cantabria por haber roto el contrato por el que se le adjudicó la redifusión vía satélite de los canales de televisión digital terrestre (TDT) para toda la región. La sociedad regional IDICAN decidió rescindir el contrato porque meses después de esa adjudicación, el Estado comenzó a impulsar una serie de medidas para la universalización de la recepción de la televisión digital en todo el territorio español, que no tenían coste alguno para las comunidades autónomas.

 El origen: un concurso público

Los hechos se remontan a marzo de 2008 cuando el Gobierno de Cantabria adjudicó a la empresa ASTRA, la implantación de la TDT por importe de 4,5 millones de euros. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, la Consejería de Industria rescindió el contrato después de que la Administración General del Estado acordara implantar en todo el territorio nacional los servicios de televisión digital.

En febrero de 2008 se convocó el concurso para la universalización de la televisión digital en Cantabria, que incluía también servicios de Internet de banda ancha. A él concurrieron aparte de ASTRA, Telecom Castilla La Mancha; Abertis Telecom y la UTE Telefónica Servicios Audiovisuales y Sermafas Telecomunicaciones.

ASTRA, adjudicataria por presentar la mejor oferta, había decidido construir una cabecera de satélite en el Parque Empresarial Besaya (Reocín), desde donde captaría la señal de la TDT para enviarla al satélite. Por lo que se refiere a Internet, SES ASTRA tenía previsto desarrollar servicios de banda ancha que permitirían el acceso, en condiciones de gratuidad, con 46 Megahertzios y con unas capacidades similares a la conexión por ADSL, que se podrían prestar en lugares públicos o a empresas. La oferta de la empresa planteaba un coste máximo de 235 euros para el equipamiento básico (antena y decodificador) y para compensarlo, el Gobierno proyectó una línea de subvenciones para usuarios de zona de sombra y en función de los niveles de renta.

A la publicación del concurso público, el entonces consejero Javier del Olmo defendió que la iniciativa se «observaba» desde otras instituciones españolas y europeas, al ser Cantabria la primera comunidad que recurría a la transmisión de la señal digital a través del satélite y no mediante los tradicionales repetidores terrestres.

Sin embargo, hubo un cambio de planes y el Ejecutivo justificó la rescisión en que el Gobierno de España tomó la decisión de impulsar las medidas adecuadas para hacer posible la universalización del acceso a la TDT, sin costo alguno del servicio, ni para las comunidades autónomas ni para los propios usuarios.

 El procedimiento judicial

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Santander entiende que IDICAN, que depende del Gobierno de Cantabria, canceló el contrato de forma unilateral, sin se hubieran producido ninguna de las causas que estaban recogidas como causa de resolución.
Sin embargo, el titular del Juzgado rebaja la cantidad de casi 22 millones que demandaba Astra a 3,5 millones porque entiende que esa reclamación debe ceñirse estrictamente al periodo de un año y tres meses de duración del contrato que firmaron esta compañía e Idican. La diferencia entre los 22 millones y los 3,5 que impone este fallo se debe a que Astra incluía en su petición de indemnización el alquiler de la capacidad satelital durante un plazo de diez años.

En este punto, el juez se aparta de la declaración de los peritos judiciales, que en la vista señalaron que la mayoría de contratos como éste que suscribieron Astra e Idican son por periodos largos de tiempo, y superan generalmente los siete años. Pero la sentencia puntualiza que el contrato se firmó tan sólo por un año (y los tres meses para la implementación de los trabajos), y ése es el periodo que tiene en cuenta el juez para fijar la indemnización por lucro cesante.

El fallo destaca así que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dentro del lucro cesante no se pueden incluir los "sueños de fortuna" de las partes, sino "las ganancias que probadamente se hubieran producido" de no mediar el incumplimiento.

La razón para ASTRA
En los fundamentos de derecho, la sentencia establece que "no puede apreciarse la existencia de un incumplimiento evidente" del contrato por parte de ASTRA que pudiera justificar su rescisión unilateral y "no existían en el contrato elementos que hicieran sospechar que no se pudiera llevar a cabo el despliegue de los solución en los plazos establecidos". Al mismo tiempo, el fallo estaca que si bien ASTRA daba todos los pasos necesarios para la ejecución del contrato, Idican "va desapareciendo progresivamente como actor interesado en dicha ejecución".
Como ejemplo cita que ASTRA presentó el Plan de Seguridad y Salud necesario para la torre y la estación terrena del equipo, y el Gobierno no se lo quiso aprobar. "El posible retraso de las obras no se debía a la falta de diligencia de la actora, sino de la parte demandada".

Tampoco admite el juez los argumentos del Gobierno en el sentido de que algunos operadores no querían difundir su señal a través del satélite de ASTRA, ya que esta oposición se conocía antes de firmarse el contrato y aun así se rubricó. A su juicio "de ninguna manera se puede considerar que se ha producido la resolución (rescisión del contrato) por falta de incumplimiento de la actora (Astra) de sus obligaciones". Es más, indica que en algunas de las comunicaciones de Idican con la empresa ya se establecía que la verdadera razón era que el Estado iba a instalara la TDT en todo el territorio, sin ningún coste para las comunidades.

La resolución judicial también rechaza el argumento del Gobierno de que la causa del contrato con ASTRA había desparecido, al hacerse cargo el Estado de toda la instalación de la TDT. En este sentido, asegura que ambas soluciones (la del Estado y la contratada con Astra) no eran incompatibles, aunque desde el punto de vista económico no fuera adecuada su coexistencia en un mismo territorio. 

Fuente: El Diario Montañés