jueves, 14 de diciembre de 2017

Díez & Romeo Abogados, Águilas Caza Drones

Águilas Cazadrones


Díez & Romeo Abogados, propone esta noticia Águilas Caza-drones.
Pues parece que la policía holandesa se precipitó un poco y hoy lo están admitiendoentrenar águilas para derribar drones es costoso, inútil y no resultó como se esperaba. Por lo anterior han decidido cerrar el programa que fue anunciado con bombo y platillo a inicios de 2016.
Después de un año de operación y la adquisición de cuatro águilas marinas, la policía holandesa trasladará a la aves a un refugio en lo que encuentran un nuevo hogar, ya que al final el entrenamiento resultó ser extremadamente complicado, tanto así que las águilas no obedecían las órdenes y además, no había tantos drones para cazar.

Al final nadie pensó que fuera una buena idea

Desde que se dio a conocer el proyecto, la mayoría de las voces estaban en contra al tratarse de un riesgo para el ave, además de que no había pruebas de que el entrenamiento propuesto funcionara de forma correcta. Hoy nos damos cuenta que los detractores tenían razón.
Los principales problemas a los que se enfrentó la policía holandesa, además de la desobediencia, fueron los elevados costes de crianza y entrenamiento, lo cual representaba casi el 40% del total del presupuesto anual del departamento de policía.
Desde un inicio se sabía que los costes serían elevados, ya que se necesitaba contratar gente especializada para el cuidado de las águilas y una zona donde pudieran vivir, además de los entrenadores y las pruebas en campo. A pesar de esto, Holanda creyó que sería un costo menor ante la amenaza que significaba tener drones terroristas o espías, algo que al final tampoco terminó de popularizarse para ser considerada una amenaza.
Lo curioso de esto es que Holanda no fue el único país en apostar por las águilas caza drones, ya que también Reino Unido, Australia y Estados Unidos contrataron entrenadores para combatir la "creciente amenaza de los drones". A día de hoy se desconoce el estatus de cada uno de estos programas, salvo ahora mismo el caso de Holanda.
Pero las águilas no eran el único animal entrenado para tareas policiacas, ya que hoy también se está dando a conocer que la misma policía holandesa estaba entrenando ratas para olfatear cigarrillos falsos, restos humanos y fuegos artificiales ilegales. Pues este programa tampoco funcionó y por ello han decidido cerrarlo antes de hacerlo público.
Fuente:https://www.xataka.com/drones/recuerdan-las-aguilas-caza-drones-pues-la-policia-holandesa-ha-decidido-retirarlas-porque-no-obedecen

jueves, 16 de noviembre de 2017

Díez & Romeo. Vuelo de Drones Puerto de Gijón. Abierta Convocatoria

Díez & Romeo. Legal Drones. 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMERCIAL DE VUELO DE DRONES EN EL PUERTO DE GIJÓN

Díez & Romeo Abogados, presta el servicio legal para obtener la Autorización a los operadores para efectuar vuelos de drones en y sobre la Zona de Servicio del Puerto de Gijón, empleando un dron o artefacto volador generalmente de reducidas dimensiones y controlado por un piloto de forma remota.

 Las actividades comprendidas son el sobrevuelo de la Zona de Servicio del Puerto con el fin de captar imágenes y/o datos con los fines u objetivos (comerciales, técnicos, etc.) que se indican seguidamente.

Los fines u objetivos de los vuelos de los drones sobre el dominio público portuario objeto de autorización serán: ´

1.-Trabajos de inspección de instalaciones.
2.- Captación de imágenes de operaciones portuarias con objeto de elaborar dosieres comerciales.
3.- Estudios de mejora de la propia operativa portuaria.
4.- Inspecciones de seguridad.
5.- estudios volumétricos y topográficos.
6.- Otros trabajos y actividades análogas a las anteriores, siempre que se encuentren vinculadas con actividades y/o instalaciones previamente autorizadas en la zona de servicio del puerto.

Las Autorizaciones se otorgarán por un plazo de tres (3) años. Una vez transcurrido el plazo indicado, la autorización quedará automáticamente extinguida.

Más informacion en: info@diezromeo.com

www.diezromeo.com




lunes, 30 de octubre de 2017

Como conocer la nueva regulación de Protección de Datos

Como conocer la nueva regulación de Protección de Datos


Los abogados Jaime Rodriguez Díez y Paula Romeo de Díez y Romeo Abogados, presentan Infografía de" Como conocer el nuevo Reglamento de Protección de Datos"

jueves, 24 de agosto de 2017

Nuevo concurso FM Navarra: Breves notas

Tras la anulación del concurso anterior, el Boletín Oficial de Navarra ha publicado este miércoles la Orden Foral 31/2017, de 7 de agosto, por la que se convoca un concurso público para la adjudicación de las 3 licencias sin asignación disponibles en la Comunidad foral (la primera en Pamplona y las otras dos en Burguete).

En efecto, el concurso se hacía necesario al quedar varias licencias desiertas  tras la resolución de los concursos precedentes de 1997 (se resolvió finalmente en enero de 2016 y declaró desierta la primera de las licencias) y 2012 (resuelto un año más tarde y en las que quedaron desiertas las licencias de Burguete), y a la vista de la relación de emisoras de FM que el Gobierno central tiene autorizadas para Navarra en el vigente plan técnico de radiodifusión, de 2006.

Como principal novedad, el Gobierno de Navarra ha decidido que la frecuencia 105.6 Mhz de Pamplona sea reservada para su explotación como servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro, "primera ocasión en la que en el dial navarro se detrae de un concurso una licencia para su explotación no comercial". Las otras dos licencias, abiertas a todo tipo de propuesta de explotación, se corresponden con el dial 93.2 MHz y 97.9 Mhz de la localidad de Burguete.

Las emisoras comunitarias sin ánimo de lucro, son una figura recogida en la normativa básica audiovisual y la reglamentación foral y permite que las entidades privadas que tengan la consideración legal de entidades sin ánimo de lucro puedan prestar servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo.

La Orden Foral 31/2017 de convocatoria del concurso justifica la reserva para este tipo de emisoras acordada para la capital navarra "porque su dial radiofónico cuenta con una oferta generosa que da cabida a todas las emisoras de titularidad pública que pueden emitir en Navarra (las del ente público RTVE); las emisoras generalistas y musicales de las tres cadenas privadas y comerciales de mayor audiencia en España (Ser, Cope y Onda Cero); y desde diciembre de 2015 también ha incorporado a su dial la única emisora local que emite íntegramente en euskera, Euskalerria Irratia". "Sin embargo, no se atiende la demanda de abrir el dial radiofónico pamplonés a emisoras comunitarias sin ánimo de lucro".

Rigurosidad en el cumplimiento de la oferta.-

Además de la citada reserva para emisoras comunitarias, el concurso convocado este miércoles y para el que los licitadores tendrán plazo de presentación hasta el 29 de septiembre, inclusive, introduce otras mejoras respecto de los anteriores concursos de radios del Ejecutivo foral, que datan de 1997 y 2012.

Respecto de la composición de la mesa de valoración, por vez primera también, pasará a estar integrada solo por personal funcionario de la Administración navarra, sin presencia en ese órgano evaluador de personal eventual de libre designación, como ha venido ocurriendo hasta la fecha.

También es novedad que se establezca como nueva obligación el plazo de seis meses para la puesta en marcha del proyecto radiofónico de quienes obtengan licencia en este concurso, con el fin de "evitar situaciones de inseguridad jurídica como las derivadas de anteriores concursos a la hora de exigir la reversión de licencias otorgadas que no están siendo objeto de explotación".

Y con ese mismo objetivo, el nuevo concurso, "en una redacción muy clara, amplía las condiciones que tienen la consideración de 'esencial', conforme a la normativa foral audiovisual, y establece su incumplimiento como causa de revocación de licencia".

Producción propia, ajena y emisión en euskera.-

En referencia a la calidad de la programación, el condicionado del concurso otorga mayor protagonismo para la producción propia y los contenidos locales de las emisoras de radio (40% de la puntuación de la oferta). En la valoración de las ofertas se ha duplicado, frente a la convocatoria pública de 2012, la puntuación otorgable a las ofertas en función de los contenidos locales de producción propia que oferten.


Según el Gobierno, el nuevo concurso también "ha adecuado la preceptiva valoración del uso del euskera a la ubicación de las licencias de radio, en este caso zona vascófona (Burguete) y zona mixta (Pamplona): en el primer caso, las ofertas que garanticen un 50% de presencia de esa lengua en sus emisiones recibirán otro 20% de la puntuación total del concurso, mientras que en el caso de Pamplona la máxima puntuación por el fomento del euskera tendrá una valoración de 10 puntos para las ofertas que garanticen un 25% de contenidos en esta lengua cooficial". Además, la valoración no se restringe, como en 2012, a la programación en euskera de producción propia de las radios, sino al total de sus emisiones radiofónicas, ha añadido.

La nueva Ley Audiovisual de Andalucía: Rigurosidad en las sanciones

En plena tramitación del concurso de licencias audiovisuales de la TDT Local, el Consejo de Gobierno ha aprobado el 22 de agosto el proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía. A partir de ahí, el texto será remitido al Parlamento autonómico para su aprobación definitiva que podría ser previsiblemente en septiembre.
La finalidad perseguida es establecer una regulación integral del audiovisual andaluz que es considerado como sector estratégico para la economía, la cohesión social y la proyección cultural de Andalucía.

Aspectos generales.-
Con carácter general el proyecto de ley blinda a las emisoras televisivas y radiofónicas públicas. En este sentido, incorpora medidas para impedir que el servicio público (televisiones y radios públicas) no pueda privatizarse ni externalizarse.
Según la próxima norma legal, se pretende colmar las lagunas de la Ley estatal 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual, y en concreto lo referido a:
• La ampliación de los derechos de los usuarios.
• La protección de los menores.
• la participación de la ciudadanía.
• El control de las emisiones ilegales.
• El endurecimiento del régimen sancionador.
• La regulación de ámbitos hasta ahora sin reconocimiento normativo: las emisiones públicas de universidades y centros docentes.


Contenidos audiovisuales.-
Una de las características es que establece medidas para mejorar el acceso de la ciudadanía a los medios y el adecuado reflejo de la diversidad política, cultural y social de la comunidad. También impone obligaciones concretas a administraciones y los medios para la protección de los menores en sus derechos al honor, la identidad y la imagen, además de garantizar el conocimiento de los contenidos de los servicios de televisión y sus horarios de emisión con una antelación suficiente.
El proyecto de ley audiovisual andaluz aumentará las franjas horarias de protección reforzada vigentes ahora y fijados por la legislación estatal básica. Así, los contenidos calificados como recomendados a menores de 13 años deberán incluirse entre las 7.00 y las 9.00 horas y entre las 17.00 y las 20.00 horas en el caso de días laborables. Se aumenta así en una hora la franja matutina, actualmente situada entre las 8.00 y las 9.00. Además, los contenidos que puedan resultar perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores sólo podrán emitirse en abierto entre las 23.00 y las 6.00 horas (actualmente la franja es 22.00-6.00).
De forma similar, se garantizarán los derechos de las personas con discapacidades auditivas y visuales en cuanto a horas de emisión adaptada.
Las televisiones autonómicas públicas deberán:
• subtitular el 100% de los programas.
• realizar 15 horas diarias y todas las correspondientes a programas informativos con lengua de signos.
• Efectuar 15 horas audiodescritas diarias y todos los informativos.
Las televisiones privadas autonómicas, así como las locales (públicas y privadas) han de garantizar:
• un 75% de subtitulación de la emisión,
• 8 horas diarias y todos los informativos con lengua de signos.
• 8 horas audiodescritas diarias y todos los informativos.

Las limitaciones y sanciones.-
Una de las medidas novedosas en el proyecto de Ley es la prohibición efectiva de emitir publicidad en emisoras sin licencia. Con la nueva ley, los anunciantes, las agencias de publicidad y los terceros que contraten con emisoras televisivas y radiofónicas sin título habilitante serán también responsables administrativamente.
Por otro lado se establece la figura del “colaborador necesario”, con el fin de que los titulares de parcelas y fincas donde se enclavan los centros emisores y los operadores de red de telecomunicaciones permitan el acceso a las instalaciones. Se tipifican nuevas infracciones y sanciones para los casos de incumplimiento de esta colaboración.
Con respecto a las sanciones, se fijan cuantías distintas de las contempladas en la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual. La justificación es “hacerlas más acordes con la realidad y dimensión del sector audiovisual en Andalucía”.
Las sanciones para las infracciones tipificadas como muy graves, entre ellas la emisión sin licencia, oscilarán entre 80.001 y 1.000.000 euros para los servicios de comunicación televisiva, y entre 20.001 y 200.000 para los radiofónicos.
En el caso de las infracciones graves, como incumplir el deber de comunicación previa o alterar los parámetros técnicos de emisión, se podrán imponer sanciones de entre 20.001 y 80.000 euros para las televisiones y de entre 10.001 a 20.000 para las radios. Las multas para infracciones leves de hasta 20.000 y 10.000 euros, respectivamente.
Por otro lado, el régimen sancionador se completa con las sanciones a las personas que actúan como representantes de las emisoras en el caso de que sean personas jurídicas privadas (empresas, etc..).
A los administradores, apoderados, etc…, se les podrá imponer una multa de hasta 5.000 euros en el caso de las infracciones leves, hasta 10.000 euros en el caso de las infracciones graves y hasta 20.000 euros en el caso de las infracciones muy graves.

Esto afecta a los representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión. Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de órganos colegiados de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvado su voto.